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Cortes

Corte envía cartas pidiendo información de posibles 'chuzadas'

Los magistrados de la Corte Constitucional analizarán las voces a favor y en contra del glifosato para establecer si suavizan las exigencias para fumigar, o las mantienen.

Los magistrados de la Corte Constitucional analizarán las voces a favor y en contra del glifosato para establecer si suavizan las exigencias para fumigar, o las mantienen.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

El alto tribunal tiene indicios de que sus llamadas y conversaciones están siendo escuchadas.

Milena Sarralde
Este domingo la Corte Constitucional aseguró a través de dos trinos que le pedirá a la Fiscalía General, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia que investigue y le informe si sobre los magistrados se han realizado interceptaciones o escuchas de sus conversaciones para obtener información sobre los asuntos que estudia el alto tribunal. 
Para esto, la Corte Constitucional le envió este lunes a estas autoridades una carta requiriendo esta información, debido a varios episodios que han hecho sospechar a los magistrados que la información que manejan está siendo de conocimiento de terceros. 
En la Carta, el alto tribunal les pide que adelanten las investigaciones necesarias para determinar "si las comunicaciones telefónicas de los magistrados de la Corte Constitucional son objeto de interceptación".
El alto tribunal les pide que le informen si se están haciendo estas "chuzadas", ya sea porque los magistrados están siendo investigados por algún hecho punible, o en el marco de alguna investigación penal contra otro individuo, situación que lleve a que se estén escuchando sus teléfonos. 
La Corte también le pidió a la Fiscalía, Policía y a la Dirección de Inteligencia que le informen si esas entidades tienen investigaciones en curso contra los magistrados, contra terceros o en relación a sus funciones constitucionales. 

Interceptaciones de teléfonos

Ante la Sala Plena del jueves pasado varios magistrados manifestaron  su preocupación por la posible interceptación de sus teléfonos. 
Entre los magistrados que creen que sus llamadas están siendo escuchadas, y manifestaron su temor están Alejandro Linares, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Carlos Bernal y Alberto Rojas Ríos. 
Los magistrados aseguran que tienen información de que sus conversaciones telefónicas están rodando en altos círculos, lo que generó sus alarmas. Además, aseguran que a veces escuchan ruidos extraños en sus llamadas, lo que los hace sospechar sobre la intervención de sus teléfonos. 

Filtraciones

Otro de los elementos que hace sospechar a los magistrados tiene que ver con supuestas filtraciones de información reservada que se discute en las Salas Plenas y que ha terminado siendo de conocimiento público. 
Esto ha hecho pensar a los magistrados que les han instalado micrófonos en las salas de audiencias, aparatos a través de los cuales estarían escuchando sus debates. 

Temas claves

Los magistrados de la Corte Constitucional sienten que el ambiente se ha puesto mucho más tenso desde que el alto tribunal ha tenido la discusión de asuntos claves como las leyes de la Jurisdicción Especial para la Paz, principalmente a raíz de las objeciones del presidente Iván Duque sobre la ley estatutaria. 
El alto tribunal tuvo hace varias semanas la discusión sobre una carta en la que el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, le consultó si podría tramitar las objeciones de Duque.
El resultado de la Corte fue indicarle que por ahora no se pronunciaría, y que el Congreso podía darle el trámite que considerara, caso en el que la Corte más adelante activaría su competencia para revisar si el resultado se ajusta o no a la constitución. 
Un caso adicional en el cual la Corte siente que hay mayor presión es el de la revisión del glifosato, como herramienta para combatir los cultivos ilícitos. El alto tribunal hizo una audiencia pública hace más de un mes y actualmente está revisando si mantiene o no los condicionamientos que le puso al Gobierno para volver al glifosato. Uno de ellos es certificar que este químico no implica un daño para la salud. 
JUSTICIA
Milena Sarralde
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