Mientras avanza en el municipio de La Paz en la Serranía del Perijá el proceso de preparación e instalación de una de las 23 zonas veredales de ubicación para las Farc, la comunidad indígena yukpa está intentando por vías jurídicas frenar ese proceso y aprovechar la coyuntura para exigirle al Gobierno soluciones definitivas sobre la apropiación y utilización de su territorio ancestral. (Lea: Las 13 claves de las zonas de concentración)
Los indígenas aseguran que en la última década más de 1.000 miembros de su comunidad se desplazaron por culpa de la presión de la guerrilla y de los paramilitares hacia los municipios de Valledupar y Bosconia (Cesar) y Buritaca (Magdalena). Por eso, denuncian que aunque ellos no han logrado un plan de retorno para regresar a sus tierras, las Farc sí lo hicieron de la mano del Gobierno.
Hace dos semanas, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar admitió una tutela en la que además de exigir la realización de una consulta previa sobre si aceptan o no a las Farc en La Paz (Cesar), piden que se realicen consultas sobre la implementación de zonas de reserva campesina en la región, proyectos Zidres y proyectos de explotación minera. Además exigen que el Gobierno delimite su territorio.
En la tutela, los yukpa denuncian que desde el inicio de la negociación de La Habana y en particular desde que el municipio de La Paz apareció en la lista de zonas veredales, las Farc han estado amenazando e intimidando a los líderes de su comunidad para que no se opongan a su presencia en la Serranía del Perijá.
“Es demasiado grave que las Farc lleguen a nuestro territorio como manadas de lobos hambrientos, amenazándonos para que desistamos de nuestro derecho constitucional e internacional de que el Estado cumpla sus obligaciones de delimitar dichos territorios ancestrales y que se nos consulte por la zona veredal de normalización transitoria en el municipio de La Paz”, se lee en la tutela.
(Además: Estas son las zonas donde se concentrarían los miembros de las Farc)
El tribunal aceptó el estudio de la demanda, sin embargo, negó la medida provisional, con la que pedían la suspensión inmediata de la instalación de la zona veredal, argumentando que tendrán que esperar un análisis de fondo del documento. Los yukpa reclamaban que en un lapso no mayor a tres días el juez ordenara la suspensión hasta que no se realice la consulta previa.
Los yukpa enviaron además un documento al Gobierno y a las instituciones que componen la misión de monitoreo y verificación en el que señalan que si el juez falla de manera negativa a su solicitud de realizar la consulta previa, 13.000 indígenas se desplazarán hacia los municipios de Bosconia, Valledupar, Santa Marta y Palomino.
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