Francisco Javier Ricaurte Gómez, uno de los hombres más poderosos y polémicos en la justicia colombiana en los últimos 15 años, se convirtió este miércoles en el primer expresidente de una alta Corte en ir preso.
Como lo reveló ELTIEMPO.COM, cuatro cargos penales relacionados con el escándalo de la corrupción de la Corte llevaron a la Fiscalía a pedir su captura. Ricaurte, que fue magistrado y presidente de la Corte Suprema, está señalado de ser uno de los cerebros de la red criminal que cobraba millonarias sumas por torcer procesos en la Sala Penal.
El miércoles, en una sesión reservada que se prolongó por horas, el juez segundo de control de garantías de Paloquemao avaló la orden de captura por cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Si fuera condenado, estos delitos sumarían 20 años de prisión. Un quinto cargo, por enriquecimiento ilícito, aún se evalúa.
Anoche, el exmagistrado se presentó con su abogado en el búnker de la Fiscalía, tras las versiones de prensa sobre la inminencia de su captura. Cuando se preparaban para salir de nuevo fueron notificados de que Ricaurte no podría hacerlo por orden judicial. La de este miércoles fue su primera noche preso, y en las próximas horas será presentando ante otro juez para legalizar la captura.
Contra el exmagistrado pesan los señalamientos del exsenador Musa Besaile, quien dijo que fue él quien en el 2014 le hizo el puente a Gustavo Moreno para que lo abordara y terminara pidiéndole 6.000 millones de pesos para frenar una orden de captura.
Pero, sobre todo, lo enreda la versión que el mismo Moreno dio ante la Corte Suprema el pasado martes, cuando confesó que en efecto Musa Besaile pagó para no ser capturado y aseguró que Ricaurte habría recibido 550 millones por esa ‘vuelta’ en la Sala Penal.
Moreno, quien para la época de los hechos litigaba ante la Corte, también salpicó al actual magistrado Gustavo Malo Fernández, quien tenía en su despacho el caso del senador cordobés y es además reconocida ficha de Francisco Ricaurte en el alto tribunal. Este último fue su subalterno en la Rama Judicial y luego, cuando llegó a la Corte, fue clave para que Malo también diera el salto desde el Tribunal de Bolívar al Palacio de Justicia.
Luis Gustavo Moreno incluso compartía oficina con Ricaurte para la época de los pagos realizados por Besaile. Esa oficina la tuvo hasta hace un año, cuando pasó a ser jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Fue detenido hace dos meses por extorsionar al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y ese caso fue el que puso en evidencia la red de corrupción que hoy sacude a la justicia colombiana. Moreno aseguró incluso que el expresidente de la Corte se había molestado por recibir “solo” 550 millones, pues se suponía que su parte en ese negociado sería mayor.
Como por la época de los hechos (2014 y 2015) Ricaurte ya no era magistrado –terminó periodo en la Sala Penal en 2012 y le quitaron su silla en la Judicatura en 2014–, su caso queda en manos de la Fiscalía, pues no tenía fuero.
Esa es la razón por la que su proceso avanza mucho más rápido que los que se adelantan en la Comisión de Acusación contra el mismo Ricaurte y contra el magistrado Gustavo Malo y el expresidente de la Corte Leonidas Bustos, todos salpicados por el escándalo.
En la mañana, Ricaurte había estado en la Comisión con Bustos. Allí ambos fueron duramente cuestionados por el senador Besaile, que reiteró ante los representantes investigadores sus denuncias de que fue extorsionado con una orden de captura por parapolítica que, según él, no tenía sustento jurídico.
Mientras avanza el caso de Ricaurte en la Fiscalía, la Corte Suprema también sigue adelante en los de Musa Besaile y otros políticos señalados de pagar para torcer sus procesos, casi todos relacionados con el escándalo de la parapolítica.
Anoche se conoció que el fiscal Néstor Humberto Martínez solicitó la renuncia del fiscal delegado ante la Corte Alfredo Betín. Él es muy cercano al magistrado Gustavo Malo y había recibido algunos cuestionamientos por este tema.
En el 2008, con apenas 45 años, Ricaurte fue el presidente más joven de la Corte Suprema. El jurista se enorgullecía de cómo había ascendido en la Rama Judicial desde citador y escribiente en un despacho en Cartagena hasta el Palacio de Justicia en Bogotá.
Más que por sus decisiones en la Sala Laboral, era reconocido por su poder en la burocracia judicial.
Su salto de la Corte Suprema de Justicia al Consejo Superior de la Judicatura en el 2012 dejó en evidencia la polémica ‘puerta giratoria’ con la que los magistrados pasaban de un tribunal a otro sin mayores recatos. En el 2014, el Consejo de Estado anuló su elección.
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