¿Por qué exministros de Santos piden prorrogar la ley de víctimas?

¿Por qué exministros de Santos piden prorrogar la ley de víctimas?

Ante la Corte, Cristo dijo que la ley termina el otro año pero aún no ha cumplido sus objetivos. 

Desaparición Forzada

En la foto: Mausoleo en el Cementerio Universal de Medellín que honra la memoria de víctimas de desaparición forzada de esa ciudad.

Foto:

Guillermo Ossa /Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
10 de octubre 2019 , 09:59 a.m.

La Corte Constitucional recibió una demanda con la que se busca ampliar el tiempo de la ley de víctimas, que se creó en el 2011 y se convirtió en una de las políticas clave en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

La vigencia de esta norma termina en junio del 2021, pero muchos de sus objetivos no se han cumplido. Esa fue la razón por la que los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera le pidieron al alto tribunal en una demanda cambiar su vigencia. 

En medio de una audiencia pública en la Corte, el exministro Juan Fernando Cristo, quien demandó uno de los artículos de la ley que establecía su vigencia, aseguró que la ley de víctimas tiene una relación directa con el acuerdo de paz, de allí la importancia de mantenerla. Según Cristo, la ley se debería ampliar hasta el tiempo de vigencia del acuerdo de paz, que va hasta el 2030.

Según Cristo, el tiempo que se planteó en la ley del 2011 no es suficiente para reparar a todas las víctimas del conflicto armado, algo que hace parte del núcleo del acuerdo de paz con las Farc. 

"La extinción de la ley generaría una violación grave de derechos fundamentales. En lugar de fortalecerse y ampliarse la oferta de medidas de reparación, se estaría cesando el accionar de dichos mecanismos, lo que contraría de forma evidente la estructura constitucional que se diseñó para la implementación del acuerdo de paz", dijo Cristo. 

Según el exministro, la ley de víctimas diseñó un sistema completo para la identificación, reparación y restitución de las víctimas del conflicto, lo que permite cumplir parte de lo acordado en La Habana.

También dijo que "esta ley es indispensable" para materializar los actos legislativos del 2017 y 2018, que se crearon a partir del acuerdo de paz. 

Si se acaba el tiempo para la ley de víctimas, asegura Cristo, se acabaría la política públicas más ambiciosa que ha diseñado el Estado "para la reparación de los derechos de las víctimas".

Así, dice Cristo, se acabaría porque se acaban sus 10 años, pero no porque se haya cumplido todavía el objetivo por el que fue creada. 

Mediante la ley de víctimas se han reconocido a 8.3 millones de colombianos como afectados por el conflicto armado. Si se acaba la ley, dijo Cristo, "se desconocerían sus derechos y se extinguirían las posibilidades de reparación individual y colectiva, y rehabilitación. También se acabaría la restitución de tierras para personas que fueron despojadas de las mismas. Hay muchos procesos en trámite actualmente. La Unidad de Tierras desaparecería, y los tribunales de restitución de tierras, igualmente", dijo Cristo. 

No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas

Además, dijo Cristo, desaparecería la Unidad de Reparación de las Víctimas y el Registro Único de Víctimas.

"Colombia hoy es un modelo en materia de reconocimiento y reparación de los derechos de las víctimas. Ese modelo lo creamos unilateralmente el Estado colombiano antes de iniciarse las negociaciones de paz del 2012. Ese modelo le permitió al Estado tener la legitimidad ética y política para exigirle a las Farc el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y eso llevó a que el acuerdo de paz colocara a las víctimas en el centro del acuerdo. Al día de hoy esa ley de víctimas ha permitido indemnizar más de 900.000 colombianos. No hay ningún país del mundo que haya llegado a esa cifra, y restituir más de 370.000 hectáreas a campesinos despojados, y atender a millones de colombianos desplazados", señaló el exministro. 

Juan Fernando Cristo, exministro

Juan Fernando Cristo.

Foto:

Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

Cristo aseguró que la ley ha cumplido una misión muy importante, pero la dimensión de la tragedia humanitaria lleva que la acción del Estado todavía sea insuficiente frente a la cantidad de víctimas que se generaron. Según Cristo, cuando se aprobó la ley, se calculó que el número de víctimas oscilaba entre 4 y 5 millones, no había una cifra real.

"Hoy las víctimas son 8.3 millones porque acudieron a que se les reconociera sus derechos", dijo ante el alto tribunal. 

Otro argumento de Cristo es que en el 2013 la Corte ordenó indemnizar también a las víctimas de desplazamiento, lo que terminó ampliando la ley y "hace imposible para el Estado cumplir la indemnización en un término de 10 años, y por eso hoy hay un retraso", dijo. 

"No dejemos a los vaivenes de la política colombiana los derechos de las víctimas", puntualizó Cristo. 

