Embargando los sueldos de los funcionarios responsables de firmar contratos irregulares con consorcios que vienen incumpliendo, año tras año, en la alimentación de los niños de escasos recursos, la Contraloría General inició una nueva estrategia para evitar que se sigan perdiendo dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A pesar de que las irregularidades en ese programa –manejado por el Ministerio de Educación y los entes territoriales– se identificaron desde hace más de año y medio, ni el Gobierno ni las autoridades locales han evitado la fuga de esos recursos claves para la alimentación de los menores.
Las auditorías de la Contraloría Delegada para el Sector Social detectaron que este año de ese programa se perdieron 62.488 millones de pesos en 24 departamentos del país.
Esas pérdidas equivalen al 10 por ciento de lo que el Ministerio de Educación invirtió este año en la alimentación escolar, cuyo presupuesto fue de 630.747 millones de pesos.
Solo en La Guajira, región en el que en el 2016 han muerto más de 65 niños por desnutrición, se perdieron en el segundo semestre 16.792 millones de pesos que debían destinarse para el desayuno y el almuerzo de los niños en las escuelas.
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La Contraloría asegura que en los últimos meses, más que el incumplimiento en la entrega de los alimentos que se venía presentando a comienzos de este año, la fórmula con la que ahora particulares se están quedando con recursos del PAE es a través de sobrecostos. “Ante los escándalos del PAE, los mismos niños y los maestros han sido veedores para que se les den las raciones que fueron contratadas y de buena calidad. Pero ahora las pérdidas se dan porque se firman contratos por los que se paga más de lo que realmente cuesta la comida que reciben los niños, lo que es difícil de percibir para los usuarios”, dicen fuentes de la Contraloría.
Además, pese a los cuestionamientos, los operarios que manejan el PAE en el país siguen siendo pocos. Así, “existe un entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del PAE”, dice la investigación.
En La Guajira y en Cesar, por ejemplo, dos operadores concentran los contratos del PAE. En esta región, en donde se perdieron este año 23.500 millones de la alimentación de los niños, Ivis del Carmen Rosado Rolbes y María Angélica Araújo Noguera siguen quedándose con todos los negocios. En los últimos años han ganado contratos por más de 136.000 millones de pesos.
Y en Arauca desde el 2012 la alimentación escolar ha estado en manos de un solo contratista que se queda con este negocio a través de la selección abreviada. En ese departamento se presenta siempre como único proponente la empresa Ferry Services Ltda. En los últimos cinco años esa firma se ha ganado contratos que suman 48.631 millones de pesos.
Ferry Services también tiene contratos en Casanare a nombre de la empresa, o como integrante de una Unión Temporal.
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Y en Boyacá la Fundación para el Desarrollo Social (Fudapesco) logró contratos en 31 municipios del departamento este año. El segundo contratista en la región es la Fundación Somos Manos Unidas, que entregó alimentos en colegios de 17 departamentos en el 2016.
Esas inconsistencias llevaron a que el contralor general, Edgardo Maya, le enviara una carta a la nueva ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, manifestando su preocupación por los detrimentos en todo el país. La alerta se dio porque en enero se tendrán que realizar los nuevos contratos para la alimentación de los niños en el 2017. El presupuesto que el Ministerio de Educación destinará el próximo año para el PAE será de $ 600.000 millones.
El Contralor también les envió un memorando a todos los gerentes y contralores departamentales exigiéndoles que se aceleren los procesos para determinar quiénes son los responsables del robo de recursos de los niños. Maya dice que es “urgente iniciar procesos de responsabilidad fiscal, así como adelantar las diligencias correspondientes a las averiguaciones de bienes y el decreto inmediato de las medidas cautelares”, para resarcir el daño.
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