El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) le solicitó a la Corte Constitucional que declare la existencia de una “situación de desplazamiento climático en el municipio de Providencia”, como consecuencia del paso del huracán Iota en noviembre de 2020.
(Le puede interesar: Corte estudiará tutela de la comunidad raizal afectada por el huracán Iota)
El alto tribunal estudia desde septiembre de 2021 una tutela presentada por la lideresa raizal Josefina Huffington Archbold que pide la protección de los habitantes de San Andrés y Providencia afectados por el fenómeno natural, por estimar que se han presentado dilaciones en la ayuda del Gobierno central.
(Le puede interesar: Procuraduría pide celeridad en reconstrucción tras un año del huracán Iota)
Debe ampliarse el marco normativo de desplazamiento forzado, según interpretación de instrumentos internacionales de DD.HH., que garantice derechos de los desplazados internos por cambio climático
En el marco de esa tutela, Dejusticia le pidió a la Corte evaluar el cambio climático como un factor que “afecta en mayor medida la amenaza o violación de derechos humanos”, como el acceso a la vivienda, al agua, salud, seguridad alimentaria que se han evidenciado en Providencia. Y destacó que, como consecuencia de lo sucedido, muchas personas han tenido que desplazarse de la isla hacia San Andrés y otros municipios caribeños.
Dejusticia indicó que si en la isla no se atienden asuntos de prevención y gestión de desastres, otro fenómeno natural podría agravar la situación y el desplazamiento de personas de allí.
(Le puede interesar: Reconstrucción de Providencia avanza en 49 % tras huracán Iota: Contraloría)
“Esto no solo pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de estas islas, que encuentran en este lugar su principal lugar de vivienda, sostenimiento básico y vida en general. Este riesgo de desplazamiento masivo y definitivo pone también en riesgo la pervivencia de la cultura de las personas, que hacen parte del pueblo étnico raizal, y que mantienen una relación física, ecológica y social con las islas”, dice la petición.
En 44 páginas, la organización señaló que el proceso de reconstrucción no ha tenido en cuenta un marco de adaptación ante el cambio climático, “ya que no pone como prioridad la resiliencia de las viviendas ante desastres de igual o mayor magnitud”. Y cuestionó que no existe una priorización de reconstrucción estructural de infraestructura pública, contando hospitales, instituciones educativas y apuntó que el proceso tampoco ha sido consultado con el pueblo raizal.
(Le puede interesar: Los otros atrasos en la reconstrucción de Providencia tras Iota)
Hospital de Providencia, destruido un año después de Iota.
Juan Pablo Rueda / Enviado especial de EL TIEMPO
“Este problema en la adaptación arriesga la supervivencia del pueblo raizal, ya que, ante el paso de más huracanes debido a los efectos adversos del cambio climático, la infraestructura puede quedar nuevamente destruida, y las personas, que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, pueden llegar a tener menos incentivos y garantías para permanecer en la isla”, explicó Dejusticia.
“Por ende, estaríamos ante otro evento de desplazamiento climático que puede llegar a convertirse en uno permanente, aniquilando las relaciones culturales de todo un pueblo étnico con su lugar de asentamiento”, agregó la organización que expuso a la Corte que la actual en la normativa de atención de gestión de riesgo de desastres es inadecuada para casos extremos como un huracán, u otras situaciones climáticas que deriven en el desplazamiento forzado de la población.
(Le puede interesar: Excongresista Aida Merlano empieza a declarar ante la Corte)
Por ello, para Dejusticia, “lo ideal en este caso sería que existiera una forma de activar algunas de las medidas existentes en materia de protección de víctimas del desplazamiento por conflicto armado junto con la ruta regular de gestión de desastres”. La organización apuntó que los jueces y el Ejecutivo sí pueden hacer esta interpretación para favorecer a las personas afectadas.
“Debe ampliarse el marco normativo legal de desplazamiento forzado según una interpretación armónica de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que garantice el cumplimiento de la Constitución, así como los derechos fundamentales de las personas desplazadas internas por razones ambientales o de cambio climático”, señalaron.
“Aunque el marco normativo del desplazamiento interno se reduce a acciones tendientes a atender personas desplazadas por causa del conflicto interno, realizando esta interpretación armónica con principios internacionales y doctrina internacional, se pueden garantizar más efectivamente los derechos de las personas desplazadas de Providencia y activar las salvaguardas existentes en el ordenamiento jurídico para la protección de desplazados internos”, explicaron.
(Le puede interesar: El reto que le puso la Corte al Gobierno sobre la seguridad de ex-Farc)
De otro lado, Dejusticia solicitó a la Corte que se tutele el derecho a la consulta previa de la comunidad raizal para que, como mínimo, sea tenida en cuenta la Autoridad Raizal de Providencia para la toma de decisiones. Y que se publique el plan de reconstrucción en español y lengua creole.
justicia@eltiempo.com@JusticiaET
Lea más noticias de Justicia-Uno a uno, los llamados de atención de la Corte por seguridad de ex-Farc
-'Las órdenes de la Corte obligan al Estado en su conjunto': Juan C. Ospina
-Aroldo Quiroz es el nuevo presidente de la Corte Suprema