En una carta enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López, el tribunal solicitó al Gobierno Nacional que le reconozca el 5 por ciento del valor obtenido por la venta de las acciones de Isagén argumentando amparo en la Ley 1743 del 2014.
Según la dirección administrativa de la Rama Judicial, el dinero cercano a los 700.000 millones de pesos corresponde al impuesto al remate definido en la ley que otorgó nuevos recursos al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia.
Y es que el artículo 12 de la ley plantea que "los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia".
La Judicatura sostiene que los recursos ingresarían al fondo para la modernización de la Rama para ser destinados como lo indica la Ley en la puesta en marcha del sistema oral, la creación de los juzgados y la promoción de mecanismos de descongestión.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, respondió a dicha solicitud diciendo que el caso de Isagén no corresponde a lo que se refiere el impuesto al remate porque no fue una venta forzada por las deudas de la empresa, cuya finalidad en ese caso sería pagarle a los acreedores, ni tampoco fue un proceso realizado por un juez de la República.
"Consideramos que el pago de dicho impuesto no es procedente en este caso, toda vez que este proceso de enajenación no consistió en un remate, sino en una venta de acciones siguiendo el procedimiento especial dispuesto por la Ley 226 de 1995 y el artículo 60 de la Constitución Política, normas que buscan concretar el principio constitucional de la democratización, es decir, una finalidad completamente diferente a la que se busca obtener con
los procesos de remate de bienes", se lee en el documento de respuesta enviado a la Judicatura.
Señala además que "no es correcto asimilar los conceptos de subasta con remate, pues en efecto como se ha expuesto ampliamente, el remate es un concepto jurídico que no sólo significa la venta de bienes por medio de un procedimiento, sino que se refiere a una enajenación con causas y propósitos específicos, aspecto este en el
que se diferencia radicalmente de la subasta".
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