En la madrugada del 24 de diciembre, mientras los colombianos se preparaban para festejar la Navidad, la abogada Nohelia Cruz recibió una llamada desde la cárcel La Modelo de Bogotá. “Lo están colgando de la celda. Lo están matando”.
Ese día, tal y como Cruz asegura que le advirtió un preso en la llamada, murió Cristian Steven Morales, de 18 años de edad, quien había sido capturado hace tres meses. Su cuerpo apareció colgado con una sábana y solo hasta este martes la familia pudo conseguir el dinero para realizar las honras fúnebres.
Cruz, que lo defendía en un proceso por lesiones personales por el que estaba detenido con medida de aseguramiento, asegura que lo que le pasó a su cliente fue un homicidio.
El caso de Morales comenzó en octubre, cuando quedó en medio de una riña callejera. Él, hincha de Santa Fe, según la denuncia en su contra, hirió en la pierna a un joven de otro equipo, con un cuchillo, por lo que fue detenido.
Aunque la abogada asegura que desde el 2 de octubre, en la audiencia preliminar, el juez le concedió la detención domiciliaria, nunca fue enviado a su casa. El primer mes estuvo en Paloquemao, el segundo en una Unidad de Reacción Inmediata, y el tercero, en una celda primaria de la cárcel La Modelo.
La abogada afirma que, de manera inexplicable, en esas celdas especiales también están peligrosos presos que compartieron reclusión con Morales.
Fue así como el 18 de diciembre pasado el joven le contó a su abogada que lo habían violado. “Entrevisté a Cristian, quien se encontraba en un cuarto solo con una colchoneta y una cobija. Le llevaba unos implementos de aseo y, en confianza, me contó que un preso lo violó”.
El joven aceptó denunciar los hechos ante la Fiscalía, y señaló como su agresor a Jhonatan Alexander Taborda Uribe, a quien le dicen ‘el Paisa’, y paga una condena de 17 años de prisión en La Modelo por homicidio.
Aunque la abogada le envió una petición formal al director del Inpec y de la cárcel Modelo el 21 de diciembre para que permitieran el traslado de Cristian hasta su casa –una humilde vivienda en el barrio Sanandresito, en el nororiente de Bogotá– la remisión nunca se hizo efectiva, a pesar de que existía una orden judicial que la ordenaba. “Es la crónica de una muerte anunciada. Cristian quedó en peligro después de denunciar la violación y el Estado no hizo nada para protegerlo”, dice Cruz. De hecho, en la carta la abogada le decía al director del Inpec que el traslado era necesario “para prevenir algo más terrible e irreparable”.
Consultado por EL TIEMPO, el Inpec aseguró que “no realizará pronunciamiento alguno sobre el caso y que se iniciaron las investigaciones internas”.
La abogada afirma que Medicina Legal le entregará los resultados de la necropsia de Cristian en las próximas semanas donde se concluirá cómo murió.
Sin embargo, desde ya, Cruz descarta que se trate de un suicidio. “Tengo testigos en la cárcel que me dijeron que a Cristian lo mataron. Él estaba muy apegado a la vida. Incluso, habíamos conversado de las posibilidades para que terminara el bachillerato y entrara a la universidad”.
Agrega que la familia iniciará las acciones judiciales necesarias para demandar al Estado pidiendo una indemnización.
“Fue negligencia del Inpec no llevarlo a su casa durante tres meses. El juez de garantías ya había ordenado que se fuera para la casa, y no para la cárcel, por eso lo tenían en celdas primarias. Si lo iban a tener ahí detenido, tenían que cuidarlo”, asegura la abogada.
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