Uno de los principales reclamos en materia de justicia que se hicieron al acuerdo de Cartagena tenía que ver con la exclusión de la justicia ordinaria en temas fundamentales del mecanismo transicional. En el nuevo modelo acordado hay cambios en la materia.
Por un lado, se definió que cuando se presenten conflictos de competencias entre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la justicia ordinaria, estos serán resueltos en una ‘sala incidental’ conformada por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres magistrados de las salas de la JEP que no tengan relación con el tema en conflicto y que sean seleccionados por la plenaria del sistema transicional.
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El acuerdo precisó, además, que el Tribunal de Paz sí podrá revisar sentencias de la justicia ordinaria, pero solo en caso de que los condenados estén incluidos dentro de la definición de combatientes del Derecho Internacional Humanitario, es decir, los civiles –por ejemplo, los ‘parapolíticos’– no tendrán la opción de pedir el estudio de sus fallos.
Esa revisión, aunque vaya acompañada de un cambio en la sanción impuesta, no tendrá ninguna consecuencia de responsabilidad sobre los jueces que la hubieran proferido.
Sobre las sentencias que imponga el Tribunal Especial de Paz, el documento señala que estas harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y solo podrán ser invalidadas por el mismo Tribunal. Así, cuando otra autoridad –la justicia ordinaria– pretenda dejar sin efecto alguna amnistía o indulto, la decisión tendrá que ser sometida ante el Tribunal de Paz.
Los jueces ordinarios conocerán también de casos relacionados con la justicia transicional cuando se trate de tutelas falladas por el Tribunal de Paz. En tal caso será la Corte Constitucional la que intervenga.
En marcha, plan para reincorporación de menoresEn máximo 15 días, según quedó establecido en el nuevo acuerdo de paz, estará listo el Programa Especial para la Reincorporación de menores de edad que estén en las filas de las Farc. El documento, firmado este sábado, precisó el tratamiento que se les dará a los menores que ya dejaron la organización guerrillera o que lo harán en los próximos seis meses –tiempo que dura el proceso de dejación de las armas–. El Programa, dice el acuerdo, tiene la misión de garantizar la reincorporación integral y el acompañamiento psicosocial de los menores, además de su ubicación en lugares transitorios de acogida en municipios cercanos a las Zonas Veredales.
“A estos menores de edad se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto, así como los derivados de su proceso de reincorporación en los términos contemplados en este Acuerdo Final, y se priorizará su reagrupación familiar cuando ello sea posible”, se lee en el documento.
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