El actual gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, es el quinto mandatario consecutivo de ese departamento que termina en líos judiciales.
El viernes, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira anunció que González Brito, elegido hace menos de tres meses, fue citado a imputación de cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante.
El jefe del ente acusador señaló que la Fiscalía tiene evidencias documentales y testimoniales de que en la elección del gobernador se dieron maniobras para afectar la jornada electoral en la que resultó vencedor González Brito.
El Gobernador, que fue citado para audiencia de imputación de cargos en el Tribunal de Bogotá, se excusó porque su defensa tenía otro compromiso, por lo que la diligencia se aplazó para el 9 de febrero.
En ese proceso también está enredada la concejal de Maicao Silbelly Silena Solano Iguarán y varios particulares. Fuentes cercanas al caso señalaron que la Fiscalía logró evidenciar la existencia de un ‘carrusel’ de compra de votos que se puso en marcha un mes antes de las elecciones de noviembre pasado.
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Investigadores señalaron que concejales y líderes locales financiados por personas que apoyaban al entonces candidato entregaron el dinero para pagar en efectivo por los votos, a cambio de que la nueva administración los favoreciera con contratos.
La Fiscalía tiene en su poder incluso una contabilidad en la que aparecen los pagos de entre 30.000 y 60.000 pesos hechos a ciudadanos del departamento.
Desde el mismo día de las elecciones estaban prendidas las alarmas en la Fiscalía por la captura en Maicao de una persona que transportaba en un vehículo 18 millones de pesos y por las denuncias de la Procuraduría regional sobre compra de votos en el municipio de Manaure.
Cadena de irregularidadesEl gobernador González Brito reemplazó en el cargo a la exgobernadora Oneida Pinto, cuya elección se cayó en junio del año pasado por un fallo del Consejo de Estado. Ella también tendrá que responder penalmente por irregularidades en la contratación y por las amenazas contra el gobernador encargado del departamento, el Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, quien venía haciendo denuncias sobre la grave situación de corrupción en esa zona del país.
Oneida Pinto fue elegida gobernadora el 6 de noviembre del 2015 en reemplazo de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, quien acaba de ser condenado a 55 años de cárcel por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Además, tiene otro proceso pendiente por homicidio.
Oneida Pinto Pérez, Juan Francisco 'Kiko' Gómez, Jorge Eduardo Pérez y José Luis González, condenado a 10 años de cárcel por peculado.
Gómez Cerchar fue capturado por el CTI de la Fiscalía en octubre del 2013 cuando aún se desempeñaba como gobernador del departamento.
El condenado exmandatario sucedió al exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien fue capturado en noviembre del año pasado en un proceso por peculado. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de al menos 26.000 millones de pesos destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento.
Durante la diligencia de imputación de cargos contra Pérez Bernier, la Fiscalía señaló que el exmandatario podría obstruir el proceso y dijo que supuestamente estaba recibiendo información confidencial y presionando testigos.
A su vez, Pérez Bernier reemplazó en el cargo a José Luis González Crespo, quien en el 2012 fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte Suprema, luego de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía en un proceso por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Alcalde de Riohacha responderá por tres delitosEl alcalde de Riohacha, Fabio Davis Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta Novelis, fueron capturados el viernes por la Fiscalía en una investigación por irregularidades en programas de alimentación de ese municipio.
Según el expediente, las irregularidades en los contratos ascenderían a 1.176 millones de pesos. Los funcionarios fueron capturados en la sede de la alcaldía local cuando se aprestaban a participar en un consejo de gobierno.
La Fiscalía les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
El contrato que enreda al alcalde Velásquez fue firmado el 19 de febrero del 2016, menos de dos meses después de que asumiera el cargo, con la Asociación Social del Caribe, por más de 5.000 millones de pesos.
La Fiscalía ya había advertido en noviembre del año pasado que había irregularidades en el contrato y para subsanar esas inconsistencias la administración local firmó un otrosí para garantizar que los alimentos que no habían llegado a los niños se pudieran entregar.
A pesar de esa adición, el contratista –asegura la Fiscalía– no cumplió con la totalidad de lo pactado ni con las fechas acordadas.
El contrato fue entregado sin licitación, por tratarse de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro, práctica a la que el Gobierno Nacional le puso freno a comienzos de semana con un decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos.
La norma obliga a garantizar en estos negocios que la selección sea objetiva.
Oneida Pinto, a imputación de cargosEl próximo 10 de febrero, la Fiscalía imputará cargos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto por presuntas irregularidades en un contrato por más de 16.000 millones de pesos para reducir la mortalidad infantil en Albania, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa de ese municipio guajiro.
La exmandataria responderá por los delitos de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público.
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