Los magistrados de la Corte Constitucional continúan este martes un debate clave para el futuro de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encargará de juzgar a los guerrilleros, agentes del estado y a terceros civilmente responsables del conflicto armado.
Fuentes del alto tribunal aseguran que la Corte está buscando tomar una decisión por consenso, tal y como sucedió con el fallo que por 9 votos contra cero avaló el blindaje jurídico para el acuerdo de paz con la guerrilla. En este caso se busca que sean 7 votos contra 0, ya que dos magistrados están impedidos: Cristina Pardo y Carlos Bernal.
Uno de los puntos que ha estado en discusión para la Corte es el relacionado con la participación en política, el cual está señalado en el artículo 20 del Acto Legislativo 01 del 2017. Ese artículo establece que las penas contra las Farc no podrán ser una causa de inhabilidad para que participen en política, pero no dejó claro qué pasa con las sanciones.
Los magistrados están discutiendo si modulan el artículo de tal manera que se les permita a las Farc participar en política aún con las sanciones e inhabilidades disciplinarias o si establecen que ese es un tema que debe regular el congreso.
Este punto es clave porque de lo que defina la Corte dependerá que los exguerrilleros puedan participar en las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia.
Hasta ahora, según fuentes, en el debate se ha decidido mantener lo relacionado con la línea de mando como una forma de juzgar a los agentes del Estado. Esta había sido una crítica de la Corte Penal Internacional, considerando que como quedó redactada la ley sólo serían juzgado los militares que hayan tenido conocimiento de los hechos y por casos que hayan sido cometidos en su jurisdicción, sin tener en cuenta las omisiones o que por su rango tenían una responsabilidad sobre sus subalternos.
Otro punto de debate ha sido el relacionado con las penas alternativas que trae la JEP. Una salida que propuso el magistrado Luis Guillermo Guerrero, ponente de la decisión que debate este sistema de Justicia, es que se establezca que el Congreso debe regular las penas ya que el acto legislativo no las deja claras y únicamente se refiere a lo que quedó consignado en el acuerdo de paz. Esto se solucionaría con la ley que reglamenta la JEP y que está en trámite en el Congreso.
Los magistrados también estudian sí, como lo propuso Guerrero, se establece que los terceros civilmente responsables sólo podrán entrar a la JEP de forma voluntaria sin ser obligados por ningún juez a acudir ante ese tribunal.
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