Las barreras que siguen afrontando las mujeres para poder abortar

Las barreras que siguen afrontando las mujeres para poder abortar

Corte Constitucional aseguró que las trabas administrativas constituyen violencia contra la mujer. 

Miles de mujeres en México exigen acceso al aborto

En el país el aborto está despenalizado en tres casos. 

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EFE

Por: Milena Sarralde Duque
18 de octubre 2018 , 08:24 p.m.

Al tumbar la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que proponía poner un límite de 24 semanas para el aborto legal en el país, la Corte Constitucional aseguró que a pesar de que desde hace 12 años se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, las mujeres siguen sufriendo toda clase de barreras para poder acceder a ese derecho.

En ese sentido, la Corte Constitucional aseguró que no le compete a ese tribunal imponer un plazo límite frente al que se puede abortar, y afirmó que es una obligación del Estado eliminar todas las barreas que sufren las mujeres para poder acceder a este trámite.

En su decisión, la Corte afirmó que hay por lo menos 46 barreras que hacen que a pesar de cumplir con una o varias de las causales (riesgo para la vida o salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida, o violación), se les siga negando este derecho.

Esa situación, según la evaluación que hizo la Corte, hace que muchas tengan que acudir a tutelas para poder tener un aborto legal. Además, las dilaciones injustificadas hacen que muchas veces los abortos que se pudieron haber realizado en las primeras semanas de gestación, terminen desarrollándose en etapas más avanzadas, como el segundo o tercer trimestre.

Para la Corte, estas barreras no sólo son un incumplimiento frente a la sentencia del 2006 que avaló el aborto en esos tres casos, sino que además "constituyen violencia de género, o violencia contra la mujer" y también pueden ser consideradas como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Estas son algunas de las barreras que las mujeres hoy siguen sufriendo para poder abortar en el país, y que fueron tenidas en cuenta por la Corte. Muchos de estos casos, por ejemplo, han sido documentados por organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que ha atendido a unas 1.000 mujeres que tuvieron barreras para acceder al servicio. 

Esas quejas y denuncias han sido llevadas por organizaciones que defienden las mujeres ante juzgados, y ante el alto tribunal. 

Desconocimiento de la sentencia del 2006

Las organizaciones que defienden a las mujeres han establecido que los encargados de implementar y vigilar el cumplimiento de abortos legales desconocen el marco normativo que ha regulado esta práctica. Así, por ejemplo, afirman que hay desconocimiento del fallo que despenalizó el aborto en el 2006, y sus desarrollos jurisprudenciales en la Corte Constitucional.

En materia de salud, por ejemplo, las instituciones siguen demorándose en responder las solicitudes de aborto legal que piden las mujeres. Tampoco hay protocolos para hacer los diagnósticos que se necesitan, las redes médicas no tienen disponibilidad para esos procedimientos, entre otros problemas.

También hay jueces que desconocen los fallos de la Corte, no actúan de forma pronta ante una denuncia por la negación de una interrupción del embarazo, o cometen fallas en sus decisiones que son irreversibles.

Funcionarios no informan los derechos a víctimas

Las organizaciones de mujeres han denunciado ante la Corte que hay casos en los que, en situaciones de violación o incesto, las instituciones médicas no les informan desde el primer momento a las mujeres que tienen derecho a abortar.

En esos casos se desatiende el derecho de las mujeres a la veracidad e imparcialidad de la información que reciben de los funcionarios públicos cuando se les da información errónea o distorsionada, o cuando se les imponen más requisitos para imponer una denuncia por violencia sexual.

Diagnósticos no se hacen de forma oportuna

En su decisión la Corte Constitucional recordó que para dos causales –la de riesgo para la vida o salud física o mental de las mujeres, y la de malformación del feto incompatible con la vida- los médicos deben entregar su concepto para que el aborto se pueda realizar.

Sin embargo, esos conceptos y exámenes posteriores de diagnóstico se tardan más de la cuenta, lo que juega en contra de las mujeres porque avanza el tiempo. Así, por ejemplo, se tardan los exámenes con especialistas para diagnosticar enfermedades que pueden afectar de forma grave la vida de las madres, o identificar las malformaciones del feto.

Otro problema es que muchas entidades no tienen un protocolo de diagnóstico que les permita saber con precisión a las mujeres qué rutas deben seguir.

Respuesta a la solicitud de aborto se demora más de lo permitido

Aunque las normas establecen que después de que una mujer presenta ante su EPS o IPS la solicitud para que se le practique un aborto, deben transcurrir máximo cinco días desde esa petición, las entidades están demorando más de lo reglamentario.
Organizaciones han identificado demoras de semanas y hasta meses para obtener una respuesta.

