El general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta), llevará su caso a la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Así lo dijo a EL TIEMPO José Jaime Uscátegui, hijo del oficial, tras señalar que en todo caso su padre no va a aceptar responsabilidad por la masacre perpetrada por paramilitares en julio de 1997, pero que considera que hay elementos de prueba suficientes para que se revise su proceso. (Lea también: Justicia para la Paz, la primera tarea del Congreso en el 2017)
Uscátegui, condenado por omisión, es el primero de los altos oficiales de la Fuerza Pública sentenciado por la justicia ordinaria que se acogerá al nuevo Tribunal de Paz. Al someterse a esa instancia transitoria creada en el marco del proceso de paz, el oficial podría terminar absuelto, pues las reglas de juego de la nueva justicia establecen parámetros mucho más definidos para la cadena de mando, factor que terminó siendo clave en la sentencia que se le impuso. Y en caso de que se ratifique su responsabilidad, la pena máxima sería de 20 años, reduciendo en 17 la que Uscátegui cumple en la Escuela de Caballería del Ejército.
Según las cuentas del Ministerio de Defensa, la nueva legislación de tratamiento Penal Especial Diferenciado para los Agentes del Estado, en el marco de la JEP, podría beneficiar a 5.500 integrantes de la Fuerza Pública condenados o investigados por delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Un segundo general que está dispuesto a que su proceso sea revisado por la justicia transicional es Rito Alejo del Río.
Fuentes cercanas al general, condenado a 25 años de cárcel por un homicidio cometido por paramilitares, señalaron que el oficial comparecerá ante la JEP pero en ningún caso aceptará responsabilidad por esos hechos.
Abogados de militares investigados por ‘falsos positivos’ que cumplen condenas de hasta 56 años de prisión indicaron que ellos han manifestado también su interés por acogerse a la nueva jurisdicción, pero están pendientes de varias claridades.
Por ejemplo, en el artículo 20 de la ponencia radicada este martes en el Congreso se establece que los beneficios se aplicarían a hechos relacionados con el conflicto y “sin ánimo de obtener enriquecimiento personal indebido”, y en muchos de los casos de ejecuciones la Fiscalía ha imputado cargos porque los militares se quedaron con el dinero de las recompensas que pagaron a supuestos informantes que permitieron justificar las operaciones ilegales. (Además: Por JEP, militares condenados ya podrían recuperar su libertad)
En los casos de ‘falsos positivos’, varios de los oficiales procesados dicen que están dispuestos a revelar nuevos datos sobre hasta dónde ese crimen de lesa humanidad ascendió en la cadena de mando en la década pasada.
¿Qué incentivos tienen los militares procesados o condenados por delitos relacionados con el conflicto para buscar el traslado de sus casos? Por un lado, que más de 3.500 que están procesados por delitos relativamente menores podrían beneficiarse de la figura de la renuncia a la persecución penal, que es similar a las de indulto y amnistía que recibirá la mayor parte de los guerrilleros de las Farc.
Un segundo punto clave es que una vez esté aprobado el acto legislativo se podrán aplicar las normas sobre libertades y traslado a unidades militares. El proyecto establece que quienes se acojan y cumplan las condiciones de verdad, justicia y reparación podrían quedar libres si ya cumplieron al menos 5 años detenidos, mientras se revisa el caso.
El Sistema permite además que quienes consideren que han sido injustamente condenados se sometan a las nuevas reglas (como sería el caso de Uscátegui o Del Río) sin admitir necesariamente responsabilidad. En esos casos opera la revisión, que tendrá como marco las normas del DIH y reglas claras para inferir la responsabilidad por cadena de mando.
Según el proyecto, habrá “responsabilidad del mando” cuando se compruebe que “la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando”. Igualmente, cuando el superior “tenga la capacidad efectiva” de “desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles” y de “tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados” y no lo haya hecho.
El debateDesde las 8 de la mañana de este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara espera comenzar la discusión y votación del proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego de dos reuniones entre Gobierno y ponentes se logró el texto que será puesto a consideración de los 35 integrantes de esa célula.
La iniciativa hará su trámite por la ‘vía rápida’ legislativa (fast track) a la que Congreso y Corte Constitucional le dieron vía libre desde el año pasado. Así, la reforma de la Constitución no necesita ocho debates en dos periodos legislativos, sino solo cuatro.
El representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, uno de los coordinadores ponentes, afirmó que también se hizo una “diferenciación” entre “el tratamiento a la Fuerza Pública y el del resto de agentes del Estado”. Se espera que esta misma semana se dé la aprobación para que la iniciativa vaya a plenaria de Cámara.
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