Un día después de que entró en operación la planta de producción de etanol Bioenergy, ubicada en Puerto López (Meta), y que empezó su producción con dos años de retraso, la Contraloría General reveló un informe que pone en tela de juicio la viabilidad de ese megaproyecto.
El órgano de control fiscal asegura que las demoras en la construcción de esta planta –que en el 2017 tiene como meta entregar 126.803 galones diarios de etanol (el 27 por ciento de la producción en el país)–, llevaron a que un proyecto que iba a costar inicialmente 344 millones de dólares, terminara sobrepasando los 750 millones de dólares.
Este sobrecosto se generó porque, según la Contraloría, la planta tuvo serias demoras. Por ejemplo, por nueve meses estuvo congelado el componente industrial para la producción de azúcar. A esto se sumó la escasez de la mano de obra, que implicó mayores costos preoperativos por 66 millones de dólares. También se incrementaron los gastos asociados a los créditos y los plazos de pago, que representaron una adición presupuestal de 115 millones de dólares.
“Los aumentos significativos en el presupuesto han contribuido a deteriorar la rentabilidad del proyecto, que a 2011 presentaba una expectativa del 13,3 por ciento y en la actualidad se calcula en el 1,2 por ciento”, dice la Contraloría.
Esas irregularidades podrían llevar a que la destilería termine generando millonarias pérdidas, como sucedió con la Refinería de Cartagena (Reficar). “La tasa mencionada no remunera los costos de las fuentes de financiación, con lo cual, y como ocurrió con Reficar, la empresa tendrá que hacer un gran esfuerzo para ser pagado a los accionistas como activo eficiente”, asegura.
Parte de la demora para poner a Bioenergy en marcha se originó en los procesos de contratación para la construcción de la planta de etanol, pues se negoció con empresas que no tenían la suficiente experiencia en esas obras. “En el caso particular del contrato con la firma española Isolux Ingeniería S.A. se develó su incapacidad técnica, económica y logística para desarrollar un proyecto estratégico para el país en materia de energías limpias”, se lee en el informe.
Además de los sobrecostos en ese contrato, Isolux terminó unilateralmente el negocio, hecho por el que hoy tiene una proceso de arbitramento con la Cámara de Comercio Internacional.
La investigación también asegura que si se hubiera tenido en cuenta oportunamente el verdadero presupuesto que se requería para esta planta, se “habría develado la inviabilidad del proyecto”. De hecho, se estima que la inversión que Ecopetrol hizo en esta planta se recuperará en un término mayor a los 20 años, “lo cual resulta ineficiente, debido a que Ecopetrol asumió un alto riesgo al aportar más del 50 % del capital invertido”.
Además de la baja en las cifras de rentabilidad, la Contraloría también estima que Bioenergy llegó tarde al negocio del etanol, con unas condiciones de mercado que hoy son distintas a las planeadas.
Esto porque en el 2005, cuando se ordenó que la gasolina usada en ciudades del país con más de 500.000 habitantes tuviera componentes del 10 por ciento de alcoholes carburantes, para tener biocombustibles más amigables con el medio ambiente y promover la producción sostenible, la mayoría de empresas destiladoras aprovecharon esa política y crearon modelos de negocio que la Contraloría califica como exitosos.
Sin embargo, Ecopetrol entró en la puja tan solo en el 2007, y “las deficiencias en la planeación, demoras en la ejecución del proyecto y los cambios en las condiciones actuales del mercado, hacen que los beneficios no sean los inicialmente planeados”.
Aunque Ecopetrol se vinculó al proyecto hace ya 9 años con Bioenergy, el primer litro de etanol producido por la destilería se dio hace dos días, con un grado de pureza del 99 por ciento. La planta dijo en un comunicado que “se proyectan índices positivos de ebitda para el 2018, una vez la planta logre una producción estable”.
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