'Pido que se le ordene al Estado romper el pacto de impunidad'

Este martes continúa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el juicio contra Colombia por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien en el 25 de mayo del 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual.

Su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2011 y ahora está en la etapa final. Después de haber escuchado el testimonio de Bedoya y el de otros testigos y peritos, la Corte IDH escuchará este martes una declaración pericial propuesta por las representantes de las víctimas y los alegatos y observaciones finales de las partes. 

Luego de esto solo quedará la decisión de la Corte, que podría tomar varios meses o años. 

Esta audiencia, que comenzó la semana pasada, tuvo un momento crítico cuando, tras el testimonio de Bedoya, el Estado colombiano recusó a 5 de los 6 magistrados que llevan el caso y se retiró de la diligencia. Sus recusaciones, sin embargo, fueron negadas por el tribunal internacional. 

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Este martes la audiencia comenzó escuchando a la perito Clara Sandoval, experta en medidas de reparación a víctimas de violencia sexual. Sandoval comentó que las medidas de reparación deben tener un enfoque de género para que puedan ser efectivas. 

"En Colombia el recurso con mayor efectividad para las víctimas es la la Ley 1448 de 2011, que debe dar acceso a la reparación con perspectiva de género, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que hay más de 7 millones de víctimas sujeto de reparación, hay 39 mil mujeres registradas como víctimas de violencia sexual y solo el 33 por ciento han recibido reparación y se estima que tardaría 57 años reparar a todas las víctimas del RUV", explicó.

Añadió que las víctimas de violencia sexual sufren daños psicológicos y físicos y que su rehabilitación y atención es urgente. Señaló además que estas víctimas muchas veces son revictimizadas y estigmatizadas.

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Añadió que en el país, la Ley 1448 no incluye un reconocimiento de responsabilidad del Estado, sino que solo reconoce la calidad de víctima. "La persistencia dela impunidad en Colombia resta valor a su reconocimiento como víctimas", comentó al respecto Sandoval.

Concluyó diciendo que en Colombia se han adoptada medidas simbólicas para la reparación a las víctimas que, s bien son importantes,  no son suficientes. 

Acto seguido, una abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que junto con el Cejil llevan la defensa de Bedoya, interrogó a la perito sobre temas como la importancia del proceso de reparación. "Tan importante es el proceso como las formas de reparación. En el proceso se juega la rehabilitación de la víctima, en el que se la dignifica, se le demuestra que es un sujeto de derechos y que tiene la posibilidad de confiar en las instituciones del Estado. La forma en que la víctimas vive el proceso es fundamental", contestó la perito. 

Añadió que las víctimas deben estar en el centro de su proceso de reparación puesto que estas conocen mejor que nadie cuáles serían formas de reparación en su caso.

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La perito declaró también sobre la forma en que las madres de víctimas de violencia sexual son también víctimas directas del daño del estigma y la revictimización, también sufren, comentó, el temor por nuevas violencias. 

"Si persiste la impunidad no puede haber reparación integral porque no se han reformado las causas estructurales que hicieron posible la violencia", añadió, y dijo que desde el punto de vista internacional "para que proceda la reparación el hecho ilícito tiene que parar". 

Frente a la importancia de resignificar espacios en los que las víctimas sufrieron la violencia, la experta dijo que al resignificar espacios lo que se hace es demostrar que esos lugares también le pertenecen a las víctimas. 

Por su parte, la representación del Estado, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), contrainterrogó a la perito Sandoval y le preguntó si cuando los Estado implementan sistemas de reparación judiciales y administrativos se puede afirmar que están avanzando en su obligación de reparar a las víctimas. "Los Estados tienen la obligación de crear recursos que sean efectivos para responder a tipos de violación de DD. HH. En Colombia existen diversos recursos, judiciales y no judiciales para que las víctimas puedan acceder a reparación, el problema es la efectivas. No sirve de nada si las víctimas no pueden acceder a la reparación". 

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Sobre la participación de las víctimas como centralidad y reparación, la perito dijo que dependen del grado de la participación de la víctima y de si esta es efectiva e integral.

Indicó que en las medidas de satisfacción son más empoderadoras, como la resignificación de espacios, que medidas como días nacionales; "no digo que los días nacionales no sean importantes, pero no necesariamente es la mejor medida de reparación", dijo.

