Un año y cuatro meses después de que la familia del polémico Víctor Carranza anunciara la devolución de la hacienda El Porvenir al Estado, pues en realidad se trataba de un baldío, los líos por los derechos sobre 34.000 hectáreas de las mejores tierras de Puerto Gaitán, Meta, no terminan.
Decenas de familias que llevaban años trabajando esa tierra, nuevos ocupantes que fueron engañados y recientemente pagaron por una parcela de la finca, y exempleados de Carranza que siguen viviendo allí hacen parte de los que hoy reclaman propiedad y mantienen trabado el proceso de revisión y formalización de un predio que tiene casi la extensión de Medellín y cuyo único propietario es en realidad la Nación.
En abril del año pasado, la familia Carranza, a través de una carta pública, aseguró que, sin orden judicial, había decidido restituir voluntariamente El Porvenir, un baldío que el ‘zar’ de las esmeraldas consiguió a través de compras y ocupaciones irregulares y que explotó durante tres décadas sin autorización.
Allí funcionó una próspera ganadería. El Porvenir, a pesar de su extensión, era apenas una más de las megahaciendas de Carranza en los Llanos Orientales, varias de las cuales eran también baldíos. Una de las más conocidas era La Brasil, en jurisdicción de Mapiripán, Meta, donde los paramilitares que llegaron de Urabá en 1997 y cometieron sangrientas masacres tuvieron durante varios meses su campamento principal.
‘No se vende’Desde que el Estado, a través del liquidado Incoder, recibió en teoría la propiedad, decenas de familias campesinas han sido víctimas de ventas ficticias de parcelas en El Porvenir y también de supuestos asesores que aseguran que pueden lograr que les adjudiquen tierras.
Miguel Samper, director de la nueva Agencia Nacional de Tierras (la entidad que reemplazó al Incoder), nombró como gerente de ese caso a Marcela Orduz, con dos misiones específicas: que los derechos de campesinos que han permanecido en esa enorme área desde hace décadas sean respetados y, además, impedir que los avivatos saquen provecho de un predio que “no se vende, no se permuta y no se alquila”, según Samper.
Con Fuerza Pública a bordo, dijo el funcionario, se evitará que “siga llegando gente convencida y engañada mediante artilugios jurídicos por personas que se han encargado de defraudar al Estado colombiano usurpando sus tierras”.
La Fiscalía ya tiene varios procesos por estos hechos. En las denuncias, además del cobro ilegal por los predios, también se habla de la presencia de hombres de Carranza en la zona y de la existencia de ‘fronteras invisibles’ que amedrentan a las 350 familias (más de 1.000 ocupantes ilegales) del predio.
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