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La historia de la entrega errónea del cuerpo de un indígena asesinado
Ilustración para justicia

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se mantiene desde hace años en interinidad.

Foto:

Martín García. Archivo EL TIEMPO

La historia de la entrega errónea del cuerpo de un indígena asesinado

El cuerpo de Luis Majore Domicó fue entregado a otra comunidad indígena en 2008. Corte se pronunció.

El 14 de abril de 2008, Luis Ángel Majore Domicó quien hacía parte del Cabildo Mayor Embera Katío del Resguardo de la Quebrada Cañaveral río San Jorge (Córdoba) recibió un impacto de bala, según aseguró su familia, por integrantes del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 del Ejército. La tragedia por su muerte fue mayor luego que por errores de la Fiscalía su cuerpo fuera entregado a otra familia.

Esta historia, que terminó en un enredado proceso judicial, remonta al mismo día del crimen.

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El levantamiento del cadáver lo hizo el CTI de la Fiscalía que, cuatro días después, ordenó el traslado del cuerpo al municipio de Tuchín donde un señor dijo reconocerlo como su hermano e incluso lo identificó con nombre y apellido sin serlo: Pedro Nel Peña Castillo.

Casi de inmediato, Aurelio Jumy Jarupia, gobernador del Cabildo denunció lo que a todas luces era una entrega errónea del cuerpo. La Fiscalía, al percatarse del asunto, hizo una exhumación el 24 de abril de ese 2008 y transportó el cuerpo a Puerto Libertador para ser debidamente sepultado. Pero el daño ya estaba hecho.

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Más allá de la plata gastada en el papeleo, su familia alegó en una demanda presentada contra la Nación que el traslape del cuerpo generó un daño cultural y simbólico a ellos y a la comunidad a la que pertenecían.

La antropóloga asesora del Cabildo Mayor Embera Katío dijo a la justicia que el error impidió hacer rituales de duelo ya que la comunidad temía que el cuerpo hubiera adquirido espíritus de la otra comunidad.

“Ese muerto llegó con otros rituales, con brujería nueva que va a enfermar a la comunidad, rabia y descontento entre los jaibaná, la familia la echan a un lado porque en ella hay otros espíritus. Lo enterraron en un lugar aparte del cementerio Embera donde esos espíritus no afectan los muertos Embera, narró la antropóloga.

A esto se sumó que por haber sido víctima de un crimen, tampoco se podían realizar los ritos y velorio de la víctima. Luis Ángel Domicó Pernía, otro testigo, dijo que se impidió “realizar todo lo que se acostumbra para estos casos en la comunidad, esto afectó totalmente al pueblo Embera – Katío, ya que se limitó la cacería, la confianza, la circulación para visitas entre comunidades por tierra”.

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El caso fue fallado en su favor el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que condenó a la Fiscalía por entregar el cuerpo a una familia errónea y a hacer en Montería un acto de difusión y capacitación sobre el procedimiento de entrega digna de cadáveres dirigido a los fiscales de las unidades de vida y empleados del CTI. Pero en el Consejo de Estado dicha condena se cayó.

No se allegaron otros medios probatorios para acreditar el nexo entre los hechos endilgados a la Fiscalía y el sufrimiento (por) la imposibilidad de realizar los rituales y actos propios de velación

En decisión conocida por EL TIEMPO, el alto tribunal dijo que si bien está acreditada la afectación moral de la familia, el sufrimiento y la congoja por no poder realizar sus rituales, esto no tiene relación directa con la entrega errónea de su cuerpo pues, como explicaron los testigos, el hecho de haber sido asesinado impedía hacerlos.

“La Sala concluye que existe una contradicción entre lo mencionado por los testigos, especialmente, en lo relacionado con la causa del daño moral alegado, dado que la primera testigo la imputa a la entrega errónea del cadáver y el segundo aduce que se produjo debido al miedo generado en la comunidad por temor a recibir otro ataque violento al realizar la velación del cadáver de Luis Ángel Majore Domicó”, dice el fallo.

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"No se allegaron otros medios probatorios para acreditar el nexo de causalidad entre los hechos endilgados a la Fiscalía General de la Nación y el sufrimiento derivado de la imposibilidad de realizar los rituales y actos propios de velación del cadáver", agregó el Consejo de Estado.

Al no poder relacionar la entrega del error con el daño sufrido y al encontrar que señor Aurelio Jumy Jarupia, representante del Cabildo Mayor Embera Katío del resguardo de la quebrada cañaveral río San Jorge, solo tenía poder para demandar al Ejército y no a la Fiscalía, el Consejo de Estado tumbó la condena a la Nación y la reparación que había ordenado inicialmente el tribunal.

ALEJANDRA BONILLA MORA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: AlejaBonilla

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