General (r) Uscátegui perdió tutela para recuperar derechos políticos

General (r) Uscátegui perdió tutela para recuperar derechos políticos

Corte dijo que debía hacerle la petición a Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. 

General Uscátegui insiste en ser inocente.

El general (r) Jaime Humberto Uscátegui a su llegada a la sala de audiencias en donde iban a ser sentenciados tres falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.

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Cesar Melgarejo /ELTIEMPO

Por: Justicia
30 de julio 2019 , 07:41 p.m.

Por considerarla improcedente, la Corte Constitucional negó una tutela que había presentado el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, y con la que pedía que se le ordenara a la Registraduría inscribir su cédula para votar en las pasadas elecciones parlamentarias del 11 de marzo del 2018. 

El alto tribunal precisó que el general debe hacer esa solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy es su juez natural. En su decisión, la Corte también precisó que el hecho de que a los exintegrantes de las Farc se les hayan revivido sus derechos políticos, se les permita votar y ser elegidos, mientras que a los exmilitares y expolicías, condenados por delitos en el marco del conflicto no, no viola el derecho a la igualdad. 

Todo comenzó porque la Registraduría se negó a inscribir a Uscátegui para las votaciones considerando que aparece como "inhabilitado" ya que tiene suspendidos sus derechos políticos por la condena que pesa en su contra por la masacre de Mapiripán (Meta). Por esa masacre, cometida entre el 15 y 20 de julio de 1997 por los paramilitares, Uscátegui paga una pena de 40 años de prisión. En esa época el general era comandante de la Séptima Brigada del Ejército.

Uscátegui le había pedido a la Registraduría inscribir su cédula para las elecciones considerando que firmó un acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, para ser juzgado por la justicia transicional. Por esa acta de sometimiento el general (r) recibió el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada el pasado 5 de mayo del 2017. Ese día salió del Cantón Norte, en donde se encontraba detenido. 

Así, el 28 de octubre del 2017 el general (r) Uscátegui acudió hasta una sede de la Registraduría en Usaquén para solicitar el registro de su cédula, y "gestionar la rehabilitación en la interdicción de derechos y funciones públicas" con el fin de poder votar en las elecciones al Congreso del año pasado. 

Pero la Registraduría se negó considerando que su documento de identidad fue dado de baja en el censo electoral ya que la condena en su contra le impuso una suspensión de sus derechos políticos y funciones públicas por un término de 10 años que se cumplen en el 2014.  

Para Uscátegui la situación violaba sus derechos, principalmente el de la igualdad y el ejercicio y control del poder político, pues consideró que la Registraduría no lo facultaba para votar, pero sí lo hizo "otras personas o grupos que se hallan en una situación fáctica y jurídica similar".

Puntualmente, Uscátegui criticó que a él no se le permita votar, pero a los integrantes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz sí se les suspendieron sus condenas penales principales y accesorias, "aún a pesar de los graves delitos cometidos, inclusive contra menores de edad, permitiéndoles por lo demás, intervenir activa y pasivamente en política". 

En cambio, dijo, a los miembros de la Fuerza Pública que se sometieron a la JEP "no se les facultó para ejercer el derecho al voto, elegir o ser elegidos, ni mucho menos para tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática". 

A los miembros de la Fuerza Pública que se sometieron a la JEP no se les facultó para ejercer el derecho al voto, elegir o ser elegidos

Según Uscátegui, por ejemplo, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como 'Timochenko', y quien era el máximo jefe de las Farc, tenía en su contra 182 procesos judiciales que abarcan condenas que suman más de 200 años de prisión, penas que fueron suspendidas por su sometimiento a la JEP. 

Por ese sometimiento, dice Uscátegui, 'Timochenko' "fue habilitado por el Estado para aspirar a la Presidencia de la República y expresar su opinión política a través de los variados instrumentos de participación ciudadana, sumado a la cúpula de esta guerrilla que, somo si fuera poco, ocupará un mínimo de 10 curules en las circunscripciones del Senado y la Cámara, con la consabida interrupción de sus penas actuales asignadas por la justicia ordinaria". 

El general (r) expuso en la tutela que el Acto Legislativo 01 del 2017, que creó la JEP, estableció mecanismos para extinguir responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias, "tanto para combatientes de grupos armados al margen de la ley como para agentes del Estado, en un plano de absoluta simetría, simultaneidad, equilibrio y equidad". 

