'La discapacidad en Córdoba no es un problema inventado por Funtierra'

'La discapacidad en Córdoba no es un problema inventado por Funtierra'

IPS responde a fallo en el que Corte rechazó su tutela y ordenó indagar 'tutelatón' de varias IPS.

Corte Constitucional

La Corte Constitucional rechazó 37 tutelas que pedían servicios especiales para niños con alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas. 

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
16 de diciembre 2019 , 12:08 p.m.

La IPS Funtierra se refirió al fallo de la Corte Constitucional -publicado la semana pasada en exclusiva por EL TIEMPO- en el que el alto tribunal rechazó una tutela de esa IPS, que se encarga de prestar servicios especializados a niños con alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas en Córdoba y otras regiones de la costa caribe. 

Esta es una de las 37 tutelas que la Corte Constitucional rechazó esta semana en un fallo en el que, además, el alto tribunal pidió investigar irregularidades por el crecimiento de esos recursos jurídicos en varios departamentos, especialmente de la Costa. Estas terapias son ofrecidas por diferentes IPS en el país. 

En esa decisión, la Corte ordenó investigar a médicos, IPS, directivos de dichas instituciones, EPS, instancias gubernamentales, y funcionarios judiciales que podrían estar detrás de la "tutelatón" que ha llevado a que estos tratamientos, que antes del 2004 nunca habían sido solicitados con tutelas, llegaran a 31.000 recursos judiciales en el 2014 en varios departamentos del país, y concentrándose en ciertas IPS. 

En este fallo aparece Funtierra, una de las IPS que presta estos servicios en el norte del país y que había presentado una de las 37 tutelas que evaluó la Corte. 

En un comunicado, Funtierra asegura que no es cierto -como dijo la gobernadora de Córdoba Sandra Devia Ruiz- que la Corte manifestara que no debían pagarle a la IPS por los servicios prestados sino que, a su juicio, lo que dice el alto tribunal sobre su empresa es que la tutela no es el mecanismo judicial para exigir que el ente territorial cancele sus deudas con esa IPS. 

La IPS, además, dice que es preocupante que la Corte desconozca su precedente porque hace más de 10 años este alto tribunal tuteló los casos de unos 40 niños para que fueran atendidos por Funtierra. También asegura que como las EPS se negaron a prestar terapias de neurorehabilitación a niños, los padres de familia se vieron obligados a presentar acciones de tutela "que fueron falladas imparcialmente, atendiendo los criterios de la sana crítica y el debido análisis en cada caso". 

Le entidad dice que quienes presentaron las tutelas fueron los mismos padres, y no ningún funcionario de esa IPS. También afirman que esta empresa no le cobraba a la Gobernación por la alimentación y viáticos, sino que esto era un servicio extra que esa misma institución le ofrecía a los pacientes. 

Además, asegura que la ley 100 de 1993 dice que cuando una EPS niega un tratamiento, el usuario está facultado para escoger el médico tratante que le preste el servicio y que, por eso, los mismos pacientes eran los que pedían ser atendidos por Funtierra. 

La IPS -que asegura que presta servicios en Montería, Cereté, Purísima y Plantea Rica- afirma que "la discapacidad en el departamento de Córdoba y en el mundo no es un problema de salud inventado por Funtierra,. Existen estudios en la Universidad de Córdoba que demuestran que este grave problema es ocasionado por los fungicidas, pesticidad, etc, utilizados en la agricultura, por lo que el país debe poner sus ojos sobre esta pandemia". Afirma que en Córdoba el 7 por ciento de su población es discapacitada, es decir, unas 70.000 personas que, según dice las IPS, muchas veces sólo pueden acceder a servicios a través de tutelas. 

La discapacidad en el departamento de Córdoba y en el mundo no es un problema de salud inventado por Funtierra

Sobre el incremento de las tutelas pidiendo estas terapias especiales, la EPS afirma que esto se debe a que los padres "tenían que ver impotentemente el deterioro de la salud de sus hijos con discapacidad por la negativa y negligencia de las EPS y del Estado para prestarles el servicio, pero al contar con este amparo y ser asesorados desde las mismas entidades de salud o entes territoriales, hicieron uso de este mecanismo e protección judicial". 

Finalmente, la IPS asegura que siempre ha prestado el servicio de acuerdo a lo pactado con la Gobernación, y que cuenta "con pacientes reales cuyos tratamientos fueron ordenados legalmente por jueces de tutela después de haberles sido negada la atención por las EPS".  Y asegura: "Funtierra Rehabilitación IPS, continuará utilizando las herramientas jurídicas para limpiar su nombre que la corrupción y los medios de comunicación amigos de ésta, han querido enlodar". 

