En manos del presidente Juan Manuel Santos quedó la decisión de si extradita o no a los polémicos abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo PInilla, presos por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y por pedirle un soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de favorecerlo en su proceso penal.
La Corte Suprema de Justicia avaló el envío, aunque lo condicionó a que el Gobierno de Estados Unidos garantice que los abogados podrán seguir dando declaraciones en ese país sobre los casos de corrupción en la justicia colombiana.
Esto significa, según el alto tribunal, que si el Presidente decide extraditar a Moreno y a Pinilla, el Gobierno de Estados Unidos debe "mantenerlos disponibles para que las autoridades judiciales colombianas amplíen testimonios y practiquen las diligencias que consideren necesarias en desarrollo de los procesos que adelantan en el país".
El fiscal general Néstor Humberto Martinez indicó que “toda la verdad que dice tener Moreno queda en Colombia” y que para conocer la verdadera dimensión de la corrupción en Colombia y para los procesos judiciales el capturado exfiscal Moreno habrá de intervenir gracias a la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vía electrónica en audiencias virtuales.
“La Corte Suprema ya está terminando, el día de hoy seguramente o ayer, las intervenciones de Moreno en los casos en los que debe participar y en la Fiscalía le falta una audiencia de los 26 casos en los cuales él presentó una matriz de colaboración”, agregó Martinez.
Sus testimonios son claves para conocer quiénes fueron favorecidos y participaron de la red de corrupción en el alto tribunal.
Las declaraciones, principalmente de Moreno, han llevado a que la Corte Suprema abriera procesos contra los senadores Mussa Besaile, Álvaro Ashton y la Comisión de Acusaciones investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y al magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, cuya licencia no remunerada se termina este viernes.
Al suscribir un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de que se suspenda la persecución penal en su contra por un año por cuatro delitos, Moreno se comprometió a hablar en total en contra de 26 personas.
Además de Besaile, Asthon, Bustos, Ricaurte y Malo, Moreno también ha dicho que tiene información del exmagistrado Camilo Tarquino, el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, los representantes a la Cámara Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Eugenio Gallardo, los senadores Julio Manzur, Mauricio Lizcano, Zulema Jattin, Martín Emilio Morales, y los funcionarios Martha Cristina PIneda, Luis Raúl Acero, Lus Ignacio Lyons, Alfredo Betín Sierra, Héctor Gerardo Torres, Alberto Velásquez, los exmandatarios Franklin Chaparro, Juan Carlos Abadía, Lucas Gnecco, Sandra Paola Hurtado, Alejandro Lyons y Luis Alfredo Ramos.
La acusación en contra de Moreno está programada en la Corte Suprema para el 11 de diciembre. Aunque ese proceso puede continuar aún cuando sea extraditado, por tratarse de sistema oral Moreno -quien ha dicho que va a aceptar los cargos por lo que aspiran a una rebaja del 30 por ciento de la pena- tendría que estar presente para que se pueda dar esa aceptación.
De lo que Moreno siga diciendo en esos casos dependerá que se abran nuevas investigaciones en la Corte Suprema.
De hecho, considerando que se trata de dos importantes testigos, en conceptos enviados ante la Corte Suprema senadores del Partido Verde le habían pedido que avalara una extradición diferida, que garantizara que primero cumplirán sus condenas en el país y terminarán de colaborar con la justicia colombiana antes de ser enviados. Aunque la Corte no hizo este condicionamiento como tal, el Presidente Juan Manuel Santos sí podría hacerlo y condicionar su entrega hasta que paguen sus penas en el país.
Fuentes aseguran que aunque la Corte haya condicionado la entrega de los polémicos abogados a que Estados Unidos garantice su colaboración, esa exigencia no siempre ha sido cumplida por el gobierno norteamericano. Así se dio, por ejemplo, en las extradiciones de exjefes paramilitares que, una vez tocaron suelo norteamericano al ser enviados por narcotráfico, su colaboración con la justicia colombiana se volvió casi nula.
Una de las razones por las que Moreno y Pinilla buscaron la extradición exprés es porque en Estados Unidos no les esperaría una pena muy alta, a diferencia de la que tendrían que pagar en Colombia, y buscarían tener beneficios de las autoridades de ese país.
Según fuentes que conocen el sistema, como los delitos de Moreno no afectaron a Estados Unidos directamente, el caso no sería prioritario para esa país por lo que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla podrían aspirar a una pena menor en ese territorio.
Además, según fuentes del proceso, Moreno podría buscar la protección de Estados Unidos si entregara información referente a narcotráfico (que es un delito que sí les importa a las agencias norteamericanas), datos a los que habría tenido acceso como abogado antes de entrar a la Fiscalía.
Expertos aseguran que hay muchos casos de personas que tienen cuentas pendientes con Estados Unidos pero, una vez las arreglan, se quedan viviendo en ese país y rehacen su vida pese a seguir teniendo procesos en Colombia.
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