La Corte Constitucional revisa una tutela que alega que no hubo participación efectiva de las comunidades en una audiencia en la que se presentó por parte de la Policía el Plan de Manejo Ambiental para el programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato. La tutela es clave porque la Autoridad de Licencias Ambientales ya dio su visto bueno a dicho plan y ahora, un grupo de congresistas pidió suspenderlo.
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En carta enviada a la Corte, 35 congresistas le pidieron que suspenda como medida provisional los efectos jurídicos de la Resolución 001 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, y de la Resolución Nº 00694 del 14 de abril de 2021 “Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones” expedida por la ANLA.
“Observamos con preocupación que, a través de dicha normativa, el Gobierno nacional pretende reanudar de forma inminente las fumigaciones aéreas con glifosato, en franco desconocimiento de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas, y sin cumplir los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019”, dice la petición.
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El escrito enviado a la magistrada Gloria Ortiz respalda una solicitud similar hecha por organizaciones sociales y ambientales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. “Cuando el interés público pueda verse afectado con la ejecución del acto señalado como generador de la amenaza o vulneración de derechos cuyo amparo es pretendido vía tutela, resulta procedente invocar la solicitud de medidas provisionales”, dice el escrito.
“Con la expedición de la Resolución Nº 00694 del 14 de abril de 2021 resulta más que evidente que no ha existido garantía de participación activa y vinculante de las comunidades. Al contrario, en este proceso se han vulnerado derechos fundamentales al acceso a la información y la transparencia, a la participación ciudadana y el debido proceso, a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado”, agrega la petición.
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Los congresistas argumentan, en el mismo sentido de la tutela en estudio, que en la audiencia realizada a finales de 2020 no hubo efectiva participación de las comunidades y resaltó que el anterior Plan de Manejo Ambiental fue suspendido.
“La Resolución 001 de 2020, expedida por el Ministerio del Interior como parte de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y que delimita las zonas priorizadas para la reactivación del PECIG, no fue consultada con las comunidades étnicas”, agregaron los congresistas. Entre los firmantes hay congresistas del Polo, de la Alianza Verde y del Partido Comunes.
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