¿Qué dice la Corte Constitucional sobre Funtierra? 

El comunicado de Funtierra contrasta con lo dicho por la Corte Constitucional, que en su fallo lanza varias alertas sobre presuntas irregularidades encontradas en la actuación de esta IPS, así como las que son mencionadas en las otras 36 tuelas que ese alto tribunal rechazó.
 
La Corte negó la tutela de Funtierra -confirmando decisiones del Tribunal Superior de Montería, y de la Corte Suprema de Justicia- afirmando que esta IPS "hizo uso de instrumentos jurídicos que el ordenamiento contempla en favor de los niños en situación de discapacidad, para promover causas que se relacionan con intereses de otros actores del sistema salud, y en particular, con la pretensión de que por vía judicial se mantenga a Funtierra Rehabilitación IPS como proveedora de los servicios que venía prestando en desarrollo de diversos fallos de amparo, y de que se ordene el pago por tales servicios por parte de la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba, sin que una y otra reclamación puedan ser resueltas en el escenario de la acción de tutela y sin que se encuentren plenamente justificadas". 

La Corte afirma que Funtierra reclamó los derechos de niños en el poder judicial pero fundamentalmente para "promover causas propias". En la tutela, Funtierra pedía que la Gobernación de Córdoba mantuviera su estatus de proveedor sobre 500 niños a los que venía dándoles este tratamiento de terapias especiales, y que le cancelara el valor de las prestaciones que ya había suministrado, según el fallo revelado por EL TIEMPO. 

Para la Corte, al tratarse de intereses particulares no pueden ser reclamados por la vía de la tutela -sino por la justicia administrativa u ordinaria laboral-.

Pero la Corte no solo dice que la tutela no es el mecanismo para resolver la petición de Funtierra, sino que además asegura que en este caso la supuesta vulneración a esa empresa es aún más incierta pues la IPS "suministra tecnologías en salud que no han sido incluidas en el Plan de Beneficios, con cargo a la UPC, e incluso, tecnologías que han sido excluidas de su financiación con recursos públicos, por no existir evidencia sobre su seguridad y eficacia". 

Así, la Corte afirma que la controversia planteada por Funtierra Rehabilitación IPS "no solo no puede ser resuelta en el escenario de la acción de tutela por no involucrar un auténtico asunto vinculado a la protección de los derechos fundamentales y por existir mecanismos judiciales idóneos y eficaces para resolverla, sino que, además, las solicitudes de la entidad no se encuentran justificadas". 

El alto tribunal dice que si bien es cierto que Funtierra brindó los tratamientos a partir de los convenios que suscribió, "lo cierto es que ni la suscripción de los mismos, ni la prestación de los servicios a los niños beneficiarios de las tutelas constituía un imperativo". 

Lo que encontró el alto tribunal 
Tutelas pidiendo terapias especiales para niños

Tutelas pidiendo teraTutelas pidiendo terapias especiales para niños, según el expediente de la Corte Constitucional.

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Infografía / EL TIEMPO

Con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, la Corte rechazó la tutela de Funtierra porque asegura que un juez constitucional, como lo es esa corporación, "no se encuentra habilitado para extender los alcances de un esquema de acceso al sistema de salud que no sólo sustituye los elementos estructurales del sistema de salud, sino que, además, no se configuró necesariamente en función de los derechos ni en función del interés superior de los niños". 

Para la Corte, no se puede validar ni aceptar lo que pide Funtierra por varias razones que el alto tribunal cita en su decisión: "la circunstancia de que Funtierra haya gestionado directamente a través de los padres y acudientes de los niños las acciones de tutela, que las prescripciones médicas hayan sido expedidas por los mismos dos médicos particulares y que estas coincidan con las tecnologías ofertadas por la IPS, que los servicios brindados tengan componentes de terapias que se encuentran en el POS pero que hayan sido calificadas como NO POS, que algunas de las terapias prescritas hayan sido cuestionadas en el sistema público de salud por no existir evidencia de su seguridad y eficacia, que las patologías identificadas no den cuenta de sus características estructurales ni de su gravedad, ni tampoco está soportada en criterios diagnósticos claros".

Pero además, el alto tribunal dijo que los argumentos de esa IPS tampoco tienen validez por el hecho de que "los servicios brindados por Funtierra tengan una naturaleza mixta que involucra componentes no solo asociados a la salud, sino también a la educación diferenciada, a la recreación y al cuidado general de menores de edad", aseguró la Corte. 

