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Demandan ley de ‘amnistía’ a emisoras comunitarias
La emisora de la Tadeo y su lucha de 35 años

Estas cadenas recibieron beneficios en medio de la pandemia. (Foto de referencia)

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Laura Vega. Universidad Jorge Tadeo.

Demandan ley de ‘amnistía’ a emisoras comunitarias

Estas cadenas recibieron beneficios en medio de la pandemia. (Foto de referencia)

Norma de 2020 permite que Fontic asuma deudas por derechos de autor de estos medios de comunicación.

Por la pandemia, el Congreso de la República expidió una ley que fijó condiciones especiales para la normalización de la cartera, por una sola vez, de los concesionarios del servicio de radiodifusión y de televisión comunitaria y que permite un descuento del 100 por ciento de la deuda existente a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic).

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La ley 2066 de 2020 establece además, en su artículo tercero, que por una vez dicho fondo podrá girar a las sociedades de gestión colectiva con aval para funcionario por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los valores que a la fecha de expedición de la Ley adeuden por concepto de derechos de autor y conexos, estas emisoras comunitarias y de interés público, así como los operadores del servicio de televisión comunitaria.

Ese artículo tercero fue demandado por Diego Eduardo López Medina ante la Corte Constitucional señalando que si bien la ley busca favorecer a los operadores de radio y televisión comunitarias con una amnistía por única vez de los intereses a las multas y amonestaciones impuestas en su contra, termina permitiendo que el Estado pague las deudas que tienen particulares con otros, que no eran destinatarios originales de los auxilios económicos de la ley.

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Si el propósito era ayudar a las comunitarias, ¿por qué redirige el pago a otros actores privados?

Eso es así, dice la demanda admitida para estudio por el despacho del magistrado Alejandro Linares, porque se permite al Fontic asumir el pago de las deudas que las emisoras tienen con otros particulares; en este caso, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia.

Durante el trámite en el Congreso, se advirtió de la necesidad de esta norma por las dificultades que tienen 279 emisoras comunitarias y 71 emisoras de interés público para cumplir con las obligaciones con el Estado y con Sayco y Acinpro. La norma fue aprobada sin voto en contra alguno.

Para el demandante, no obstante, este asunto habría sido incluido en la ley sin una mínima explicación acerca de qué fin estatal legítimo justificaba asumir con recursos públicos el pago de ciertas obligaciones privadas, y sin considerar el costo fiscal de dicha medida, pues el análisis de impacto económico del proyecto de ley se habría centrado sólo en las deudas de los operadores comunitarios con el Fontic, que no en otras acreencias a favor de ciertos particulares.

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“Si el propósito era ayudar a las comunitarias, ¿por qué redirige el pago a otros actores privados?”, dijo López Medina quien consideró este asunto como un “mico”: “Se trata de una idea bastante radical e inconstitucional de subsidio a privados que, además, no tenía una conexión real, teleológica o sistemática verificable con las bases iniciales de la política pública identificadas por el Proyecto de ley o por el texto final aprobado”, dijo.

“Como hemos mostrado, una parcial amnistía de deudas públicas (por intereses de multas), se convirtió en una amnistía más generosa de todos los créditos (capital, multas e intereses) que la radio comunitaria tuviera con el Fontic. Pero luego, de manera completamente inopinada e inconexa, en el cuarto debate se incluye una norma que ordena por Ley de la República el traspaso de fondos públicos para pagar a privados deudas de privados”, insistió el demandante.

El recurso señala que con ese artículo, en últimas, fijó una donación del Estado a favor de personas jurídicas de derecho privado y estaría desnaturalizando el objeto del Fontic de promover el acceso universal al servicio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

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Al promulgar esta norma, en diciembre de 2020, el presidente de la República, Iván Duque, y la entonces ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, la destacaron por permitir una amnistía para medios endeudados y en dificultades por la pandemia.

justicia@eltiempo.com

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