Detención y libertad de Álvaro Uribe: el caso judicial del año

Detención y libertad de Álvaro Uribe: el caso judicial del año

En 2021 se sabrá si la Fiscalía lo acusa o cierra la investigación por presunto soborno a testigos.

Álvaro Uribe

Un juez permitió que la indagatoria contra Uribe en la Corte Suprema fuera aceptada como una imputación. 

Foto:

Juan Diego Buitrago. Archivo 

Por: Justicia
13 de diciembre 2020 , 01:35 a. m.

Nunca antes un proceso judicial contra un expresidente había avanzado hasta la imputación. Nunca antes un exmandatario había sido privado de su libertad. Nunca antes un proceso judicial había dividido tanto a la opinión pública. Todo esto ocurrió en el 2020.

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe ha tenido este año giros inesperados, llenándolo de incertidumbre. El pasado 3 de agosto, tras dos años de investigación, la Corte Suprema de Justicia ordenó la ‘casa por cárcel’ contra Uribe, al definir su situación jurídica y señalar que al parecer fue determinador de soborno y fraude procesal por intentar, supuestamente, manipular a tres exparamilitares para que se retractaran o controvirtieran declaraciones en las que lo relacionaban con las Auc.

(Lea también: ¿Qué viene en el caso contra Uribe tras quedar imputado por soborno?)

Tras la decisión que lo mantuvo detenido en su hacienda El Ubérrimo, en Córdoba, renunció al Senado. La renuncia llevó a que la Corte –a la que Uribe acusó de no darle garantías e, incluso, de estar actuando en retaliación– perdiera la competencia para seguir investigándolo y el caso quedara en manos de la Fiscalía, dando un nuevo giro. Por otro lado, la decisión de abandonar el Senado dejó huérfano en el capitolio a su partido, el Centro Democrático, y abrió la puja política sobre su sucesor.

Al quedar en cabeza de la Fiscalía General, el jefe de ese organismo, Francisco Barbosa, designó al fiscal Gabriel Jaimes para que se encargara del proceso. Aunque el senador Iván Cepeda –considerado víctima en este caso– dijo que ellos dos no daban garantías de imparcialidad y los recusó, la Corte Suprema negó esa petición.

(Además: Diego cadena, abogado de expresidente Uribe, seguirá detenido)

Uribe siguió detenido hasta el 10 de octubre, cuando una juez ordenó su libertad. Un mes después, un nuevo juez ratificó esa libertad, pero consideró que la indagatoria que había hecho la Corte contra Uribe sí podía equipararse a una imputación en el nuevo sistema, que es por el que ahora se lleva el caso en la Fiscalía y, por lo tanto, Uribe quedó imputado.

Desde entonces comenzaron a correr los 120 días que tiene la Fiscalía para definir si lo acusa o cierra la investigación, lo que se conocerá el otro año.

Mientras tanto, la defensa de Uribe ha insistido en que el expresidente es inocente, que nunca manipuló testigos y que frente a personas que decían que querían decir la verdad y retractarse de los señalamientos en su contra, solo pidió que lo hicieran ante las autoridades correspondientes. También ha dicho que la labor que se le había encomendado al abogado Diego Cadena –detenido por estos hechos– era verificar la veracidad de los testimonios y ha insistido en que jamás autorizó los pagos que él les hizo a testigos.

Otros hechos judiciales que marcaron el 2020Farc dice que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado
Alvaro Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995, fue candidato presidencial en tres ocasiones: 1974, 1986 Y 1990.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Tras 25 años del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, en los que la principal hipótesis de la Fiscalía en este caso –por el que hubo un condenado– era que se trató de un magnicidio en el que participaron agentes del Estado y el narcotráfico, una declaración del partido Farc le dió al caso un giro de 180 grados.

El 3 de octubre, miembros de esa exguerrilla le enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconociendo responsabilidad en 6 homicidios, entre ellos el de Gómez.

La familia de Gómez Hurtado ha dicho que no les cree y que detrás del magnicidio estuvieron involucrados políticos y que la guerrilla intenta proteger a los responsables. Los excombatientes han insistido en su versión, ratificada este jueves ante la JEP por el senador de Farc Julián Gallo.

(En contexto: Lo que se sabe de ex-Farc que tendrían datos de crimen de Álvaro Gómez)

Corte señala ataques a la protesta social
Cacerolazo en la plaza de Bolívar

Manifestantes golpean sus cacerolas en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Al revisar una tutela de varios ciudadanos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció en septiembre que en Colombia hay una vulneración sistemática del derecho a la protesta pacífica, ante los abusos del Esmad y la violencia policial, las detenciones arbitrarias de protestantes, las investigaciones injustificadas contra manifestantes, entre otros.

Para hacer estas afirmaciones, la Corte revisó varios casos en los que se afectaron los derechos de quienes protestaron en el paro nacional del año pasado.

En este fallo el alto tribunal les dio varias órdenes al Ejecutivo y a distintos organismos, como Defensoría y Procuraduría, para proteger la protesta pacífica. El proceso fue enviado a la Corte Constitucional el 7 de diciembre, alto tribunal que debe decidir si lo selecciona o no para revisión.

