Recién elegido en la Comisión de Disciplina irá a juicio este lunes

Recién elegido en la Comisión de Disciplina irá a juicio este lunes

Fue citado en agosto por la Corte Suprema de Justicia por el caso Odebrecht. 

Juan Carlos Granados

Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá y exgobernador de Boyacá.

Foto:

Bernardo Toloza / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
03 de diciembre 2020 , 01:38 a. m.

Juan Carlos Granados Becerra, quien este miércoles acaba de ser elegido con 186 votos en el Congreso como uno de los siete integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, será acusado este lunes por el caso Odebrecht en una audiencia de inicio juicio en la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

Granados Becerra fue ternado por el presidente Iván Duque para ser integrante de esa comisión, a pesar de los cuestionamientos que hay en su contra, pues desde noviembre del 2018 la Fiscalía General le imputó cargos por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidado y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.

Pese a todo ello,  Granados, quien también fue contralor de Bogotá, resultó elegido con una votación demoledora. Gloria María Arias Arboleda, la segunda candidata que sacó más votos en esa terna, obtuvo 33.

Tras la imputación que la Fiscalía hizo en su contra ante el Tribunal Superior de Bogotá, el juicio le corresponde a la Sala Especial de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

(Lea también: Dos de siete elegidos en Comisión de Disciplina ya tienen reparos). 

EL TIEMPO conoció que este lunes Granados tendrá que asistir a la acusación en su contra en el alto tribunal, citada desde el 20 de agosto de este año. 

La audiencia se desarrollará a las 8 y 30 de la mañana, y será presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, quien tiene a cargo el proceso. 

Con este caso está claros que Granados arrancará su magistratura con un juicio a cuestas. La Comisión de Disciplina Judicial que él integrará debe quedar conformada antes de este 20 de diciembre, y su periodo de 8 años como magistrado arrancará el próximo 11 de enero. 

En esos ocho años Granados y sus compañeros tendrán funciones claves como investigar y juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, por lo que si le llegara un caso contra alguno de sus investigadores o de quienes han hecho parte del caso por el que será juzgado, tendría que declararse impedido. Lo mismo podría ocurrir si en sus manos llega a caer cualquier caso relacionado con Odebrecht. 

Según la imputación que la Fiscalía desarrolló en su contra, Granados -quien en reiteradas ocasiones ha dicho que es inocente y no aceptó los cargos- recibió dinero de Odebrecht para intentar adjudicarle la obra vial Duitama-Charalá-San Gil. 

(Lea además: Los acuerdos del Contralor de Bogotá para favorecer a Odebrecht). 

Aunque la Fiscalía y la Procuraduría habían pedido la medida de aseguramiento contra Granados en el 2018 -alegando que por ser en esa época el Contralor de Bogotá su libertad implicaba un peligro para el proceso- él se encuentra libre porque en noviembre de ese año el Tribunal Superior de Bogotá se negó a imponer esa detención, y dijo que no hay nada que impida que afronte el juicio sin estar preso. 

Durante la imputación, Granados dijo que aunque sí conoció a Luiz Bueno y Eleuberto Martoreli, directivos de Odebrecht, lo hizo cuando era gobernador y no como candidato. En todo caso, negó que hubiera recibido dinero para intentar beneficiarlos con la obra. 

(Lea también: ¿Qué ha pasado en las Cortes con la tutela de la protesta). 

En su momento la Fiscalía le imputó a Granados los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, por los que se elaborará la acusación en su contra este lunes. 

Según el ente acusador, el exgobernador supuestamente recibió entre el 3 y el 5 por ciento de lo que costaba la obra. Y en el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de 200 millones de pesos, cuyo objetivo supuestamente era financiar la campaña a la gobernación de Granados. 

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REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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