“Yo sabía que en La Guajira no me iba a salir a recibir la santa madre Laura. Pero nunca esperé encontrarme con un plan para asesinarme, y menos con otro para declararme loco. Eso significa que estoy pisando los callos que son”, asegura Jorge Enrique Vélez, designado gobernador encargado de La Guajira hace tan solo 107 días, tras la destitución de Oneida Pinto, de Cambio Radical.
En ese lapso, Vélez ha tomado varias decisiones claves: frenó contratos que superan los 44.000 millones de pesos, ordenó congelar un fondo mixto que se había convertido en una especie de ‘caja menor’ de sus antecesores y se está negando a girarle a la Universidad de La Guajira 30.000 millones de pesos.
Este último pago corresponde a intereses de una vieja deuda que se encuentra en pleito ante la justicia. Sin embargo, para que Vélez los desembolse, intentaron desde bloquear la pista de aterrizaje del aeropuerto de Maicao, para que su avión no aterrizara, hasta enviar a hombres encapuchados para que protagonizaran disturbios en la catedral de la ciudad. Además, le han interpuesto mil tutelas.
Ese tipo de decisiones, a 21 días de las elecciones atípicas de gobernador, lo tienen distanciado incluso de la Asamblea, que le ha bloqueado iniciativas y este martes pidió que un juez evaluara si Vélez es declarado interdicto. Pero también lo tienen en la mira de sicarios, presuntamente ligados a la destituida gobernadora, que iban a atentar contra él.
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Vélez tiene prohibido hablar del tema, pero EL TIEMPO tuvo acceso a las investigaciones de la Fiscalía y la Dijín que tienen incómodos a varios sectores.
La ‘caja menor’Por ejemplo, se rastrea el destino de 24.908 millones de pesos que la Gobernación les giró, mediante convenios interadministrativos, a 10 de sus 15 municipios: Manaure, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca, El Molino, Barrancas, Hatonuevo, Uribia y Albania.
Todos fueron firmados por la administración de Pinto y se comieron buena del presupuesto de La Guajira, que asciende a 488.000 millones de pesos. Según papeles, la plata financiará infraestructura educativa, redes eléctricas, transporte, alcantarillado y alimentación escolar, uno de los focos de corrupción en ese departamento. Pero aún nadie los ha justificado.
También se investiga al Fondo Mixto de la Cultura, concebido para apoyar a jóvenes artistas pero que, en criterio de Vélez, se convirtió en la ‘caja menor’ de los gobernadores de turno.
De allí sale dinero para viajes, pago de fiestas, servicios turísticos y hasta reinados. Entre el 2013 y lo corrido del 2016 se han girado 13.000 millones de pesos, y Vélez congeló 1.700 millones más.
Las cifras resultan al menos extravagantes para una región en la que los niños mueren de hambre.
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gobernador de la guajira amenazado de muerte
Otro filón de la investigación es el uso de dineros del erario y de regalías para proyectos que no le corresponden a la Gobernación, ya han sido hechos o son gratuitos.
Ese es el caso de ‘Primero mi nombre’, una campaña en la cual se comprometieron 4.000 millones de pesos para que la Fundación Guajira Humana buscara a niños y adultos de la etnia wayú con nombres extraños u ofensivos para registrarlos de nuevo. Vélez congeló los pagos porque ese proyecto lo adelantan de manera gratuita la Registraduría y la Superintendencia de Notariado, de la que él es titular.
Dengue y carbónEl gobernador encargado también frenó un contrato, por 18.000 millones de pesos, para “establecer la incidencia del carbón en las enfermedades”, el cual se iba a pagar con regalías, a través proyectos de ciencia y tecnología.
“Ese estudio no le corresponde hacerlo a la Gobernación, y ya lo han adelantado varias entidades locales y nacionales”, explicó Vélez.
Y hay otro más, por idéntico monto, firmado en el 2014 (en la administración de José María Ballesteros) que estaba en plena ejecución.
“El contrato tiene por objeto realizar una ‘investigación sobre determinantes de la carga de dengue e intervenciones para su reducción en La Guajira’. Pero hay denuncias sobre presuntas inconsistencias en documentos usados para su aprobación”, explica un investigador.
Se verifica si, en efecto, universidades extranjeras participaron en la formulación del proyecto, adjudicado a la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis), ONG representada por Fredi Díaz. Se intentó conocer su versión, pero no respondió los mensajes.
En varios escenarios, Díaz ha dicho que se ciñó a la ley y que tiene experiencia y seriedad. Sin embargo, hace dos semanas, la Universidad de Santander renunció de manera irrevocable a participar en el proyecto. Y la Nacional, que funge como interventora, conceptuó en julio que “Olfis no cumplió con la totalidad de obligaciones”.
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Los giros de la Gobernación a la Universidad de La Guajira también están bajo la lupa. Se hallaron 18.000 millones de pesos de regalías para doctorados. Y hay un rubro para subsidiar estudiantes según su promedio.
En este punto se quiere verificar quiénes son los beneficiados y depurar la base de datos de estudiantes, que pasó de tener 2.500 en el 2009 a cerca de 18.000. La idea es descartar registros fantasmas.
También se indaga la eficiencia del programa Educación Continua, por 54.000 millones de pesos, asignados a asociaciones indígenas. Y, en llave con la Superintendencia de Salud, se evalúa a algunas de las 35 EPS que prestan servicios a los wayús, cuyas sedes quedan en Barranquilla, sobrecargando la red pública local.
El tema del agua también está en el radar de las autoridades, que quieren saber por qué fuerzas locales se niegan a que Vélez habilite una empresa de servicios públicos que administre los acueductos regados por la región.
En cuanto a las amenazas, la exgobernadora Pinto asegura que no tiene nada que ver. Sin embargo, tendrá que asistir a una audiencia de formulación de cargos el próximo 20 de octubre, en la cual la Fiscalía destapará audios y correos que la salpican.
El plan para asesinarloUn equipo combinado de Fiscalía y Policía estableció que las llamadas amenazantes recibidas por Jorge Enrique Vélez, a mediados de agosto, salieron de un celular localizado en la cárcel La Ternera, de Cartagena. Hasta allí llegó la Fiscalía y encontró que la persona que usaba el aparato fue asesinada con arma blanca. Pero lograron llegar a su cómplice, quien colabora con la justicia. Su testimonio, correos y seguimientos electrónicos han llevado hasta el entorno de Oneida Pinto, quien niega cualquier nexo con el hecho.
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