Pese a que en el Congreso de la República cursan tres proyectos para incrementar las sanciones contra los abusadores sexuales de menores de edad, entre ellas la aplicación de la cadena perpetua, el Gobierno Nacional reiteró este miércoles que el incremento de las penas no es la salida a esta problemática.
“El Estado debe saber comunicar y tener la capacidad de intervenir, juzgar y actuar rápidamente. Solo así se generará impacto, pues aumentar las penas no es la solución. La aplicación de una justicia rápida será un elemento clave para ponerle fin a este tipo de delitos”, aseguró el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, al término de la primera reunión de este año del Consejo de Política Criminal.
En Colombia, la pena máxima de prisión por procesos penales es de 60 años, tiempo que, según ha dicho el Ministerio de Justicia en anteriores ocasiones, puede considerarse una cadena perpetua que aún no ha logrado generar un impacto real en el comportamiento de los abusadores.
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Por esto, el viceministro Medina dijo que se va a elaborar un estudio que se convertirá en proyecto de ley para garantizar que se enfrente con eficacia ese grave delito. El estudio lo realizará el comité técnico del consejo, que deberá presentar el documento en un mes.
“Lo que queremos es decirle a la sociedad que el Estado sí trabaja para castigar a estos delincuentes”, aseguró el funcionario, quien resaltó que es importante lograr de manera ágil la judicialización eficaz y la persecución de los abusadores de menores de edad.
Un caso en el que la justicia actuó rápido fue en el proceso contra Rafael Uribe Noguera, quien será condenado el 24 de marzo por el feminicidio de la pequeña Yuliana Samboní, secuestrada, violada y asesinada en diciembre del 2016.
Una de las propuestas que el Consejo de Política Criminal presentará a la Rama Legislativa consiste en agilizar las indagaciones e investigaciones que realizan en los procesos cuyas víctimas son menores de 14 años y niños con algún tipo de discapacidad.
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Esta propuesta busca que la imputación de cargos no supere los seis meses en hechos relacionados con homicidio, feminicidio, acceso carnal violento, explotación sexual y toda actividad de este tipo que vulnere los derechos de los menores de edad.
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