La otra tutela que pondrá ante la justicia al exmagistrado Pretelt

La otra tutela que pondrá ante la justicia al exmagistrado Pretelt

En el 2012, el exmagistrado favoreció a Recaudos y Tributos con una tutela anulada dos años después.

Cara a cara de Pretelt y Pacheco en el juicio por el caso Fidupetrol

El exmagistrado Jorge Pretelt está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión en su caso por el escándalo de corrupción de Fidupetrol. 

Foto:

Mauricio León / EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de noviembre 2018 , 11:07 a. m.

El 12 de diciembre del 2012, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub fue el ponente de un cuestionado fallo de tutela en el que terminó siendo favorecida Recaudos y Tributos S.A., una filial de la firma española Inassa.

Por ese fallo, la Fiscalía General compulsó copias hace una semana en contra de Pretelt, el mismo exmagistrado que está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión en el caso que se llevó en su contra por otro escándalo, el de Fidupetrol.

Según la Fiscalía, las investigaciones contra el grupo español Inassa muestran “el presunto pago de una elevada suma de dinero al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt a cambio de favorecer los intereses de la firma Recaudos y Tributos S.A., en el trámite de la revisión de un fallo de tutela”.

La tutela llegó a la Corte Constitucional en el 2012, después de que el entonces alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, inició un proceso administrativo para tumbar por decreto un contrato que se le había dado en el 2002 a Recaudos y Tributos, y que dejaba en manos del sector privado la recolección de impuestos de la ciudad por 20 años.

El alcalde tumbó ese contrato después de que en el 2010 el Congreso de la República expidió una ley en la que prohibió delegar en terceros "la administración, liquidación, fiscalización, cobros coactivos, discusión, devolución e imposición de sanciones de los tributos administrados por las entidades territoriales".

Esa ley les ordenó a las administraciones locales revisar los contratos que tuvieran con el sector privado en donde les entregaban el recaudo de los impuestos. Con ese contrato, entre el 2003 y el 2014, Recaudos y Tributos obtuvo 66.654 millones  de pesos por honorarios.
Según el alcalde Carlos Caicedo, en el 2015, tras anular el contrato, la ciudad comenzó a ahorrarse 10.000 millones de pesos. 

La tutela de Recaudos y Tributos obtuvo decisiones a su favor tanto en un juzgado como en el Tribunal Superior de Santa Marta. Luego, fue escogida para revisión por la Corte Constitucional y terminó teniendo como ponente al magistrado Jorge Pretelt.

Encuentra la Sala que la falta de motivación del acto administrativo y el término irrisorio otorgado para ejercer el derecho de defensa constituyen un defecto procedimental

En el fallo del 12 de diciembre del 2012, en la decisión en la que Pretelt fue ponente, la Corte dijo que en efecto a Recaudos y Tributos se le vulneró el derecho al debido proceso. Según ese fallo, a la firma no se le dio la oportunidad de defenderse porque sólo se le otorgó un término de 5 días para responder los requerimientos de la alcaldía en el proceso de nulidad del contrato.

Además, el fallo también afirmó que la decisión que ordenó revisar el contrato no estuvo lo suficientemente motivada, y que la alcaldía no era competente para anular el contrato del 2002. 

“La Alcaldía de Santa Marta, al expedir la resolución No. 039 del 2012, no informó al accionante las razones concretas por las cuales daba inicio al procedimiento administrativo tendiente a la revisión del contrato No. 092 del 2002, sino que simplemente se encargó de transcribir algunos artículos de la Constitución (…) lo cual para la Sala no comporta una verdadera motivación”, asegura el fallo de Pretelt.  

“Encuentra la Sala que la falta de motivación del acto administrativo y el término irrisorio otorgado para ejercer el derecho de defensa constituyen un defecto procedimental, que vulnera el derecho al debido proceso de la empresa demandante, y hacen procedente la tutela”, agregó.

Ese fallo, además de Pretelt, fue respaldado por el entonces magistrado Alexi Julio Estrada, y sólo tuvo la oposición del entonces magistrado Luis Ernesto Vargas, quien salvó su voto.

Las razones para anular el fallo de Pretelt

Ante la decisión adversa, la alcaldía de Santa Marta solicitó anular el fallo de tutela de Pretelt, por lo que la Corte Constitucional volvió a revisar el caso. Así fue como, por unanimidad, la Sala Plena decidió en el 28 de mayo del 2014 tumbar esa decisión que favorecía a la filial de la firma española. 

La Sala Plena tumbó la tutela afirmando que sus reclamos no tenían una naturaleza de carácter fundamental que pudieran ser reclamados por esa vía. “Se trataba de un asunto de naturaleza contractual derivado del descontento de la Sociedad Recaudos y Tributos por la iniciación a revisar la legalidad del contrato; actuación que conforme a lo esgrimido en procedencia, sobrepasa la órbita de competencia de la tutela”, dijo la decisión. 

Para los magistrados, la empresa Recaudos y Tributos tenía otros mecanismos para controvertir el proceso de nulidad de su contrato.

La otra razón clave de la Corte para tumbar el fallo de Pretelt, es que en su decisión el exmagistrado había dicho que la alcaldía de Santa Marta no tenía competencia para anular el contrato, y la única salida que le quedaba para tumbarlo era demandándolo ante una autoridad judicial.

Las entidades territoriales sí pueden disponer la terminación unilateral de un contrato estatal cuando se celebren en contra de una prohibición constitucional

Para la Sala Plena, esos argumentos de Pretelt cambiaron la jurisprudencia sostenida por ese alto tribunal, que ha dicho en reiteradas ocasiones que “las entidades territoriales sí pueden disponer la terminación unilateral de un contrato estatal cuando se celebren en contra de una prohibición constitucional o legal, causal que se configura, por ejemplo, cuando claramente se delegan funciones de recaudo tributario a entes o personas particulares”.

Eso significa que, para la Sala Plena, la alcaldía sí tenía la competencia de tumbar el contrato con Recaudos y Tributos S.A. porque iba en contra de la Constitución, decisión que pudo haber sido controvertida en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, es decir, en el Consejo de Estado, pero no que no debió ser favorecida por una tutela.

Tras la decisión de la Fiscalía de compulsar copias, le corresponderá a la Comisión de Acusaciones determinar si pudo haber un delito por parte del exmagistrado Pretelt al tramitar la tutela de Recaudos y Tributos. Por ahora, el ente acusador iniciará interrogatorios contra directivos de Inassa que pudieron estar vinculados al caso. 

JUSTICIA

Descarga la app El Tiempo

Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.