Hacinamiento carcelario: ¿otro frente de condenas en contra de Nación?

Hacinamiento carcelario: ¿otro frente de condenas en contra de Nación?

Tras sentencia por precarias condiciones, expertos advierten que podrían venir nuevas demandas.

Mujeres detenidas
Foto:

CICR

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra  
30 de noviembre 2020 , 02:42 a. m.

Aunque en medio de la pandemia el hacinamiento carcelario del país está en el punto más bajo en los últimos 20 años, con 21,6 por ciento, esta situación aún significa una vulneración de los derechos de los reclusos y, más recientemente, un riesgo para las finanzas colombianas.

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Esto luego de que el Consejo de Estado, en una sentencia histórica, condenó a la Nación a pagar una indemnización por más de 16.000 millones de pesos a varias mujeres que, entre 2012 y 2013, estuvieron recluidas en la cárcel El Cunduy, de Florencia, Caquetá, en tales condiciones de hacinamiento (cerca del 500 por ciento) y precariedad que el alto tribunal consideró que se les vulneró su dignidad y fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta fue una sentencia de segunda instancia, por lo que es definitiva.

Desde 2012, la situación de hacinamiento del país ha variado. En ese año era del 50,4 por ciento, y en 2013, fue de 57,8 por ciento, pero aunque hoy haya menos sobrepoblación, la crisis del sistema penitenciario y carcelario está lejos de terminar, por lo que expertos consideran que, si no se atiende el problema, la de El Cunduy no será la única demanda que el Estado tenga que pagar.

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Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, consideró que si bien el fallo del Consejo de Estado abordó un caso particular, abre la puerta para otras demandas porque “la situación de las cárceles en Colombia es estructural y lleva décadas sin una solución de fondo por parte del Estado”, es decir, no se limita a lo que pasó en una cárcel particular hace seis años.

La situación de las cárceles en Colombia es estructural y lleva décadas sin una solución de fondo por parte del Estado

En el mismo sentido se expresó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien dijo que el Estado ha sido incapaz de resolver de manera pronta y efectiva el fenómeno del hacinamiento carcelario, y que esta sentencia llega como un remedio judicial para la situación tan gravosa. No obstante, señaló que para que otras demandas similares prosperen se tendrían que cumplir las mismas circunstancias fácticas y específicas que detectó el Consejo de Estado.

De otro lado, Hernández expresó que la consideración de que el hacinamiento y las condiciones del sistema carcelario generó tratos crueles, inhumanos y degradantes, no solo expondría al Estado a condenas internas sino a demandas internacionales porque sería una violación a los derechos humanos en el régimen internacional también.

No obstante, Herrera explicó que las instancias judiciales internacionales solo operan cuando hay una omisión de las autoridades internas y que una sentencia como la que emitió el alto tribunal muestra que la justicia colombiana atiende el asunto.

Frente al tema de la puerta que se está abriendo para más demandas y condenas a la Nación por los daños del hacinamiento a los reclusos, fuentes del Inpec indicaron que la realidad de las cárceles hoy es muy diferente a la que había en la época que analizó el Consejo de Estado y que las condiciones han mejorado, señalando el bajón histórico de sobrepoblación que se ha presentado este año, y que ya se está trabajando en más infraestructura carcelaria.

Sobre la sentencia particular, dijeron que las tres instituciones condenadas -Ministerio de Justicia, Inpec y Uspec- van a trabajar de manera conjunta para evaluar, de acuerdo a la ley, cuál es la siguiente acción a tomar.

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Por su lado, Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que se encarga de gestionar bienes y servicios en el sistema carcelario, dijo que respetan las decisiones judiciales pero que es “necesario que se conozcan detalladamente las competencias de cada entidad para conocer las gestiones realizadas por el gobierno nacional para disminuir el hacinamiento, y garantizar la dignificación de la población privada de la libertad”.

Salidas a la crisis

Para Hernández, de Dejusticia, parte de la solución del problema está en una de las órdenes que dio el Consejo de Estado en su sentencia: frenar el populismo punitivo. El investigador explicó que aún con nuevos cupos carcelarios -en los que ya trabaja el Estado- no se resolverá el problema de hacinamiento si cada vez nuevas normas ponen la cárcel como sanción para todo tipo de conductas, o aumentan penas y medidas similares sin basarse en evidencias fácticas de las cosas.

Parte de la solución está en una de las órdenes que dio el Consejo de Estado en su sentencia: frenar el populismo punitivo

El investigador señaló la importancia de que se aborde “una reforma estructural que reduzca el uso excesivo del encarcelamiento”. El director de la CEJ añadió que en esta trascendente sentencia se abordó precisamente una reflexión de fondo sobre “la necesidad de una política integral en material penal y penitenciaria. Es interesante plantearla en especial al Congreso que ha sido desmesurado a veces, haciendo política ‘para la galería’ sin tener en cuenta una política en lo punitivo. Este es un llamado al freno que se le debe poner al populismo punitivo”, expresó.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia discute, junto con otras entidades que tienen que ver con el tema, el Plan Nacional de Política Criminal 2020–2024, que pone como pilar la racionalidad y proporcionalidad de las penas y señala que debe evitarse el populismo punitivo.

Asegura que debe haber una metodología de evaluación del impacto de las decisiones legislativas en los fenómenos criminales y en el sistema penal, y se plantea hacer un proyecto de acto legislativo para tener un sistema de penas alternativas a la privación de la libertad.

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Y frente a la también imperiosa necesidad de nuevos cupos carcelarios, el director de la Uspec indicó que antes de finalizar el año se entregarán dos establecimientos nuevos en Ipiales y Girón, que representan 1.300 cupos nuevos, y que en estos momentos se están construyendo otros cinco proyectos que generarán 3.000 cupos aproximadamente en los próximos 2 años. Díaz agregó que antes de finalizar el 2020 se contratarán 3 proyectos carcelarios más, en Riohacha, Silvia y Medellín, para tener unos 2.500 cupos adicionales antes de finalizar el gobierno del presidente Ivan Duque.

MARÍA ISABEL ORTÍZ FONNEGRA
En Twitter: @MIOF_
Redacción Justicia

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