Corte ordena a juzgado entregar grabación de audiencia a periodista

Corte ordena a juzgado entregar grabación de audiencia a periodista

Aseguró que juez vulneró los derechos de un periodista al que le negaron los audios.

Martillo de juez

El periodista presentó una tutela contra el juez que se negó a entregarle los registros de audio de una audiencia pública. 

Foto:

Martín García

Por: Justicia
21 de julio 2020 , 11:17 a.m.

Como es un abogado, docente y periodista digital, Daniel Geovany Neira le pidió el año pasado al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Ibagué, que le entregaran una copia del registro del audio de una audiencia de acusación que se había realizado el 17 de mayo del 2019.

El acusado era el entonces alcalde de Rovira (Tolima), involucrado en un caso de mal uso de recursos públicos.

Al hacer esa solicitud, Neira dijo que su petición tenía fines periodísticos y académicos. Pero el 2 de diciembre el juzgado cuarto penal del circuito de Ibagué le respondió que no le podía enviar los audios porque él no hacía parte del proceso.

También le dijo que aunque la ley exige la publicidad de las audiencias, esta solo debe darse para que las personas puedan entrar a las diligencias judiciales, pero no para obtener las grabaciones.

Por eso Neira presentó una tutela en la que la Corte Suprema de Justicia acaba de darle la razón en que se le violaron sus derechos de petición y acceso a la información.

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La decisión, que se tomó con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casación Penal, establece que el juzgado actuó de forma arbitraria y contraria a la ley, por lo que ordenó entregarle al periodista los audios.

Para la Corte está claro que no existe una limitación legal para entregarle el registro de audio, y que las razones por la que le negaron la información “se basaron únicamente en criterios de autoridad”.

La Corte recuerda que el principio de publicidad de los procesos judiciales tiene dos implicaciones. La primera es interna, pues tiene que ver con que las partes o sujetos procesales (fiscales, defensa, víctimas) tengan información sobre las citaciones a las audiencias y reciban las notificaciones a tiempo para poder prepararse. 

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Pero la segunda implicación es externa, y va dirigida a quienes no hacen parte del proceso, que es la sociedad en general. Esto debe llevar a que las audiencias sean públicas para los medios de comunicación y los interesados. Ese derecho, en todo caso, no es absoluto porque, dice la Corte Suprema, se puede limitar cuando se pone en riesgo al proceso, a testigos, o a las víctimas.

La Corte Suprema recordó que un fin de la publicidad es poder realizar “control social del poder judicial”, que es el único que no es elegido popularmente, pero que también puede ser vigilado por la ciudadanía.

Un fin de la publicidad es poder realizar control social del poder judicial

Así, asegura la Sala Penal, la comunidad y los medios “ejercen un contrapeso que debe prevenir la arbitrariedad y la injusticia, tanto del juez como de los intervinientes en su actuar dentro del proceso penal”.

Con todo esto, la Corte señaló que no sólo son públicas las audiencias sino también sus registros históricos y grabaciones, porque esto va de la mano de la libertad de información.

Esta decisión se suma a la que la Corte Constitucional profirió en marzo pasado, cuando estudió una tutela de un grupo de periodistas precisamente porque no les permitieron entrar a una audiencia. En ese caso, el alto tribunal dijo que la regla es que las audiencias sean públicas y que toda restricción debe justificarse.

JUSTICIA

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