Estos son los cambios a la justicia que propone el gobierno Duque

Estos son los cambios a la justicia que propone el gobierno Duque

Plantea ordenar la acción de tutela y castigos severos al tráfico de puestos en la justicia.

Reforma a la Justicia

Hubo varias reuniones entre el Presidente, la Ministra de Justicia y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para dialogar sobre proyecto de Reforma a la Justicia.

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Ministerio de Justicia

13 de septiembre 2018 , 10:33 a.m.

Transparencia, eficiencia y calidad en la administración de justicia y seguridad jurídica son el corazón del proyecto que el Gobierno radicará para lograr la esperada reforma a la justicia, que se ha visto frustrada por distintas razones en los últimos años.

Antes del mediodía de este jueves, la ministra Gloria María Borrero estará radicando en el Congreso el proyecto de reforma del Gobierno Duque.

El proyecto no incluye la creación de una sola supercorte, que fue una de las banderas iniciales de la campaña de Duque pero que no les gustaba ni a muchos sectores académicos ni a los actuales magistrados, y plantea una regulación para ordenar la acción de tutela, especialmente contra decisiones judiciales.

Para asegurar la probidad en la justicia, el proyecto plantea que la única función electoral que se debe conservar en las Cortes, específicamente en la Suprema de Justicia, sea la del Fiscal General por ser el suyo un cargo claramente judicial.

Las cortes perderían así la posibilidad de ternar candidato a la Procuraduría (hoy las ternas las hacen la Corte Suprema, el Consejo de Estado y Presidencia, y elige el Senado); y tampoco eligirían Auditor ni Registrador, procesos en los que muchas veces los magistrados terminan siendo objeto de presiones u ofrecimientos políticos.

Otro punto clave es la prohibición, so pena de pérdida del cargo, de una práctica extendida en la Justicia: la recomendación de allegados y familiares para que ocupen cargos en órganos de control o la Rama Ejecutiva. Sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado, dice el proyecto.

Varios de los cuestionamientos más fuertes que enfrentaron en su momento Alejandro Ordóñez (exprocurador) y Eduardo Montealegre (exfiscal) fueron, precisamente, que familiares de magistrados que estuvieron relacionados con su elección terminaron nombrados o promovidos en altos cargos de sus entidades.

El proyecto plantea que los dignatarios de la Rama no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción durante cuatro años, tiempo en el cual tampoco podrían postularse a cargos de elección popular. Además, para ser magistrado la experiencia mínima subiría a 20 años de ejercicio profesional. 

Para acabar con los llamados 'bloqueos institucionales' (como el que mantuvo enredada por más de un año en la Corte Suprema la elección de Fiscal General en el gobierno Uribe, o la que hay actualmente con la elección de los nuevos magistrados de instrucción y primera instancia de la Sala Penal) se plantea regular por ley las mayorías y el quórum para elegir. Una propuesta polémica es que "si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas irían descendiendo".

Con el fin de "restaurar la confianza en las cortes" se ampliaría la facultad de las Salas Plenas "para suspender a los magistrados cuya conducta afecte gravemente la confianza pública en la corte". Se requeriría mayoría calificada. Ese mecanismo ya existe hoy y se aplicó, por primera vez, con el magistrado Gustavo Malo, uno de los protagonistas del escándalo del 'cartel de la Toga'.

Un mecanismo novedoso es la celebración de audiencias de confirmación de la elección de magistrados de altas cortes, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Auditor General de la República.

Ese mecanismo se usa en Estados Unidos, donde el Congreso avala los principales nombramientos realizados por el Ejecutivo, incluidos embajadores y secretarios (ministros). Acá se plantea que "cuando el candidato sea seleccionado en primer término, se celebrará una audiencia pública de confirmación ante el órgano elector para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado, y con ello el nominador autorice la posesión. El órgano elector decidirá la confirmación con mayoría simple".

