Las 27 preguntas de la Corte al Gobierno sobre su decreto de cárceles

Las 27 preguntas de la Corte al Gobierno sobre su decreto de cárceles

Le pregunta cómo su decreto de excarcelaciones baja el hacinamiento y qué justifica las exclusiones.

Cuarentena Bogotá miércoles 5

Y las protestas no solo fueron por abastecimiento. En la cárcel La Picota se llevaron a cabo varias manifestaciones tanto dentro de las instalaciones como en las afueras del recinto penal.

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por: Justicia
24 de abril 2020 , 03:47 p.m.

A la Corte Constitucional le llegó, para ser revisado de forma automática, el decreto 546 con el que el Gobierno buscará sacar de las cárceles a unos 4.000 presos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, que tengan delitos menores y que no estén entre los excluidos. Estos presos serán beneficiarios con la detención domiciliaria por unos 6 meses, a causa de la pandemia de coronavirus. 

En un auto, ese alto tribunal le hace por lo menos 27 preguntas al Gobierno sobre el decreto, que ha tenido fuertes críticas de la academia, abogados y expertos jurístas por la amplia lista de exclusiones y porque muchos consideran que por el bajo número de detenidos que podrán salir a casa por cárcel esta medida no sirve para prevenir y evitar la propagación del coronavirus en las prisiones, en donde ya hay más de 116 personas contagiadas. 

En el documento, la Corte Constitucional recuerda que desde 1998 ese alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles por la continua violación de derechos fundamentales a la población carcelaria, debido a la falta de servicios básicos, sanidad, el hacinamiento, entre otros problemas. 

Las dificultades que los presos tienen para lavarse las manos frecuentemente, limpiar con regularidad superficies y mantener al menos un metro de distancia con otras personas hace que, según la Corte, las cárceles sean "espacios de transmisión significativa del virus". 

Es por esto que, aseguró el alto tribunal, en este caso se evaluará la situación en términos más expeditos para que se materialicen las acciones en las prisiones en el menor tiempo posible. 

El caso está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, quien le pidió al jefe de gabinete y al director del departamento administrativo de Presidencia que en tres días presente todos los argumentos por los que consideran que el decreto 546 cumple con los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, no discriminación, entre otros. 

De otro lado, les pidió al Ministerio de Justicia, al Inpec y al Ministerio de Salud que le respondan la lista de 27 preguntas. 

En uno de los cuestionamientos más importantes, la Corte le pide al Gobierno ser más específico en qué porcentaje estima que las medidas que se tomarán con el decreto reducen los niveles de hacinamiento en las cárceles y en los centros de detención transitoria. Pero, sobre todo, la Corte le dice al Gobierno que explique por qué esa reducción que trae el decreto "es suficiente para garantizar las medidas de prevención y cuidado en el marco de la pandemia", teniendo en cuenta que el mismo decreto habla de la importancia del distanciamiento social y el aislamiento.

La Corte también pregunta en qué medida la reducción del hacinamiento estimada por el decreto garantiza en las cárceles y en las URI "los mínimos de distanciamiento social requeridos". 

Como el decreto trae un listado de más de 80 delitos que impiden que una persona pueda ser beneficiaria de la casa por cárcel, la Corte le preguntó al Gobierno por qué es razonable, desde el punto de vista constitucional, excluir a las personas que cometieron esas conductas penales.

También cuestiona por qué tuvieron en cuenta esos delitos en particular y no consideraron "las condiciones materiales y específicas del acto realizado, del nivel de culpabilidad y de las condiciones de peligrosidad actual que represente el detenido", también es otra pregunta de la Corte. 

La Corte también pregunta por qué se excluyó a las personas detenidas con fines de extradición del beneficio, teniendo en cuenta que allí también puede haber personas médicamente vulnerables, y cuál es la razón para darles detención domiciliaria a los condenados a penas de hasta cinco años (siempre y cuando no estén en los excluidos), por qué ese límite de tiempo y no otro. 

Además le pide explicar a qué sitios especiales serían enviadas las personas que resulten contagiadas o que estén en riesgo por su situación de salud, y cuál es el presupuesto, capacidad financiera y técnica que tiene el Inpec para ello. 

El Gobierno también debe dejar claro cuánto tiempo demorará en promedio la aplicación del beneficio de detención domiciliaria y con qué fundamento se decidió que fueran los jueces de control de garantías y ejecución de penas los encargados de otorgar estas metidas, "teniendo en cuenta el contexto extraordinario y urgente que representa la pandemia de covid-19". 

La magistrada hace otras preguntas como por qué la medida de casa por cárcel transitoria para quienes sean beneficiarios es por 6 meses y no por más o menos tiempo, y cómo se van a garantizar los servicios de salud para los que siguen detenidos. 

La magistrada también le consulta al Gobierno cuál fue la información específica que tuvo sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población privada de la libertad y cómo esa situación justifica las medidas de detención domiciliaria transitoria que trae el decreto. 

También les pregunta cómo están coordinados el Ministerio de Justicia, Inpec, Uspec, Consejo Superior de la Judicatura para tramitar las detenciones domiciliarias a quienes puedan ser beneficiarios. 

Y le pide al Gobierno que justifique cómo ponderó en su decreto los derechos de las personas detenidas frente a la gravedad de su conducta, el peligro para la sociedad y los derechos de las víctimas, tanto al elaborar las exclusiones como al determinar quiénes pueden salir de prisión a casa por cárcel. 

"Cómo fueron ponderados los intereses y valores constitucionales
enfrentados y de qué manera las medidas adoptadas son un reflejo de esa
ponderación?", les pregunta la Corte. 

Como el decreto establece que "es viable sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria (...) en relación con personas cuya presunción de inocencia se mantiene indemne", la Corte le pide a qué se refiere y a qué casos en particular, cuando habla de una presunción de inocencia indemne. 

JUSTICIA

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