La sentencia que rescata la honra de Alfredo Correa

La sentencia que rescata la honra de Alfredo Correa

El Consejo de Estado acaba de condenar a la nación por la detención ‘ilegal’ del sociólogo, en 2004.

Familia de Alfredo Correa

La familia de Alfredo Correa de Andreis emprendió una dura lucha para limpiar su nombre. Aquí, Eloísa, su madre, y Magda, su hermana.

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Cortesía zonacero.com

Por: Tatiana Escárraga
27 de enero 2019 , 03:37 p.m.

En los oscuros años en los que el paramilitarismo impuso su ley circuló en la Costa Atlántica una lista negra que contenía 35 nombres de personas que se desempeñaban como líderes sociales, defensores de derechos humanos o gestores culturales. Era 2004, y a siete de los integrantes de esa lista los acusaron de rebelión.

El ‘modus operandi’ era sencillo y también siniestro: se urdía una falsa trama, se detenía a los implicados y después, cuando no había pruebas que sustentaran la acusación se los dejaba libres, a merced de la mano negra paramilitar que se reservaba el derecho de impartir su propia justicia eliminando a balazos a todo aquel que disintiera.

Alfredo Correa de Andreis, sociólo, 53 años, casi dos metros de estatura, un profesor universitario bonachón y supremamente optimista, que creía que los conflictos se resuelven hablando, estaba en esa lista. Tal vez la realidad se empeñó en llevarle la contraria. A él, que, dicen sus amigos, “no mataba ni una cucaracha”, que era “ingenuo”, que no veía venir el peligro, que ponía su fe en el ser humano por encima de todo.

Con Correa funcionó a la perfección la maquinaria del terror que impusieron los paramilitares en connivencia con organismos del Estado. A través de los informes de inteligencia elaborados por el extinto DAS y remitidos a la Fiscalía General de la Nación se produjo su señalamiento: según esos informes, él era un presunto ideólogo de la guerrilla de las Farc. Por ello, la Fiscalía 36 Seccional de Cartagena inició una investigación penal en su contra por el delito de rebelión y ordenó su captura.

Correa de Andreis permaneció detenido entre junio y julio de 2004 y el 17 de septiembre, apenas dos meses después de su liberación por las inconsistencias del caso, un sicario lo reventó a tiros a él y a su escolta mientras caminaban una tarde de viernes por una calle de Barranquilla. Tras el asesinato, el 11 de noviembre precluyó la investigación en su contra y culminó el proceso penal, pero sobre su figura siguió campante la sombra de la duda.

Después, en el 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó al DAS ofrecer disculpas públicas por la muerte del profesor. Ahora, un fallo del Consejo de Estado acaba de condenar a la nación por la detención “ilegal” e “injusta” del sociólogo. Se trata, en palabras de José Humberto Torres, el abogado de la familia, del cierre de un círculo: la reparación administrativa del daño causado.

Es una larga y dura batalla que emprendieron los familiares del sociólogo con la intención de que su nombre quedara limpio: Alfredo Correa de Andreis no tuvo ningún vínculo con las Farc.

Estudios sobre desplazados

La misma semana de su asesinato, Alfredo Correa de Andreis había presentado las conclusiones de un estudio sobre la población desplazada de la Costa. Por entonces, el fenómeno, a causa del conflicto, había adquirido una importancia colosal en la región.

La tesis de Correa, que emprendió este proyecto en una línea de investigación inscrita en Colciencias y con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, de donde era profesor, era que esa población requería ser reconocida como víctima. Y no solo eso, era necesario un reconocimiento de su patrimonio material y de la afectación de lo no tangible. Es decir, la pérdida de su cultura, de su familia, de sus amigos, de sus valores. Al fin y al cabo, los desplazados se convertían en seres errantes que incluso perdían su identidad.

