Proteger a Eulalia Chacón Flórez, Walter Adrián Ruiz e Iván Rafael Acosta y a sus familiares fue la solicitud que la Sala Plena del Consejo de Estado les hizo al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, por formar parte de la lista de testigos en el proceso de pérdida de investidura que se cumple en contra del representante a la Cámara Édgar Alexander Cipriano Moreno.
La decisión del tribunal, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, se fundamenta en el homicidio ocurrido el pasado 14 de octubre, en el barrio Villa Alsacia de Bogotá, de Erwin Avellaneda Duarte, un contratista que había prestado servicios de telecomunicaciones en los departamentos de Guainía y Santander, y quien también figuraba en la lista de testigos en el caso contra Cipriano.
El nombre de Avellaneda salió a la luz cuando el mismo congresista lo mencionó a él y a Pablo Alba a mediados de este año y los acusó públicamente de querer involucrarlo en un caso de corrupción. Entonces ya había sido interpuesta en la Procuraduría una demanda contra Cipriano por presuntamente estar aprovechando su cargo para vender puestos en entidades públicas, entre ellos la dirección regional del Sena. Por este, según la denuncia, habría pedido 30 millones de pesos.
Aunque las autoridades afirman que no han recibido denuncias de amenazas contra los testigos en el caso de Cipriano, el Consejo de Estado dice que estas medidas son necesarias para evitar que se repitan sucesos como la muerte de Avellaneda.
En julio pasado, Caracol noticias publicó un video con cámara escondida donde se ve al congresista contando fajos de dinero. Esa habría sido una de las pruebas presentadas ante la Procuraduría. El congresista se defendió entonces diciendo que se trataba de un préstamo para unos arreglos en su casa.
Por ahora el Consejo de Estado no ha tomado una decisión de fondo sobre la investidura de Cipriano, y el caso está en manos del magistrado Carlos Enrique Moreno. Sobre las medidas de seguridad para los otros testigos, el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, señaló que aunque no está dentro de la competencia de su entidad, revisará el tema.
En enero pasado, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó una demanda que pedía anular la elección de Cipriano por compra de votos. El demandante sostuvo que el congresista suscribió actas con ciudadanos en las que se comprometía con dádivas.
Aunque en su fallo el tribunal afirmó que existían pruebas sobre las coimas a cambio de votos, negó la demanda porque se debía probar “la ocurrencia del hecho frente a las zonas, puestos y mesas de votación donde los constreñidos depositaron sus votos”, dice la sentencia.
JUSTICIA
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