Horas después de que la Fiscalía capturó al exsenador Otto Nicolás Bula, el sábado 14 de enero, agentes de la DEA le solicitaron al ente acusador la posibilidad de interrogarlo.
De hecho, esa agencia facilitó uno de los aparatos de interceptación que permitieron ubicar a Bula en Chía, quien inicialmente se hospedó en el apartamento en Bogotá del senador de ‘la U’ Bernardo Elías Vidal.
Si bien el interés de la DEA radica en establecer el papel que ha jugado Bula dentro del entramado de sobornos de la multinacional Odebrecht, también verifican el nexo del ganadero de Sahagún (Córdoba) con la mafia.
Varios de los cabecillas de la ‘oficina de Envigado’, extraditados a Estados Unidos, han declarado que Bula es un viejo conocido de esa organización criminal e incluso han dado información sobre supuestos negocios de tierras con algunos de sus cabecillas. Uno de ellos señaló que Bula ofrecía todo tipo de trámites en entidades del Estado –incluido el Congreso y hasta el Invima– y habría asegurado que era informante de la DEA.
Este último dato le fue negado a EL TIEMPO por una alta fuente de la Fiscalía que aseguró que antes del escándalo de Odebrecht a Bula ya lo investigaban por enriquecimiento ilícito y líos de tierras.
Tierras y testaferrosDe hecho, desde el 2013, Agropecuaria Central aparece en un proceso de extinción de dominio. Se trata de la empresa que Bula creó después de ocupar la curul de Mario Uribe y con la cual compró predios en los Montes de María. EL TIEMPO estableció que fue embargada por orden de la Fiscalía 12 especializada contra el lavado de activos.
“El gobierno de Estados Unidos nos había enviado un dosier con información de Bula y sus presuntos nexos con la mafia. Esa información acaba de ser recuperada luego de que se esfumó por meses”, explicó la fuente de la Fiscalía. Uno de los capítulos narcos en los que Bula ha sido mencionado es en la pelea en las entrañas de la ‘oficina de Envigado’ por los bienes de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro, uno de sus cabecillas.
El gobierno de Estados Unidos nos había enviado un dosier con información de Bula y sus presuntos nexos con la mafia
‘Morro’ fue asesinado el 3 de enero del 2013 en medio de una fiesta a la que asistió la modelo Carolina Arango Geraldine, quien también murió.
Agentes antimafia tienen información según la cual capos de la ‘oficina de Envigado’ le exigieron a Bula la entrega de bienes de ‘Morro’, cabecilla de esa organización.
“Se verifica si es cierto que Bula le declaró a agentes federales que venía siendo presionado por haber comprado, de buena fe, bienes vinculados con ‘Morro’ en Llano Grande”, dijo una fuente judicial.
Y agregó que también están revisando la legalidad de varias transacciones con José Bayron Piedrahíta, quien cumple nueve meses en la Lista Clinton luego de que el Departamento del Tesoro lo señaló como financista de la ‘Oficina’.
Al respecto, Piedrahíta –quien se declara totalmente ajeno a la ‘oficina de Envigado’ y a la mafia– le admitió a EL TIEMPO que realizó compra y venta de ganado con Bula y con su esposa Carmen Luz Hoyos Abad, por 3.200 millones de pesos. Además, dijo que a través de su hija Luisa Fernanda Piedrahíta se le compró a la cónyuge de Bula una finca en Planeta Rica (Córdoba): “Todo legal”, dijo Piedrahíta.
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Otto Nicolás Bula Bula (foto) asegura que hay evidencia de sus contactos con Roberto Prieto y Andrés Giraldo.
Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
La Fiscalía verifica esa información y todas las compras y ventas de bienes que hizo Bula en pleno auge del paramilitarismo.
EL TIEMPO tuvo acceso a todas esas transacciones y comprobó que si bien figuran multinacionales colombianas de artículos de aseo, un párroco, respetables familias de políticos y afamados cantantes de Antioquia, también hay paramilitares y familiares de dirigentes en Sucre cuyas transacciones están siendo escrutadas por la Fiscalía.
En el 2006, Bula vendió un lote en la vereda Aguas Dulces de Sahagún (Córdoba), por 13 millones de pesos. Uno de los compradores es un allegado a Ramiro Emiro Muskus Dumar, exfiscal y excandidato a la gobernación de Sucre, quien defendió al ‘parapolítico’ Salvador Arana, del que fue su secretario privado. También figura una allegada al fallecido exgobernador de Córdoba, Jorge Ramón Elías Náder, investigado dentro del llamado proceso 8.000.
“Bula también aparece en una transacción de tierras con Rafael Buelvas Aldana, al parecer, funcionario del Incoder. Otro de los negocios bajo la lupa es el de un predio que terminó en manos del paramilitar Évert Veloza, alias HH, luego de que Bula se lo vendió a un tercero”, aseguró un investigador.
Bula también aparece en una transacción de tierras con Rafael Buelvas Aldana, al parecer, funcionario del Incoder.
De hecho, en la Fiscalía no descartan que si las investigaciones de la DEA contra Bula prosperan, este pueda ser pedido en extradición. Por ahora, en Colombia tendrá que responder por enriquecimiento ilícito, falsedad documental y fraude procesal dentro del expediente por la recepción de sobornos de Odebrecht.
Incluso, no se descarta que se convierta en testigo de las trampas de la multinacional para tapar el rastro de los sobornos.
“Bula atendía reuniones en una casa en Bogotá en donde grababa todo y cuyo ingreso era con un sistema biométrico. Si entrega algunas de esas grabaciones se va a armar un ‘tsunami’ político”, sentenció un investigador.
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Prescriben investigaciónLa Fiscalía prescribió la investigación contra el exsenador Bula por sus nexos con paramilitares. Era investigado por el testimonio del narcotraficante Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra por el delito de concierto para delinquir. La Fiscalía consideró que los hechos, ocurridos entre 1998 y julio del 2012, ya no podían ser investigados. La decisión fue tomada el 8 de septiembre del 2016 por un fiscal Antiterrorismo; fuentes de la Fiscalía, señalaron que no fue consultada con el jefe del ente acusador Néstor Humberto Martínez, quien llevaba pocas semana en el cargo.
Procuraduría dice que ‘hay evidencias’ para investigar a directivos del Banco AgrarioPor supuestas irregularidades en el préstamo de 120.000 millones de pesos que le hizo el Banco Agrario al consorcio Navelena, encargado de la recuperación de navegabilidad del río Magdalena, la Procuraduría abrió una investigación formal contra 14 miembros de la junta directiva de la entidad para la época de los hechos.
La investigación cobija, entre otros, a Francisco Solano Mendoza, expresidente del Banco; Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio de Hacienda, Arturo Adolfo Dajud Durán, delegado del Ministerio de Agricultura y a Juan Luis Hernández Celis, representante del Gobierno Nacional, y a Luis Fernando Mejía Alzate, representante de accionistas mayoritarios.
El Ministerio Público anunció que llamará también a Álvaro Villegas Villegas, quien se declaró impedido para participar en el proceso de asignación del crédito.
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo, a quien se le pidió responder un cuestionario que será usado como declaración juramentada para que entregue posibles pruebas, había denunciado que el crédito se dio días después de que se conociera que Odebrecht, integrante del consorcio, estaba envuelto en un escándalo de corrupción.
El comunicado de la Procuraduría dice que el órgano de control tiene “suficiente evidencia” para abrir la investigación.
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