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Cortes

Gustavo Petro pide indemnización por perfilamientos del Ejército

El senador Gustavo Petro.

El senador Gustavo Petro.

Foto:EL TIEMPO

El caso está en manos del Consejo de Estado.

REDACCIÓN JUSTICIA
En febrero de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por las 'chuzadas' y seguimientos ilegales de los que fue víctima el senador y candidato presidencial Gustavo Petro Urrego.

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La defensa del senador apeló la decisión ante el Consejo de Estado al mostrar su desacuerdo con algunos de los ejes centrales de la decisión y tras advertir la existencia de hechos nuevos que, en su criterio, deben ser objeto de un nuevo pronunciamiento.
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En concreto, se trata de la aparición de su nombre en el nuevo escándalo de perfilamientos y chuzadas que se habrían realizado desde una unidad militar del Ejército Nacional con sede en Facatativa, que fue allanada por la Corte Suprema de Justicia en 2019.
"La 'sorpresa' para el senador y candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro era que también estaba en esas bases de datos o perfilamientos como eufemísticamente se denominan las chuzadas actualmente", dijo la defensa de Petro en el escrito de alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado.
El documento asegura que el 24 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia le contestó el derecho de petición al senador Petro confirmando que "su nombre aparece
relacionado como objeto de análisis o perfilamiento dentro de las evidencias que fueron recogidas en las diligencias de allanamiento" y que fueron denunciadas en medios de comunicación.
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Según la defensa del Petro, "es un hecho nuevo que tiene unidad de materia con el caso a decidir". Además de esta situación, el senador pide aumentar la indemnización reconocida a su favor en el fallo del Tribunal por cuenta de las chuzadas de las que fue víctima desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
"De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se considera procedente y pertinente para el caso, por ser de carácter emblemático por la utilización del aparato estatal de inteligencia, de otras agencias y de agentes del Estado colombiano de forma artera para acallar, perseguir y estigmatizar a un opositor, ordenar medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano", indicó.
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"Se debe privilegiar la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1 de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas 'de crianza' ", agregó la defensa.
El documento señala que, en este caso, existe una "convergencia de daños" para Petro y su familia que siguen presentándose después de 15 años.
Lo anterior, indicó, porque su hermano Fernando Petro ha sufrido amenazas anónimas en su casa, su madre "sigue asilada y aislada" fuera del país, lo mismo que otra de sus hermanas.
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"A su vez el Senador sufre las consecuencias del ideario popular que se creó en la época de los hechos por agentes del Estado al calificarlo con todos los epítetos que se probaron en el proceso. Tal es así que el expresidente de los Estados Unidos lo comparó con Fidel Castro y Nicolás Maduro. Lo cual refleja el grado de desinformación que sigue filtrándose a nivel nacional e internacional para enlodar el buen nombre del Senador Gustavo Petro", alega el recurso.
"El móvil de estas mentiras buscan deslegitimarlo políticamente, tal como viene ocurriendo hace quince años. Sin lugar a duda estamos ante una convergencia de daños que continúan en el tiempo. Los hijos y esposa del Senador siguen siendo estigmatizados socialmente lo que lleva un daño moral debido al miedo y al aislamiento en que viven", indicaron.
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Además, la defensa del senador aseguró al Consejo de Estado que la sentencia del Tribunal "tan sólo aborda tangencialmente y muy aferrados a las formas de perjuicios recibidos por los demandantes, pero más allá de la víctima directa y sus familiares las ilegales actuaciones de las entidades condenadas han producido un daño grave a la democracia, a la nación colombiana como estado social de derecho, pluralista que en criterio de este togado amparado por la Constitución, los derechos convencionales, ley, y la jurisprudencia".
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Por eso, insiste la defensa, no solo se está pidiendo una mayor indemnización sino también medidas de no repetición "y un mensaje contundente y al país que debe ser objeto de divulgación en todo el territorio nacional y un referente de lo que no debe hacer un gobierno intoxicado de poder que busca perpetuarse desde las estructuras del presidencialismo, pero también el fallo debe ser una lección de cómo la majestad
de la justicia actuó con perentorias decisiones para su NO repetición".
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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