Pero no sólo Cristo pidió prorrogar la ley. También lo hizo el viceprocurador Juan Carlos Cortés. Según Cortés, de 6.5 millones de víctimas que tendrían derecho a la reparación directa, apenas se ha indemnizado al 18 por ciento. Al cumplirse la ley apenas se habría cumplido con el 20 por ciento de las indemnizaciones. 

También, dijo Cortés, hay más de 400 comunidades étnicas suscritas como víctimas y la extinción de la ley afectaría que se les haga sus reconocimiento colectivos.

También ve problemático que se termine la ley de restitución de tierras porque esa ley tiene 123.000 solicitudes de restitución y por lo menos el 20 por ciento de ellas aún no ha tenido un trámite. 

Finalmente, Cortés dijo que la ley no debería tener una fecha de vigencia, sino que su tiempo debería mantenerse abierto hasta que se cumplan sus objetivos de reparación.

La delegada para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo, aseguró que la ley se debe prorrogar por lo menos por el tiempo del acuerdo de paz, pues "una interpretación contraria generaría su inconstitucionalidad", dijo.

Así, dijo que es urgente que se modifique "la ampliación del universo de víctimas del conflicto, la vigencia de la ley y su articulación con la implementación del acuerdo hasta el 2031 y la necesidad de ajustes al mecanismo de reparación priorizado”.

Por su parte, Alberto Brunori, Alto Comisionado de la ONU, aseguró que la ley debe prorrogarse sin un plazo definido. “Con relación a la vigencia de los programas de reparación es preciso que funcione como una política de Estado y es necesario que se otorgue una vigencia sostenida en el tiempo", aseguró. 

Es necesario que se otorgue una vigencia sostenida en el tiempo

Añadió que  "los Estados tienen la obligación moral y política de adoptar medidas reparadoras generales. La reparación del daño requiere siempre que sea posible, la plena restitución que consiste en el restablecimiento a la situación anterior". 

Según el exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la ley de víctimas implica "el proceso de reparación más grande de la historia", por lo que fue un proyecto ambicioso. 

"Desde el inicio la ley 1448 fue pensada como una primera base para este proceso transicional de cierre del conflicto. Muchos recordará la discusión que hubo en el 2011 sobre la expresión de 'víctimas con ocasión del conflicto armado'. Y lo menciono porque cuando introdujimos esa frase en el proyecto de ley, lo hicimos pensando no solo en asegurar que existiera un criterio lógico que señalara cuál es el universo de víctimas que debe ser atendido, sino además hacer una justificación adecuada, el cierre del conflicto armado, y que se sentara una base para preparar lo que seguía más adelante", señaló Jaramillo, al hablar de la importancia de lo que significó la ley. 

En otras palabras, para Jaramillo fue la ley de víctimas la que abrió la puerta para reconocer que en Colombia había un conflicto armado, lo que permitía más adelante hablar de una negociación con las Farc para cerrar el ciclo de la violencia. 

Jaramillo también señaló que es necesaria la ley para seguir poniendo en marcha los retornos colectivos de los desplazados. "Me sorprende ver cómo los desplazados desaparecieron de la agenda pública, cuando seguimos siendo el segundo país con más desplazados del mundo, después de Siria", señaló. 

Me sorprende ver cómo los desplazados desaparecieron de la agenda pública, cuando seguimos siendo el segundo país con más desplazados del mundo, después de Siria

María del Pilar Valencia, delegada de la Jurisdicción Especial para la Paz, dijo que hay una relación directa entre el Sistema de Reparación de Víctimas del Conflicto que se creó con la ley de víctimas del 2011 y los acuerdos de paz. 

Por eso dijo que es necesario prorrogar la ley de víctimas porque los objetivos que se crearon en esa norma aún requieren un nivel de cumplimiento. 

Los que se oponen a prorrogar la vigencia

 El senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria le dijo a la Corte que debería rechazar la demanda que pide ampliar la ley, porque aseguró que pedir que se tumbe la vigencia contraría la Constitución. Según dijo, es al Congreso al que le corresponde hacer las leyes, "como órgano de representación popular por excelencia", no a la Corte.  

Así, dijo Gaviria, le corresponde al Congreso establecer cuál será la vigencia de una ley y no al alto tribunal. "Cuando el Congreso eligió una vigencia de la ley de 10 años, es decir hasta el 2021, lo hizo sosteniendo razones de sostenibilidad fiscal", aseguró el senador. 

Según Gaviria, en el Congreso ya está en trámite un proyecto que busca prorrogar la ley por 10 años y, por lo tanto, se debería dejar que el Congreso actúe. También, dijo Gaviria, no es correcto que el exministro Cristo pretenda pedir mayor tiempo para la ley de víctimas "como si antes o después de esa ley las víctimas no tuvieran mecanismos para exigir sus derechos", dijo el senador. 

JUSTICIA

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