Arias logra impugnar su fallo y abre caminos

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, detenido en el Cantón Norte por el caso de Agro Ingreso Seguro, logró que el 21 de mayo la Corte Constitucional le aceptara una tutela y le ordenara a la Corte Suprema permitirle impugnar el fallo con el que fue condenado en única instancia a 17 años de prisión, en el 2014.

Hasta ahora la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría han pedido al alto tribunal mantener la condena. La tutela de Arias llevó a que, para garantizar igualdad, la misma Corte Suprema les permitiera a otros condenados impugnar sus fallos.

En total, la Corte aceptó revisar 84 impugnaciones de las cuales 22 son de altos exfuncionarios involucrados en chuzadas, ‘parapolítica’, ‘Yidispolítica’, ‘narcopolítica’ o corrupción, procesos que estarán en el radar público el 2021.

(Sobre el tema: Así va caso Arias, que abrió la puerta a revisión de otros 84 en Corte)

Siete soldados violaron a una niña embera
Protestas embera por caso de niña violada por soldados

Frente al Batallón San Mateo de Pereira, mujeres de la comunidad indígena embera protestaron en varios puntos del país en rechazo a la violación de una niña por parte de soldados.

Foto:

Aléxis Múnera

En junio, en un hecho que indignó al país, al menos 7 soldados secuestraron y abusaron sexualmente de una menor de edad embera chamí, de 12 años, en el corregimiento Santa Cecilia, de Pueblo Rico (Risaralda). Los soldados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, pero aún no han sido condenados.

De otro lado, la Procuraduría los sancionó en noviembre con destitución e inhabilidad general por 20 años, por lo que consideró fueron “verdaderos actos de barbarie ejecutados con constreñimiento y amenaza para satisfacer sus deseos sexuales”. Además, el Ejército informó que tiene abiertas 118 investigaciones internas contra uniformados por abuso sexual de menores, y ya 59 han sido retirados del servicio.

Los polémicos audios de la 'Ñeñepolítica

En marzo se conocieron unos audios de una llamada entre el fallecido ganadero José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández y Claudia Daza, quien integraba la UTL del expresidente Uribe, en los que se hablaba de supuestos apoyos para la campaña de Iván Duque. Daza dejó la UTL y fue citada a interrogatorio en la Fiscalía.

También declararon Luigi Echeverry, gerente de campaña y Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. Hasta ahora las autoridades no han encontrado evidencias de irregularidades.

De otro lado, Yeferson Tocarruncho y Wadith Velásquez, los policías que hicieron parte de la investigación que dejó en evidencia los audios fueron imputados por supuestamente interceptar ilegalmente teléfonos en otro caso.

Masacre en cárcel La Modelo deja 24 muertos
Cárcel La Modelo Protestas

 La Procuraduría abrió una investigación contra los directivos del penal.

Foto:

Hector Fabián Zamora. EL TIEMPO

El 21 de marzo, en medio de protestas, en la cárcel La Modelo, de Bogotá, murieron de forma violenta 24 presos. Según Medicina Legal, 23 de ellos fallecieron a causa de balas.

El Gobierno sostuvo que las protestas que desencadenaron las muertes fueron parte de un plan de fuga, mientras que la Fiscalía habló de un plan coordinado por ‘Romaña’, de las disidencias, para impulsar el amotinamiento.

Pero el 4 de diciembre la Procuraduría abrió una investigación contra directivos del penal por presuntas irregularidades que pudieron llevar a esos hechos violentos. Dijo que días antes de la masacre había alertas de que ese fin de semana podía complicarse pero, al parecer, no se tomaron las precauciones.

(Le recomendamos: Por masacre en La Modelo, Procuraduría investiga a directivos)

El Ejército, en la mira por perfilamientos

En mayo se conocieron denuncias de que unos 130 periodistas, políticos, ONG, sindicalistas y hasta un funcionario del Gobierno habrían sido perfilados por el Ejército, con carpetas que reposaban en esa institución en las que se reunía información sobre sus movimientos, contactos y otros datos.

Tras las denuncias, el Ministerio de Defensa anunció el retiro de 10 oficiales del Ejército y un general, en medio de procesos disciplinarios.

Por ese mismo caso, la Procuraduría llamó a juicio en mayo a 13 uniformados, entre ellos a los generales en retiro Luis Felipe Montoya, exjefe del Estado Mayor de Operaciones, y Gonzalo García, exjefe de inteligencia, quien pidió su baja en mayo por este caso. La diligencia aún no se ha realizado.

Saab, de empresario a testaferro de Maduro
Alex Saab

Saab permanece detenido en Cabo Verde, África.

Foto:

Portal La Patilla

Tras ser señalado por la justicia de Estados Unidos como un supuesto testaferro del régimen en Venezuela de Nicolás Maduro, el empresario barranquillero Álex Saab fue capturado en junio en Cabo Verde (África). Desde entonces se encuentra detenido en ese país, al que Estados Unidos le pidió su extradición.

En el dosier de la DEA contra Saab aparece en el organigrama la exsenadora Piedad Córdoba. Mientras tanto, en Colombia la Fiscalía General acusó a Saab en septiembre de lavado de activos, por supuestamente hacer exportaciones ficticias y evadir impuestos con su empresa Shatex S. A. También se le han incautado varios de sus bienes en el país, propiedades avaluadas en más de 60.000 millones de pesos.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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