Respondiendo a preguntas de los magistrados, Sandoval comentó que la reparación a la libertad de expresión podría trabajarse como sujeto de reparación colectiva de periodistas. Recalcó que la resignificación de espacios sería importante, pero también debe haber garantías de no repetición, trabajar con los victimarios -para que no continúe el contexto de violencia-, transparencia de la información. 

Igualmente, mencionó que la JEP debería abrir un caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Así mismo Sandoval comentó que la violencia sexual en el conflicto e incluso la violencia contra periodistas es estructural en Colombia. 

Viviana Krsticevic, directora de Cejil, tomó primero la palabra para dar los argumentos de conclusión de parte de la defensa de Bedoya. Al respecto, comentó que la periodista se ha convertido en la voz de muchas víctimas de violencia sexual. 

"Nos preocupa que el Estado no acepte su responsabilidad por sus fallas ni por acción ni por omisión, este reconocimiento es fundamental para una reparación integral. A esto se suma que la actitud del Estado en esta audiencia ha pretendido silenciar a la periodista y revictimizarla, la actuación de Colombia ha mandado un mensaje claro: el pacto de impunidad y silencio continúa", manifestó Krsticevic.

Añadió que este caso evidencia las dinámicas más perversas del conflicto armado, el uso de la violencia sexual como arma de guerra y silenciamiento de la prensa, la impunidad. 

Añadió que ha habido impunidad en el caso de Bedoya. "Dada la gravedad de los hechos y su contexto esperamos que esta corte emita una sentencia transformadora en la que explore los distintos alances de la responsabilidad estatal en el caso".

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Respecto de las violaciones a los derechos de Bedoya, Jonathan Bock, director de la Flip, manifestó que hubo continuas amenazas contra la periodista  previas al 25 de mayo del 2000 y que el Estado no tomó la protección adecuada. 

"El Estado ha aceptado que tuvo conocimiento del riesgo en el que se encontraba Jineth Bedoya y ha señalado que su oferta de protección fue denegada por la periodista. El Estado ha negado que no recibió una carta en la que ella aceptaba esa protección. Después de esa fecha la periodista solicitó protección y en noviembre de 1999 recibió una comunicación del Ministerio de Interior que señalaba que ella no era parte de la población objeto de protección", recordó Bock. Y añadió que la falta de protección a la periodista genera responsabilidad al Estado y que esto permitió que las amenazas se materializaran el 25 de mayo del 2000. 

Añadió que para la defensa de la periodista, en ese ataque en mayo del 2000 "hubo participación directa de agentes estatales, indicios de participación de agentes del Inpec, segundo, que Jineth fuera secuestrada en la puerta de una institución estatal que tenía 3 anillos de seguridad, tercero, en el expediente hay diversas pruebas que confirmar la participación de agentes estatales", contó y añadió que un guardia la engañó para mantenerla en el lugar hasta que llegaran sus secuestradores. 

La propia Fiscalía ha señalado que este plan involucró la participación de la fuerza pública, señaló el director de la Flip, quien agregó que en su secuestro los agresores le dejaron claro a Bedoya que esto era una forma de aleccionar a la prensa.

Desde Cejil añadieron que ha habido una negación de justicia manifestada en situaciones como que se perdió su historial médico, no se recogió la cinta que usaron para amarrala ni los videos de los cuatro peajes por los que pasaron sus secuestradores.  Al comienzo solo investigaron el secuestro, añadieron, y le dijeron a Bedoya que la violencia sexual no era tan importante.

También se ha omitido abrir una línea de investigación sobre los determinadores del crimen, "es necesario investigar toda la estructura que Jineth investigaba y que buscaba silenciarla". Añadió una abogada que pese a que hay mención a más de 20 personas en el expediente, solo hay condenas contra tres autores materiales.

En último lugar habló Jineth Bedoya: "Como declaré ante ustedes, el daño causado a mi madre y a mí por las violencias sufridas hace 20 años y la impunidad no nos han permitido cerrar el ciclo de violencia Estoy ante este tribunal porque creo en el poder transformador de la justica y espero que pueda contribuir a la vida de otras mujeres periodistas y las miles de mujeres víctimas de violencia sexual".

Bedoya reiteró algunas de las reparaciones que pide: la investigación y sanción de todos los niveles de responsabilidad y que haya garantías de seguridad para ella y su madre; el cierre y resignificación de la cárcel La Modelo; y la publicación de datos sobre violencia contra periodistas.