El caso de Funtierra llamó la atención de la Corte debido a que el alto tribunal asegura que esta sola IPS facturó 16.280 millones de pesos "por concepto de servicios prestados a menores de edad con fundamento en órdenes impartidas por jueces de tutela", dinero que recibió por parte de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. El monto del dinero, dice esta corporación, es una "suma nada despreciable si se tiene en cuenta que corresponde a dineros recibidos por los servicios prestados durante dos años por una sola IPS que funciona únicamente en dos municipios del país". Funtierra afirma que no sólo está en dos municipios sino en cinco. 

1. IPS promueve las tutelas

Otro de los aspectos que llamó la atención de la Corte frente a estas tutelas es que, contrario a lo que afirma Funtierra, el alto tribunal encontró que son las mismas IPS quienes las promueven, constituyéndose en representantes legales de "niños en condición de discapacidad". 

En el caso de Funtierra, el alto tribunal dijo que, según expresaron algunos familiares de los niños que fueron tratados por esa IPS, esa institución "no solo les brindó las terapias solicitadas en las acciones judiciales, sino que, además, previamente a ello contactó a los pacientes a través de visitas domiciliarias, charlas informativas en centros educativos, llamadas telefónicas o contactos a través de distintos intermediarios, informándoles de la posibilidad de acceder gratuitamente a los servicios del centro de salud mediante la interposición de una acción de tutela que la misma entidad impulsaría en los estrados judiciales, y, una vez contactados, tramitó los amparos constitucionales", asegura la sentencia de la Corte. 

La Corte asegura que en el proceso ante el alto tribunal algunos padres manifestaron que su intervención en el trámite judicial consistió únicamente en “firmar unos papeles” y en presentar una copia de su cédula de ciudadanía y de la tarjeta de identidad o del registro civil del paciente en la IPS, "la cual habría gestionado directamente las acciones de tutela. Algunos padres manifestaron, incluso, que desconocían que se hubiesen interpuesto amparos constitucionales en su nombre". 

2. Dos médicos firmaron las prescripciones 

La Corte también dice en su sentencia que los fallos judiciales que ordenaron las terapias para los 500 niños que atendió Funtierra y sobre los que pedía que se le pagara el dinero, vienen de prescripciones médicas expedidas por "sólo dos profesionales de salud", los médicos Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja. Y tutelas no sólo ordenaban el tratamiento. También, dice la Corte, que se sufragara con cargo al ente territorial "los gastos de transporte de los menores" y alimentación. 

Todos esto, dice la Corte, sin que pudieran intervenir las EPS "fijando con amplio margen de discrecionalidad las condiciones para la provisión de los servicios, incluyendo el esquema tarifario". 

Como la misma IPS puede negociar directamente con la Gobernación el valor de las terapias, no debe someterse a estándares y controles de las EPS, ni tampoco al régimen regular de contratación estatal, asegura la Corte. "Aunque para la Corte resulta de la mayor importancia que las personas del régimen subsidiado puedan acceder integralmente a las prestaciones que integran el derecho fundamental a la salud, también resulta inquietante que esta circunstancia sea utilizada para sustraerse del sistema de controles y verificaciones para la provisión de tecnologías en salud", afirma el alto tribunal. 

3. Tutelas iban dirigidas a la IPS

La Corte llamó la atención porque las tutelas iban encaminadas a que los servicios se prestaran en determinadas IPS. En el caso de Funtierra, los fallos de tutela que sirvieron de soporte para las terapias que se realizaron aseguran que los tratamientos "deben ser provistos por Funtierra Rehabilitación IPS, ya que las terapias prescritas por los médicos tratantes, normalmente no incluidas en el Plan de Beneficios o excluidas de su financiación con recursos públicos, no son ofertadas por ninguna otra IPS de la región".

El alto tribunal dice que aunque en su momento algunas EPS reclamaron su facultad para designar la IPS que podría prestar el servicio, ya que de lo contrario Funtierra se quedaría con todos los servicios de salud que requieren los menores, "en general la respuesta judicial consistió en acoger la solicitud de los accionantes" ordenando que las terapias las realizara Funtierra.

Además, algunas tutelas prescritas por el médico Carlos Arturo Durango ordenaban hasta 220 sesiones mensuales de terapias en Funtierra Rehabilitación. "Si cada sesión tuviese una duración de 30 minutos, el cumplimiento de esta última prescripción médica exigiría una dedicación de más de cinco horas diarias a la actividad terapéutica".

