José Marbel Zamora fue mano derecha del ‘Mono Jojoy’ y jefe de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc. En el 2008 fue capturado y condenado a 33 años de cárcel por rebelión, homicidio, terrorismo y secuestro. En entrevista con EL TIEMPO, Zamora, preso en la cárcel de Chiquinquirá, asegura que él y los otros presos de la guerrilla están esperando el llamado para ir a las zonas de concentración.
¿Cómo han seguido desde las cárceles el proceso de paz?
La ‘guerrillerada’ en las prisiones ha estado con mucha expectativa. Hechos como los del plebiscito han generado incertidumbre y desconcierto, pero confiamos en la delegación de las Farc y creemos que se han dado los pasos acertados. Como somos integrantes activos de las Farc, mantenemos cierta disciplina política. Por la mañana, después del aseo, nos dedicamos a estudiar el nuevo acuerdo, vemos noticias y las discutimos, hacemos reuniones políticas en las que leemos los comunicados de la organización y tenemos nuestros representantes de derechos humanos en cada patio. Cada uno está pendiente con su radio.
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¿Qué expectativas tienen?
La principal expectativa es que se presente el proyecto de ley de amnistía e indulto. Además, esperamos la salida de quienes sean amnistiados y que quienes nos acojamos a la jurisdicción especial seamos trasladados a las zonas veredales, para que se resuelva nuestra situación jurídica.
¿Mantienen contacto con el secretariado de las Farc?
El contacto más reciente fue en la décima conferencia, a la que asistimos 24 presos. Allí se nos explicó en qué consiste el acuerdo y lo que debemos asumir los combatientes que estamos en las cárceles. Al unísono decidimos que nos le vamos a meter a la paz, que nadie puede tener otra opción diferente al poder de la palabra.
¿Cómo han tenido acceso a los documentos?
En algunas cárceles lo hemos logrado con organizaciones no gubernamentales, como la Coalición Larga Vida a las Mariposas. Ellos nos hacen llegar la documentación y nos han ayudado a discernir cada punto del acuerdo. En algunas cárceles apartadas esto se ha dificultado.
¿Ya hay un censo de los guerrilleros presos?
Dentro de las cárceles ya hay censos. Las organizaciones que nos apoyan han gestionado eso y lo que se busca ahora es unificar el censo completo de todas las cárceles. En Chiquinquirá, por ejemplo, se ha logrado reagrupar a varios presos que estábamos en cárceles de varias regiones del país.
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¿Cuál es el mayor reto para las Farc con la implementación del acuerdo?
La persecución es un riesgo latente que tenemos todos los guerrilleros de las Farc. Conocemos la historia del país y sabemos que hay una clase enemiga de los procesos de paz que se ha enriquecido en la guerra. Nos da temor por la vida nuestra, pero dentro de los acuerdos de paz hay elementos que deben empezar a desarrollarse de inmediato y que evitarían un exterminio como el de la UP.
¿Cuál es la relación con el frente primero luego de que manifestaran su rechazo al proceso?
En la conferencia se tomó la decisión de que a los combatientes rasos se les haría el llamado para que recapacitaran y se vincularan al proceso. Los mandos de esa pequeña disidencia fueron expulsados de la organización. Una buena parte de los que se habían ido han vuelto otra vez para acogerse al proceso.
¿Qué piensan de las penas alternativas que se plantean en el acuerdo?
Las sanciones alternativas deben ser el modelo que debe aplicarse, si se busca la resocialización y no solo el castigo. Este proceso plantea penas y sanciones que permiten que uno de verdad pueda resarcir a la víctima y hacer un proceso de reconciliación. Las cárceles no cumplen con ninguna función, ni resocializan ni alivian el dolor de las víctimas, solo resienten más a las personas.
¿Están dispuestos a pedirles perdón a las víctimas?
Nosotros, por principios comunistas, debemos ser serios y sinceros: cuando solicitamos un perdón no lo hacemos por darnos golpes de pecho. En este proceso se necesita la reconciliación y para eso debemos esculcar nuestras faltas y pedirle a la gente afectada por el conflicto que, por favor, nos perdonen. Pero también el Estado debe resarcir el daño.
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