El fallo del Consejo de Estado hace alusión al desempeño profesional de Correa. Este hombre era un investigador social, crítico del orden establecido, defensor de derechos humanos y de la paz al que señalaron por su actividad académica. La Sala del Consejo de Estado encontró un “ostensible yerro” en las justificaciones que dio la Fiscalía en el momento de proceder con la medida de aseguramiento, pues una de las razones con las que sustentaban tal decisión era, precisamente, el perfil académico de Correa. Para la Fiscalía, ser profesor y tener cercanía con la población desplazada eran indicio de actividades subversivas.

Ese hecho, a juicio del alto tribunal, “no puede calificarse más que de un trato discriminatorio y prejuicioso, contrario a la dignidad del procesado y que no puede aceptarse como sustento para efectos de restringir la libertad de un ciudadano”. En otras palabras, ni disentir ni cuestionar convierten a los individuos en guerrilleros.

Lo que queda claro con el pronunciamiento del Consejo de Estado, del que es ponente el magistrado Ramiro Pazos Guerrero, es que hubo un abuso de poder en cuanto a la utilización de los servicios de inteligencia del extinto DAS (que hacía seguimientos y tomas fotográficas ilegales al profesor) y una extralimitación de las funciones de la Fiscalía. De esta última cuestiona prácticamente todo su proceder en el caso y le hace un fuerte llamado de atención.

Dice la Sala que un análisis jurídico y judicial mucho más serio y preciso en la valoración de las pruebas no hubieran conducido a la privación de la libertad de Correa. Había serios indicios de que los testimonios que aportó el DAS, que eran de guerrilleros desmovilizados que aseguraban haber visto a Alfredo Correa en campamentos de las Farc, no solo eran inconsistentes, sino que parecían un libreto previamente elaborado.

De hecho, la Fiscalía dejó en libertad a Correa porque su defensa aportó pruebas suficientes de que estaba en actividades familiares y de trabajo en las fechas en las que, según los exguerrilleros, se encontraba impartiendo charlas en los campamentos de las Farc.

La Sala insiste en que la Fiscalía tenía todas las herramientas procesales y probatorias para ahondar en la investigación. Y no lo hizo. Eso significa que este organismo incurrió en “una falla del servicio”.

El tribunal concluye que el daño que sufrió Correa fue “de carácter anormal, injusto y consecuencia de un comportamiento irregular imputable a la Fiscalía”, que deberá indemnizar a la familia del sociólogo.

En cuanto al DAS, dice que “las labores de inteligencia fueron utilizadas con fines oscuros y para efectos de involucrar falsamente a defensores de derechos humanos”. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sucesora procesal del DAS, deberá, entre otras cosas, elaborar dos placas conmemorativas en homenaje al profesor y desarrollar un proyecto de investigación cuyo eje temático sean los derechos humanos.

Para la familia, este es un triunfo largamente esperado. Pero quieren más. Ahora van por el fiscal que ordenó la detención del sociólogo. La historia de Alfredo Correa de Andreis aún no termina.

Las condenas por la muerte del sociólogo

Por el asesinato de Alfredo Correa de Andreis fueron condenados ‘Jorge 40’, el jefe del Bloque Norte de las Autodefensas; Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias don Antonio, jefe militar del frente José Pablo Díaz y quien ordenó la ejecución; Juan Carlos Rodríguez de León, alias el Gato, uno de los autores materiales, y Javier Alfredo Valle Anaya, el funcionario del DAS que fabricó el montaje y que fue ascendido poco después a subdirector de la regional del DAS en Santa Marta. Valle Anaya se encuentra detenido en Estados Unidos desde octubre y sobre él pesa una circular roja de Interpol y un pedido de extradición que se radicó desde enero del 2015.

El otro condenado es el director del DAS de la época, Jorge Noguera. La Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 25 años de prisión por la muerte del sociólogo.

TATIANA ESCÁRRAGA
Editora de Redacción Domingo
En Twitter: @etatiana1

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