"Lo que pido es que se le ordene al Estado romper el pacto de impunidad que ha rodeado mi caso por casi 21 años. Que la corte ordene que se investigue diligentemente mi caso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, incluyendo a los agentes del Estado, quisiera medidas de protección a mi favor y el de mi madre".

Añadió que considera esencia que se ordene el cierre de La Modelo y reivindicar el espacio físico de horrores que fue para ella y muchas personas. "Lugar que simboliza la concentración del crimen e impunidad y no el de la resocialización (...) Que se cierre el lugar sinónimo de la barbarie y se de campo a la reconstrucción", indicó. 

Así mismo, pidió que se ordene al Estado la publicación de datos desglosados sobre la violencia de género, amenazas contra periodistas y defensores de DD. HH..

"Pido en mi nombre y de mi madre, y en nombre de las y los periodistas, y de todas las víctimas de violencia sexual que manden un claro mensaje al Estado, un mensaje de reconocimiento de responsabilidad y establecimiento de la verdad completa de lo ocurrido", concluyó. 

Camilo Gómez, director de la Andje, comenzó con los argumentos de cierre ante la Corte IDH, manifestando que reconocían el trabajo de Bedoya y que el Estado trabajará por defender la libertad de prensa.

"El Estado lamenta su dolor, resalta su valentía y destaca la labor de Jineth Bedoya en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual, su labor ha reconstruido la dignidad de muchas mujeres y ha facilitado la labor de la justicia en la persecución de estos delitos atroces. El Estado no niega ni minimiza la gravedad de los hechos", manifestó. 

Gómez añadió que, a nombre del Estado, reconocía la responsabilidad "por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima, y la obligó a contar lo sucedido 12 veces, y le pide perdón a Jineth Bedoya por los hechos y el daño que le causaron".

El Estado también reconoció su responsabilidad y pidió perdón por el incumplimiento del deber de debida diligencia en las investigación de las amenazas y también por la falta de investigación del ataque contra Bedoya y su madre en 1999. 

El director de la Andje también dijo que la Nación se comprometía  a evitar que este tipos de situaciones de repitan y manifestó su compromiso con las medidas de reparación adicionales. 

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"No se pueden desconocer los importantes esfuerzos de Colombia para proteger los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, el enemigo no es el Estado sino los perpetradores y violentos. Pero sé que ningún esfuerzo excusa las fallas por las que reconocimos responsabilidad", concluyó Gómez.

Acto seguido, otra abogada de la Andje dijo que "no existen elementos en el expediente que permitan atribuirle responsabilidad a Colombia por la vulneración del deber de prevención". Dijo que cuando el Estado tuvo conocimiento de las amenazas, en julio de 1999, se ordenó un estudio de riesgo que se terminó en agosto de 1999, ese mes, dijo la abogada, le ofrecieron a Jineth un esquema de seguridad que ella no aceptó. Añadió que el Estado solo conoció de la aceptación del esquema de seguridad en 2011.

"Lo que consta en el expediente internacional es que una vez conocida la intención de los periodista de agendar una cita en la cárcel La Modelo, el teniente Molina recomendó que se informara para establecer los medios de seguridad correspondientes.  Pese a las instrucciones del teniente Molina, la periodista no avisó a las autoridades de su visita a la cárcel. El 25 de mayo de 2000 la periodista acudió a la cárcel sin haberle informado al Estado", señaló la abogada.

Añadió que las circunstancias que rodearon el hecho "muestran que el Estado no tuvo posibilidades reales para conjurar el riesgo", y dijo que varias personas, entre esas Bedoya y el periodista Jorge Cardona, coinciden en señalar que no se le advirtió a las autoridades de la visita.  Dijo además que la presencia de Bedoya por fuera de la cárcel no era fácil de percibir y que su secuestro ocurrió en muy corto tiempo, en segundos. "A la luz de lo anterior, por causa de las maniobras de grupos armado, ni antes ni durante la aprehensión hubo alarmas para que se percibiera un riesgo inmediato para actuar para prevenirlo", manifestó. 

Por esta razón, la Andje pidió a la Corte IDH declarar que el Estado no es responsable por el incumplimiento del deber de prevención. 

María Angélica Velandia de la Andje habló del deber de investigar, jugar, sancionar y reparar. Manifestó que ya hay tres condenas, por lo que sí ha habido justicia. 

