El general Henry William Torres Escalante, llamado a juicio por su presunta responsabilidad en ‘falsos positivos’, exigía a los hombres bajo su mando resultados consistentes en bajas dentro o fuera de combate, civiles o combatientes. “Lo que importaba era la cantidad y la frecuencia”.
Esa es la hipótesis de la Fiscalía, que llamó a juicio al oficial en retiro por el homicidio de dos campesinos de Aguazul (Casanare), presentados al parecer como integrantes del Eln. (Lea también: El dossier por 'falsos positivos' contra el general Torres Escalante)
Según la investigación, el general Torres Escalante sabía que no todas las muertes en combate que le reportaban habían ocurrido en circunstancias legales “y a pesar de eso estableció un sistema de incentivos positivos a las unidades que aumentaban los resultados (felicitaciones), y negativos a aquellas que no lo hicieran (escarnio, sanciones...)”.
Uno de los testigos de la Fiscalía en las investigaciones por los ‘falsos positivos’ en Casanare es el teniente Marco Fabián García, quien cumple una sentencia de 22 años de cárcel por su responsabilidad en esos hechos. El oficial sostuvo que Torres Escalante tenía conocimiento de los crímenes que estaban cometiendo sus hombres y que incluso tenía un grupo Delta que le respondía directamente a él y que era el encargado de realizar esas acciones.
Y fue el grupo Delta 6 el que, según la Fiscalía, asesinó a los campesinos Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres, quienes, de acuerdo con testigos, eran campesinos dedicados a la agricultura y no efectivos de un grupo ilegal.
La Fiscalía dice que Torres Escalante se puso de acuerdo con el coronel Fabián Sarmiento; el teniente Marco Fabián García, comandante del Grupo Especial Delta 6; el cabo Idelfonso Chavarro, y el desmovilizado alias Pastrana para montar la operación.
El oficial habría validado falsa información de inteligencia para dar vía libre a la operación, designó a los hombres de la Delta 6 para que la realizaran fuera de su jurisdicción y autorizó el pago de una recompensa.
En el expediente se cuestiona que tras el supuesto combate, los campesinos muertos fueron trasladados en helicóptero a la brigada, por lo que la inspección de los cadáveres se hizo en la unidad militar y no en el sitio en el que se registraron los hechos. Con esto, dice la Fiscalía, habría intentado desviar la investigación.
Durante las diligencias de indagatoria en la Fiscalía, el general Torres Escalante aseguró que nada tuvo que ver con esas muertes, que ejerció un adecuado control de sus tropas y que esos hechos eran responsabilidad de algunos integrantes de la brigada.
Sin embargo, la Fiscalía considera que con su exigencia de bajas terminó promoviendo los ‘falsos positivos’ y que omitió los controles para evitar esos crímenes.
Entre diciembre del 2005 y julio del 2007, el entonces coronel Torres Escalante fue el jefe de la Brigada XVI, con sede en Yopal. La Fiscalía investiga 101 casos de presuntas ejecuciones.
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