La Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advierten, en un informe que será divulgado este miércoles, de las situaciones críticas y la vulneración de derechos humanos de la población que se encuentra en las fronteras con Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil y Perú.
El informe señala que las problemáticas en las zonas son comunes: necesidades básicas insatisfechas, déficit en la capacidad de atención e infraestructura en las regiones y presencia de grupos ilegales que eleva el riesgo de violaciones de los derechos humanos, entre otros.
El estudio se efectuó a lo largo de 6.301 kilómetros que rodean las fronteras terrestres de los cinco países, en donde se encuestaron a 4.152 personas. De estas 2.487, el 58,8 por ciento, son víctimas de desplazamiento; 210 son colombianos expulsados de otro país y 58 son víctimas de trata de personas.
En la frontera colombo-panameña, por ejemplo, se encontraron víctimas del conflicto armado, personas en riesgo o víctimas de trata o tráfico. Uno de los factores, dice el informe, es porque esa frontera es punto de salida del país hacia Centro y Norteamérica.
En la zona, además, se evidencia el fenómeno del narcotráfico y tráfico ilícito de migrantes. En el informe se identifican rutas de cruce de fronteras utilizadas para el tráfico de migrantes que pasan por Panamá y vienen desde Turbo y Bahía Solano.
Además de estos casos, se hace énfasis en la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en las zonas. “En la frontera con Panamá hacen presencia diversos grupos étnicos, entre los que se cuentan numerosos pueblos indígenas, comunidades negras y afrocolombianas, cuya problemática en materia de derechos está estrechamente relacionada con elevados índices de pobreza, de los más altos en todo el país”, dice el documento.
En la frontera con Venezuela, la situación se complicó con la expulsión de colombianos tras la crisis en el vecino país. “Se debe proveer una política de respuesta y atención inmediata, que sea resultado de un análisis de las necesidades de las personas deportadas, retornadas o acompañadas, teniendo en cuenta que la frontera es extensa y que la regla general es la ruralidad y no la frontera urbana”, dice.
Se advierte, así mismo, sobre el incremento de enfermedades a causa de la pobreza y por no contar con un sistema de saneamiento básico. Uno de los casos analizados fue el cierre de la frontera en 2015: “Se observó que los colombianos tuvieron que desalojar forzadamente sus viviendas, dejando en estas sus enseres y bienes materiales. La principal conducta que vulneró los derechos humanos fue la agresión física y verbal por parte de las autoridades venezolanas”, agrega.
En el caso de Brasil señala que se evidenció un alto grado de movilidad transfronteriza y bajo grado de control migratorio. También hay falta de regulación territorial, como es el caso de Tarapacá, corregimiento ubicado en el departamento del Amazonas.
En la frontera con Perú hay un bajo acceso a servicios de salud y afectaciones por contaminación ambiental tras los atentados a la infraestructura petrolera y la minería ilegal.
En estas cinco fronteras, dice el informe, las violaciones más comunes a los derechos humanos son persecución, homicidio, abandono o despojo de bienes inmuebles, actos terroristas y reclutamiento ilegal de menores de edad. Por ello, la Defensoría y Acnur hacen un llamado al Estado para proteger los derechos de las personas en estas zonas.
“Es necesario establecer rutas para la atención de la población en movilidad en zonas de frontera y fortalecer a las instituciones responsables, tanto de manera permanente como en situaciones de emergencia, con la capacidad de atender tanto a migrantes como a víctimas en el exterior reingresando a Colombia”, puntualiza.
Se solicita, entre otras cosas, a la Unidad para las Víctimas que realice jornadas de atención a la población ubicada en las fronteras. También se hace un llamado al Ministerio del Interior para implementar estrategias de resolución de conflictos en las comunidades étnicas y se pide al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar medidas para prevenir el reclutamiento de menores por grupos ilegales.
Al Ministerio Público se recomienda desarrollar estrategias específicas "para acelerar la recepción de declaraciones colectivas de las víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, que están localizadas en zonas de difícil y áreas no municipalizadas en frontera".
Además se solicita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Prosperidad Social, y los gobiernos locales, para que fortalezcan las estrategias de desarrollo territorial, alternativas productivas y acceso a empleo, de los habitantes (permanentes y transitorios) de las zonas de frontera.
"El gobierno colombiano debe hacer más efectivos y eficientes los mecanismos de atención a las comunidades asentados en zonas de frontera, incluyendo el mejoramiento de sus condiciones de vida, la protección física y cultural, la protección al territorio y el fortalecimiento del gobierno propio", agrega.
Otra de las dificultades que se encontraron fue el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales de connacionales que retornan a Colombia y quienes no han realizado el proceso de registro civil de nacimiento o cuentan con doble registro en civil por haber nacido en el extranjero.
En el país, señala el informe, debe existir un reforzamiento del marco legal de protección, de las capacidades institucionales de las autoridades locales y mayor socialización de los derechos y rutas de acceso a los servicios, en zonas de frontera. Esto por ser un país receptor de personas con necesidades de protección internacional, que quieren solicitar refugio o asilo.
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