Para acabar con la impunidad histórica que rodea las investigaciones de la Comisión de Acusaciones, se plantea agilizar los procesos que lleva esa instancia y que en todo caso son eminentemente políticos. Se mantendría el antejuicio político que hoy existe, pero sería más rápido y expresamente se dirá en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución para aclarar que el Congreso no ejerce funciones jurisdiccionales sino políticas.

Para resolver la 'papa caliente' en la que se ha convertido la eliminación de la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura el proyecto plantea una Comisión de Disciplina Judicial cuyos magistrados sean elegidos "por la Comisión de Carrera Judicial por concurso de méritos". Hoy elige el Congreso de ternas enviadas por el Presidente de la República (tres magistrados) y la Judicatura (4). La Comisión debió reemplazar a la Judicatura hace casi tres años, pero polémicas decisiones de las Cortes mantienen viva a la Sala Disciplinaria.

El proyecto dice que los periodos del Fiscal, el Procurador y el Auditor General serán institucionales y no personales. Esto implica que si eventualmente hay una renuncia, el reemplazante solo completará el periodo del titular. Pero el proyecto plantea un cambio fundamental frente a la reforma del 91, pues pone a coincidir los periodos del Fiscal General con el del Presidente de la República (que lo terna). De esta manera, un Gobierno garantizaría que el Fiscal que postuló estará en el cargo por su cuatrenio.

Para buscar "eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia" se impondría el requisito de que para ser magistrado de las altas cortes "el candidato deberá acreditar al menos cinco años de experiencia como juez o magistrado de tribunal". Es un punto que será polémico, pues algunos de los mejores magistrados del país han llegado al cargo desde la academia o el ejercicio independiente sin haber pasado por la Rama Judicial.

Para la 'gerencia' de la Rama Judicial, que hoy ejerce la polémica Sala Administrativa de la Judicatura, se propone una Comisión Interinstitucional "conformada por los presidentes de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación, y las bases de la Rama Judicial, como órgano articulador, con funciones decisorias en materia de plan de desarrollo, presupuesto, plan de formación y mapa judicial, y otras funciones consultivas".

Debajo de ella, ya propiamente en el terreno administrativo, estaría una Dirección General de la Rama Judicial. La elaboración de las listas de candidatos a los cargos judiciales la haría una comisión de tres miembros, "abogados con requisitos mayores a los de los magistrados de las altas cortes, y un régimen reforzado de inhabilidades y prohibiciones (no puede haber sido magistrado durante ocho años antes de su elección)".

Los presidentes de las altas cortes estarían dos años y no uno en esos cargos, "para asegurar la estabilidad de las políticas de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial".

El Gobierno también se comprometería a garantizar una tasa mínima de crecimiento del presupuesto de la Rama Judicial.

En materia de aplicación de justicia, un cambio clave sería la posibilidad de que los jueces de garantías dicten sentencia en los casos en los que hay aceptación de cargos. Así se evitaría lo que pasa hoy: que personas que admiten su responsabilidad penal incluso quedan libres porque la audiencia de fondo se demoró demasiado.

El Gobierno plantea la unificación de jurisprudencia de las altas cortes, que a su vez obligarán a los jueces a aceptar y aplicar ese precedente jurídico. "A la Corte Suprema de Justicia se le da la función explícita de unificar la jurisprudencia. A esta y al Consejo de Estado se les otorga la facultad de seleccionar los procesos para ese efecto, de conformidad con los criterios que defina la ley".

A la Corte Suprema de Justicia se le da la función explícita de unificar la jurisprudencia. A esta y al Consejo de Estado se les otorga la facultad de seleccionar los procesos para ese efecto

Finalmente, el tema clave, el de la tutela, plantea varios filtros. Así, se reforzarían controles sobre quién interpone una tutela (legitimidad de quien la ejerce); habría tiempos claros para interponerlas frente al momento de los hechos que generan el recurso de amparo y el juez que conozca de la acción de tutela debería pertenecer a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo.

Por ley se regularían temas como el plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales. En todo caso, advierten expertos, la reforma no debe afectar el acceso de los ciudadanos al recurso de amparo.

REDACCIONES JUSTICIA Y PAZ

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