Tras pasar nueve años en el Cantón Norte, unidad militar de Bogotá que le sirvió de cárcel, el pasado 27 de septiembre recobró la libertad el general en retiro Rito Alejo del Río.
El oficial está condenado a 25 años y 10 meses de prisión por la muerte del líder social Marino López Mena, hecho registrado en el Urabá chocoano en 1997.
Además se le siguen procesos por supuesta complicidad con paramilitares que ejecutaron la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997 y que dejó a 30 personas muertas. También lo investigan por los asesinatos del político conservador Álvaro Gómez y del periodista y humorista Jaime Garzón.
Del Río es uno de los miembros de la Fuerza Pública que ha obtenido libertad condicionada por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque su abogado defensor advierte que no va a aceptar los hechos que le sindican, y que por el contrario va a esa justicia especial a demostrar su inocencia.
Una situación similar es la del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Él era comandante de la Séptima Brigada del Ejército, con jurisdicción en el Meta, cuando ocurrió esa matanza.
El 5 de mayo de este año, el juez 21 de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad condicionada porque en enero pidió ser incluido en la JEP. “Después de permanecer en la cárcel por más de 16 años por un delito de omisión que no cometí y sin las debidas garantías judiciales, veo en la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre”, dijo en un comunicado el oficial en retiro.
Hasta la fecha, según conoció EL TIEMPO, el Ministerio de Defensa ha remitido a la Secretaría Ejecutiva de la JEP siete listados con los nombres de 1.793 miembros de la Fuerza Pública activos o retirados que, según evaluación previa de un comité jurídico, cumplen con los requisitos para aspirar a los beneficios judiciales que otorga la JEP.
De ellos, 1.754 son del Ejército, 15 pertenecen a la Armada y 24 hacen parte de la Policía. Ninguno es de la Fuerza Aérea.
La Secretaría Ejecutiva de la JEP no ha admitido algunos casos porque los delitos cometidos no se relacionan con el conflicto armado, requisito indispensable para acceder a este modelo de justicia transicional.
La mayoría de los miembros de la Fuerza Pública que pidieron ser incluidos en la JEP van por procesos de ‘falsos positivos’
La mayoría de los miembros de la Fuerza Pública que pidieron ser incluidos en la JEP van por procesos de ‘falsos positivos’.
Un claro ejemplo es el del general en retiro William Torres Escalante, el oficial de más alto grado investigado por este tipo de casos. Las autoridades lo sindican del asesinato de Daniel Torres Arciniegas y de su hijo Roque Julio Torres, de 17 años, en hechos reportados el 16 de marzo de 2007, fecha para la cual Torres se desempeñaba como comandante de la Décimo Sexta Brigada del Ejército, con sede en Yopal, Casanare.
Padre e hijo fueron presentados como integrantes del Eln y como muertos en medio de un combate. El general se entregó en marzo del año pasado y fue recluido en una unidad militar en Bogotá. En agosto de este año recuperó su libertad porque su caso fue trasladado a la JEP.
Tanto para los casos de los miembros de la Fuerza Pública como para los de los guerrilleros que se acogen a esta justicia transicional, se tiene en cuenta el tiempo que han pasado presos por los delitos graves que cometieron durante el conflicto armado.
Si se acogen a la JEP y han superado cinco años en la cárcel, reciben la libertad condicionada mientras comienza esta justicia. Si no han cumplido cinco años en prisión, los integrantes de la Fuerza Pública son trasladados a unidades militares mientras arranca la justicia especial.
Los guerrilleros que no han cumplido cinco años en prisión y se acogen a la JEP son trasladados a las zonas donde hoy están ubicadas las Farc.
En todos los casos, de Fuerza Pública o de guerrilleros con libertad condicionada, están obligados a informar a la Secretaría Ejecutiva de la JEP un cambio de domicilio y de teléfono. Tienen prohibido salir del país.
Según la Secretaría de la JEP, hasta este viernes, 763 miembros de la Fuerza Pública habían obtenido libertad condicionada tras acogerse a la justicia especial, y 104 habían sido trasladados de cárceles a unidades militares.
General (r) Rito Alejo Del Río
Condenado a 25 años y 10 meses de cárcel por la muerte del líder social de Chocó Marino López Mena, en febrero de 1997.
Lo sindican de haberse asociado con grupos paramilitares bajo el mando de Fredy Rendón, el ‘Alemán’, en el Urabá, cuando estuvo a cargo de la Brigada 17 del Ejército en esa zona del país.
General (r) Jaime Uscátegui
Condenado a 37 años de cárcel por la denominada masacre de Mapiripán, Meta, registrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Fueron asesinadas 30 personas por los paramilitares. Se lo acusa de ‘omisión’ por una alerta temprana sobre la presencia de los ‘paras’. El oficial asegura que esa no era su jurisdicción.
General (r) Henry Torres
No está condenado, pero sí en proceso de juicio. Se lo sindica del asesinato de dos campesinos, padre e hijo: Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio, de 17 años, a quienes presentaron como integrantes del Eln en hechos reportados en 2007, cuando era comandante de la Brigada 16 del Ejército con sede en Yopal, Casanare.
Coronel (r) Jorge E. Plazas
Condenado a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del empresario judío Benjamín Koudhar, en 1998. Además está siendo investigado por el asesinato del humorista Jaime Garzón, en agosto de 1999. Y la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado por la masacre de Mapiripán.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Redacción Justicia@AyitoMendez
