Las demandas contra la ley de financiamiento del presidente Duque

Las demandas contra la ley de financiamiento del presidente Duque

Suma ya 30 demandas que piden tumbar apartados de la norma o incluso la ley completa.

Iván Duque

Con esta ley el presidente Iván Duque dijo que buscaría 19 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto general.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Justicia
01 de agosto 2019 , 09:27 p.m.

Desde que entró en vigencia, hace siete meses, la ley de financiamiento del presidente Iván Duque –con la cual el Gobierno busca hacer cambios en materia tributaria y fiscal–, se convirtió en una de las normas más demandas del país, incluso por encima del Código de Policía al que la Corte Constitucional ya le ha hecho varios ajustes.

En los primeros cinco meses de este año la Corte recibió 223 demandas contra diferentes normas de las cuales 24 (el 10 por ciento) piden tumbar artículos de la ley de financiamiento.

El Código de Policía, por su parte, ha recibido 7 demandas este año.

La ley de financiamiento (la 1943 de 2018), norma con la que  el presidente Iván Duque dijo buscaría 19 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto general de este año y hacer correcciones al sistema tributario, suma 30 demandas ante el alto tribunal desde el año pasado. La última llegó a la Corte hace apenas cuatro días.

EL TIEMPO consultó en las bases de datos de la Corte qué es lo que no les gusta a los colombianos de esa normativa.

Una de las demandas, incluso, pide tumbar toda la ley. Su argumento es que, a su juicio, la norma no está destinada a cubrir un faltante y financiar los gastos, pues sólo permitirá recaudar “alrededor de 7 billones de pesos”. En cambio, asegura el demandante, la norma “se dedicó a rebajarles las tarifas de los impuestos, aún más” a las empresas, así como a beneficiarlas con exenciones tributarias, “haciendo más injusto el sistema tributario”. El demandante afirma que esas exenciones sólo podían hacerse a través de una reforma tributaria, no una ley de financiamiento.

Se dedicó a rebajarles (a empresas) las tarifas de los impuestos, aún más (...) haciendo más injusto el sistema tributario

Otro ciudadano pide tumbar toda la ley porque asegura que no se le dio la suficiente publiciadad ya que, en su aprobación, existió un “vicio de procedimiento” porque cuando los representantes a la Cámara lo votaron el 19 de diciembre del 2018 “desconocían el texto aprobado en el Senado el 18 de diciembre”, aseguró.

Otra de las demandas acumuló las peticiones que hicieron senadores como Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. Robledo y Cepeda aseguran que se debe caer toda la norma porque se violó el principio de consecutividad porque “la Cámara desconoció la regla de los cuatro debates, y omitió estudiar y debatir todos los temas propuestos dentro del trámite legislativo”.

Lo mismo planteó Vargas Lleras, afirmando que una vez se concluyó la votación en la Cámara en el segundo debate, los representantes no podían volver a abrir la votación porque carecían de competencia para ello.

También la demandó el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien pide tumbar el artículo que creó una exención tributaria del IVA a los alcoholes carburantes con los que se hace la gasolina para carros, y que son de origen extranjero. Esto, a juicio de Esguerra, viola el principio de equidad pues les da a los productores extranjeros una exensión aún cuando no se encuentran en las mismas condiciones de los productores nacionales, y tienen una mayor capacidad económica para sufragar el impuesto.

Otra de las normas demandadas es la que estableció que la restricción del crecimiento de gastos de personal no le es aplicable a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, la JEP, Contraloría, Procuraduría y Auditoría. Según el demandante, esa norma que beneficia a esos organismos viola la “unidad de materia” porque si lo que busca la ley es generar un mayor recaudo y alcanzar un equilibrio financiero en el presupuesto nacional, no se entiende cómo algunas entidades sí pueden seguir contratando personal sin limitación alguna.

Asonal Judicial también presentó una demanda en la que pide tumbar el artículo que eliminó un beneficio tributario a los jueces y magistrados del país pues, a su juicio, esto constituye una “reducción salarial”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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