Es en ese sentido que para Uscátegui, la suspensión de las penas y la rehabilitación de derechos políticos también debía extenderse a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos o fueron condenados por hechos relacionados con el conflicto armado, con el fin de asegurar un "tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo". 

¿Por qué la Corte no aceptó la tutela?
Jaime Humberto Uscátegui

El general (r) Jaime Humberto Uscátegui está preso en el Cantón Norte. Tiene la más alta condena contra un general en Colombia.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

Al estudiar su caso la Corte Constitucional aseguró que la tutela del general (r) es improcedente pues tiene otro mecanismo para pedir que se le devuelvan sus derechos políticos. Así, dijo el alto tribunal, Uscátegui puede acudir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para pedirle "que se pronuncie sobre su pretensión de suspensión del componente sancionatorio relativo a la interdicción de derechos y funciones públicas". 

Incluso, dice la Corte, es ante la JEP ante quien puede presentar recursos de reposición y apelación contra la decisión que emita dicha Sala, si no resultara a su favor. "Por ello, y entendiendo que existen otros mecanismos que son considerados aptos para ventilar la controversia aquí planteada (...)  esta Sala de Revisión considera que no es el recurso de amparo constitucional el escenario adecuado para el estudio de fondo del problema jurídico planteado por el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez", dijo la Corte. 

La Corte también dijo que pese a que Uscátegui tiene la facultad de pedirle a la JEP que suspenda sus penas accesorias que le impiden hoy votar y participar de elecciones, hasta ahora no lo ha hecho, pese a estar sometido a esa jurisdicción. El alto tribunal también recordó que, en todo caso, la situación jurídica de Uscátegui no se ha resuelto de fondo en la JEP y que, en cualquier situación, los beneficios que reciba de esa justicia dependen de su "contribución efectiva a la verdad y a la reparación de las víctimas". 

Finalmente, la Corte aseguró que si bien es cierto que los agentes del Estado que cometieron delitos durante el conflicto armado se encuentran en una situación semejante frente a otros beneficiarios de la JEP (como lo son las Farc), es necesario recordar que sus contextos son distintos, pues mientras los miembros de la Fuerza Pública tenían la "función de ejercer el monopolio legítimo de las armas" y eran los "garantes de los derechos fundamentales y la institucionalidad", los integrantes de grupos armados al margen de la ley son "por definición, al margen del régimen constitucional". 

Así, sostiene  la Corte, los agentes del Estado que incurrieron en delitos en el marco del conflicto armado "no se encontraban en rebelión, ni estaban cometiendo ninguno de los delitos políticos tipificados en el Código Penal". Por eso, aseguran los magistrados, se entiende que haya tratamientos diferenciados para los exguerrilleros y los militares o policías condenados. 

Los agentes del Estado no se encontraban en rebelión, ni estaban cometiendo ninguno de los delitos políticos tipificados en el Código Penal

"El tratamiento diferenciado para los distintos actores del conflicto no tiene, per se, la capacidad de configurar un desconocimiento del principio y prerrogativa básica de la igualdad, en tanto si bien es cierto que se manifiestan similitudes entre los roles desempeñados por los actores en el conflicto, también lo es que existen diferencias relevantes que exigen la adopción de medidas especializadas en el marco de la administración de justicia al interior de la JEP", dijo la Corte. 

Finalmente, el alto tribunal aseguró que la rehabilitación automática para incorporarse a la vida pública que trajo el Acto Legislativo 01 del 2017, "parece dirigirse única y exclusivamente a favorecer a quienes pertenecieron a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno y no, como lo sostiene el actor en su demanda, a los agentes del Estado que ostentan la calidad de miembros de la Fuerza Pública". Esa suspensión de las condenas a las Farc para que se reincorporen a la vida civil, dice la Corte, busca su adecuada reintegración y darles garantías mínimas. 

Según la condena en contra de Uscátegui, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el 2014, es responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo con los de secuestro agravado, delitos que cometió por omisión "dado que ostentaba la posición de garante de la población de Mapiripán, surgida de la competencia institucional como miembro de la Fuerza Pública". 

Por estos hechos, Uscátegui ha estado detenido en distintos periodos desde 1999, y ha acumulado a la fecha un total de pena física de 13 años, 6 meses y 10 días, y ha descontado con redención unos 16 años, 4 meses y 9 días. 

JUSTICIA

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