Dijo también que en los primeros 6 meses tras el delito hubo múltiples acciones de investigación. 

Sobre la ausencia de condenas de determinadores, Velandia dijo que en el expediente internacional no hay pruebas de que esa ausencia de condenas se haya dado por omisión, ni que esté probada la participación de actores estatales.  "La Fiscalía ha priorizado el análisis sobre la posible participación de agentes estatales en el caso", manifestó Velandia, que negó también que haya habido prejuicios de género en la investigación. 

Dijo que no está respaldado en el expediente que no se haya investigado inicialmente su violación, sino que no se denunció eso desde un principio. 

Sobre las medidas de reparación, Velandia dijo que para Colombia es claro que no es posible una restitución, pero con el fin de contribuir al restablecimiento de su proyecto de vida se ofreció un acompañamiento psicosocial y una reparación administrativa. Dijo además que se declaró el 25 de mayo como el día nacional de conmemoración de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Y si bien dijo que es necesario que exista un centro de memoria y dignificación "para todas las mujeres que ya no están por causa del conflicto y quienes siguen luchando", dijeron que la petición de cerrar la cárcel Modelo no es viable. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la que presentó a la Corte IDH este caso, también presentó argumentos de cierre. 

Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Colombia, resaltó que si bien los Estado pueden ejercer sus derechos, el retiro de una audiencia no fortalece el juicio. "La partes deben brindar confianza a las víctimas, los interrogatorios y conductas deben evitar la reexperimentación de la experiencia traumática en al víctimas. Las muestras de empatía no deben ser calificadas como expresiones de parcialidad de los jueces", manifestó. 

Urrejola añadió que si bien anotaban el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, ese reconocimiento debe ser integral. Manifestó que el fondo de los hechos no admite controversia: el secuestro de Bedoya, la tortura y violación, que los hechos fueron en represalia por su labor periodística, que antes de los hechos hubo múltiples amenazas en su contra, incluso un atentado, y que el día anterior ella y sus compañeros denunciaron que recibieron más amenazas. 

"La controversia es si el Estado adoptó las medidas para contrarrestar esto. Constan un estudio de riesgo y una reunión con policías en la que se recibieron medidas de autoprotección", dijo. Respecto de lo primero, Urrejola mencionó que en el expediente sí consta que Jineth aceptó esa protección tras el estudio de riesgo y no la recibió.

Para la relatora lo que no consta en el expediente es que el Estado haya evaluado las medidas específicas que hubieran servido para proteger a la periodista, ni inició investigaciones por las amenazas. "El Estado no adoptó las medidas que razonablemente se esperaban para proteger a Bedoya, que era doblemente vulnerable por su condición de periodista y de mujer y estaba en riesgo extremo, particular y diferenciado", dijo Urrejola, quien añadió que "la grave omisión de prevenir la manifestación del riesgo hace que le sea atribuible al Estado la responsabilidad". 

Adicionalmente habló sobre la no investigación sobre agentes estatales que habrían participado del crimen de Bedoya y dijo que es "irrazonable que el secuestro se diera sin que la guardia, la policía y el Ejército lo advirtiera", incluso citó que la propia Fiscalía ha dicho que los elementos probatorios dan cuenta de la complicidad de agentes del Estado. 

"El estado no ha juzgado a otros autores, no se ha determinado los autores intelectuales, incluidos agentes estatales, pese a que han pasado casi 21 años. 
La investigación se abrió por secuestro y solo muchos años después se incluyó el acceso carnal. La investigación preliminar duró 11 años y se omitieron diligencias claves para identificar a todos los autores. No se tomaron fotos de las lesiones, el informe clínico completo no está en el expediente.; en la práctica, Jineth Bedoya ha sido quien ha aportado numerosas veces elementos probatorios que han generado impulso en el caso", comentó Urrejola.

Y añadió que por todo esto "El Estado incurrió en responsabilidad internacional por no haber investigado en un plazo razonable y la impunidad parcial que a más de dos décadas continúa perpetrando el efecto amedrentador contra los periodistas".

Por último, la relatora para Colombia destacó las medidas reparadoras que pidió la víctima, como el cierre de la cárcel La Modelo para ser transformada en un centro de reflexión y memoria colectiva.

Con estos alegatos orales, y algunas preguntas de los magistrados, terminó la audiencia pública. La presidenta de la Corte IDH recordó que hasta el 23 de abril las partes podrán presentar sus alegatos por escrito. 

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