Odebrecht y socios en Ruta del Sol, inhabilitados por diez años

Odebrecht y socios en Ruta del Sol, inhabilitados por diez años

No podrán hacer contratos con Estado. Fallo de primera instancia impone multa de $ 800.156 millones.

Odebrecht

La firma brasileña ha estado envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción de la infraestructura en varios países.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de diciembre 2018 , 04:30 p.m.

En un fallo de primera instancia, que responde a una acción popular instaurada por la Procuraduría General, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inhabilitó por 10 años a la firma constructora brasileña Odebrecht para proponer y contratar con el Estado colombiano.

Dicha inhabilidad también cobija a Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.- Episol S.A.S. y
CSS Constructores S.A., sus socios en el proyecto vial Ruta del Sol II.

En el fallo, de más de 300 páginas, también se declaró la suspensión definitiva de los efectos del Contrato 001 del proyecto, sus adiciones y modificaciones.

La firma brasileña reconoció ya que pagó sobornos a funcionarios para obtener beneficios contractuales relacionados con este proyecto vial.

Además, la decisión impone una sanción de más de 800.156 millones de pesos y declara como responsables por la comisión de actos de corrupción a Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., y a los asociados en ella: Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.- Episol S.A.S..

El  tribunal, igualmente, declaró responsable a CSS Constructores S.A., pero no por actos de corrupción sino en virtud de la responsabilidad solidaria que señala la ley.

También halló responsables  por lo mismo al exministro de Transporte Gabriel García Morales; a José Elías Melo -expresidente de Corficolombiana, de la cual Episol es filial- y al excongresista Otto Bula.

Igualmente declaró responsables a Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luis Eduardo Da Rocha, altos ejecutivos de la firma brasileña.

La inhabilidad de 10 años se extiende a todas las personas mencionadas, que no podrán contratar con el Estado ni ejercer cargos públicos en ese lapso. También deberán responder por la sanción monetaria.

Por ello, el despacho judicial ordenó mantener embargos, para garantizar el pago de la sentencia, contra las cuentas, bienes y dividendos de esas empresas y personas naturales.

El tribunal declaró igualmente responsable por la comisión de actos de corrupción a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La acción popular de la Procuraduría, que dio origen a este fallo, fue instaurada contra de la ANI, la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (“CRDS”) y sus accionistas y algunas personas naturales.

Tras conocer esta decisión judicial, la firma Episol expidió un comunicado en el cual dice que, como accionista minoritario de CRDS, "disiente de la decisión" en lo que a ella respecta y que "la sociedad está estudiando los recursos legales a su disposición, los cuales presentará de manera oportuna".

Y agrega: "Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades para seguir construyendo un país competitivo y moderno para todos los colombianos".

EL TIEMPO estableció que la firma Odebrecht, por su parte, convocó a su equipo jurídico para analizar el fallo y una de las decisiones que contempla es recurrir al Consejo de Estado para tratar de tumbarlo en segunda instancia. Además, no ha descartado la alternativa de activar demandas internacionales contra el Estado colombiano.

El procurador Fernando Carrillo calificó el fallo como "icónico" y demuestra que las sanciones para el fenómeno de la corrupción "pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilicitos".

Según el comunicado publicado por su despacho, Carrillo considera que esta decisión consolida el compromiso de la Entidad y la justicia en la defensa de la moralidad administrativa y del patrimonio público, reafirma la lucha contra las multinacionales del crimen, y consolida las bases del proyecto de ley que busca la responsabilidad penal para las personas jurídicas.


JUSTICIA

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