Hospitales no tienen disponibilidad

Las mujeres que buscan un aborto legal se encuentran con dificultades que afrontan todos los pacientes del sistema de salud en general. Muchas veces no hay camas, ni redes de servicios disponibles para poder ser atendidas. Además, en ciertas zonas del país, se ha identificado que no hay instituciones con disponibilidad para realizar el servicio del aborto legal, o que por condiciones geográficos el acceso a servicios de salud es limitado. 

Prestadores de salud no reconocen certificaciones médicas externas

Uno de los problemas frecuentes que afrontan las mujeres es que los prestadores y profesionales de la salud que atienden sus solicitudes de aborto legal, no reconocen las certificaciones médicas sobre el riesgo para la vida o la salud de la mujer que vienen de profesionales de salud externos a la institución.

Uno de esos casos es el de una mujer que tenía 23 semanas, cuando en una ecografía se encontró malformaciones en el feto. Para precisar con más detalle de qué se trataba, le exigieron un exámen que no estaba incluido en el POS.
La mujer hizo su exámen de forma particular, pero la institución de salud no reconoció sus resultados y se negó a practicar el aborto.

Funcionarios se niegan a recibir denuncias de violencia sexual

Otro problema que afrontan las mujeres es el de los funcionarios que se niegan a recibir sus denuncias en casos de violencia sexual. A veces también se niegan a entregar una copia de esa denuncia, a pesar de que es uno de los requisitos para poder acceder a un aborto legal por esa causal.

Se trata de algunos funcionarios de la Fiscalía General, de los centros de atención integral a las víctimas de abuso sexual, o de la Policía. Muchas veces, dicen las ONG, esa negación a recibir las denuncias se debe a que no les creen a las mujeres y se pretende disuadirlas o les ponen obstáculos para que no aborten.

Se interpreta de forma restrictiva la causal salud

La Corte Constitucional ha establecido que la salud es integral, así que el riesgo para la salud no sólo implica afectaciones a la salud física, sino también a la salud mental. Así, la Corte ha dicho que la salud “es un estado de bienestar completo, físico, mental y social”, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias.

Se solicitan requisitos adicionales a los que exigen las normas

Ante la Corte se ha expuesto que a las mujeres les exigen requisitos adicionales a los que se contemplan en las normas vigentes. Así, por ejemplo, algunos instituciones médicas les exigen la autorización por parte de un tercero responsable, como el cónyuge, un asesor jurídico, o múltiples médicos. También les exigen que haya juntas médicas para la revisión o aprobación de las solicitudes, o la exigencia de órdenes judiciales (además de una denuncia) para interrumpir un embarazo cuando se trata de una violación.

Objeción de consciencia

Aunque la Corte ha dicho que la objeción de consciencia no puede ser institucional, y que en caso de que un médico objete consciencia, la entidad debe buscar a uno que no lo haga para que realice el procedimiento, esta barrera se sigue presentando.

Además de estos casos, se han encontrado situaciones en las que hay objeciones de consciencia colectiva por parte de un grupo de médicos para no hacer el aborto legal. Esto limita el derecho de las mujeres debido a que en ciertos municipios hay pocos profesionales que puedan realizar los procedimientos.

Malos tratos a las mujeres que solicitan aborto

En muchos casos se ha registrado que las instituciones médicas que se encargan de recibir las solicitudes para un aborto legal en el país incurren en malos tratos, enjuiciamientos y menosprecio para las mujeres que piden ese derecho.

Fallas de entrenamiento de los médicos y procedimientos

Las organizaciones de mujeres han encontrado que muchas instituciones médicas no cumplen con un entrenamiento a su personal médico para que hay profesionales que estén preparados para atender las solicitudes de aborto legal. Así es como en muchos casos usan técnicas obsoletas o que no son apropiadas. Algunos, por ejemplo, sólo pueden ofrecer un legrado con en etapas tempranas pueden darse tratamientos farmacológicos.

La Organización Mundial de Salud ha dicho que los métodos recomendados para realizar abortos en etapas tempranas son el misoprostol y la mifepristona, por ser menos invasivos, menos costosos, y más seguros. Sin embargo, en Colombia sólo hasta octubre del 2012 se incluyó en el Plan Obligatorio de Salud el misoprostol, y sólo hasta el año pasado fue aprobado por el Invima la mifepristona. 

Pero el estudio de Guttmatcher en el 2014 sobre el aborto en Colombia cuenta cómo los médicos siguen usando como método la dilatación y el curetaje (legrado), pese a ser un método anticuado y que no está recomendado por la OMS. 

Milena Sarralde Duque
Redacción JUSTICIA
Twitter: @MSarralde

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