4. La controversia por las terapias

Las terapias especiales reclamadas son asistidas con animales, terapias miofuncionales, comportamentales ABA, terapias basadas en neurodesarrollo, entre otras. La Corte asegura que buena parte de las patologías con las que se reclama la atención en salud "han sido objeto de algunos debates en los que se cuestiona su entidad cínica, así como el rigor y la precisión de los criterios empleados para diagnosticar tales enfermedades".

Por ejemplo, algunas de las diagnosticadas por los médicos, casos tratados por Funtierra, son el "trastorno del comportamiento, retraso sicomotor, síndrome de hiperactividad, trastorno del aprendizaje, trastorno del lenguaje, síndrome del espectro autista, o autismo, trastorno oposicional desafiante, y sicosocial". 

Esto resulta problemático, asegura la Corte, porque aunque normalmente el límite entre la salud y la enfermedad es claro, en estos casos las fronteras son mucho más difusas. Y "es posible que en estos casos la calificación de las condiciones personales como patologías obedezca a percepciones infundadas o controvertibles sobre la normalidad y la diferencia, que el límite se utilice como mecanismo para ocultar problemas sociales más profundos, o que la “zona de penumbra” sea empleada para promover intereses económicos particulares". 

Es posible que en estos casos (...) el límite se utilice para ocultar problemas sociales más profundos, o que la 'zona de penumbra' sea empleada para promover intereses económicos particulares

5. Presuntas inconsistencias en las patologías

Pero además la Corte encontró casos en los que las patologías con la que los médicos prescriben las terapias no están respaldadas en diagnósticos claros y precisos, ni se encuentran codificadas según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Además, en algunos casos los padres dicen que sus hijos tienen algo distinto a lo que indican los médicos. "En un escenario como este, los diagnósticos podrían responder al interés de extraer recursos del sistema público de salud a partir de los tratamientos brindados a los pacientes", dice el alto tribunal. 

En el caso de Funtierra, la Corte encontró, por ejemplo, que un menor que fue tratado por retraso sicomotor sus acudientes dijeron que no habla. Otro menor fue tratado por retraso sicomotor, pero sus padres dicen que tiene una deformidad en la cara. En otro caso los acudientes de un niño aseguraron que el paciente no tiene ninguna enfermedad y que acudía a las terapias para manejar mejor su tiempo. En otro caso de una niña, Funtierra dice que tiene trastorno del aprendizaje, pero los padres dicen que no está enferma. "En algunos casos, incluso, se encontró que todos los hijos de un mismo núcleo familiar eran atendidos por Funtierra con las terapias solicitadas en las acciones de tutela, y al parecer, no todos estos tenían la condición de personas con discapacidad", afirma el alto tribunal. 

Las otras IPS nombradas por la Corte en su decisión 

Como en Funtierra, la Corte dijo que encontró ese mismo "modus operandi" en otras IPS. Padres de familia acuden a un médico particular que les prescribe terapias que no están en la oferta del sistema de salud, y que luego pasan al sistema judicial para que un juez ordene el tratamiento en una IPS particular, tratamientos que están por fuera del plan de salud. A veces, son las mismas IPS las que buscan a las familias para presentar las tutelas a su nombre. 

Las demás IPS mencionadas en las otras 36 tutelas de la Corte y que requerían tratamientos para niños son Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje de Solidaridad Social (8 niños); Rehabilitamos de la Costa SAS (3), Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (3), Centro de Rehabilitación Integral Manantial (2), Centro de Rehabilitación Arcoiris (2), IPS Santa Teresa de Jesús (1), Fundación Aprendo (1), Centro de Rehabilitación Caritas Felices (1), Fundación Paso a Paso (1), Centro Integral de Salud del Caribe (1), Clínica Neurorehabilitar (1), ASIDEA (1), Cencaes (1), Fundación Passus (1), Instituto de Rehabilitación Integral Ebenezer (1), Fundane (1), y Fundación Integrar (1).

Así, hay tutelas que piden tratamientos -cuya efectividad, según el alto tribunal, no está demostrada-, para que se hagan directamente en la IPS CENCAES "pues se trata de un centro de salud especializado en el tratamiento de niños con la patología de mi hija".

Otra tutela dice que se debe realizar el tratamiento en la IPS Fundane, "que es la única institución que lo ofrece en el departamento de Nariño". Otro recurso dice que su hija, tratada por un médico fisiatra del Centro de Rehabilitación Arco Iris, debe ser atendida "de forma exclusiva" por ese centro de rehabilitación en Cereté".

Asimismo dice otra tutela que asegura que "sólo el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas es la única IPS en el corregimiento de La Loma, del Paso Cesar, que puede prestar el servicio de terapias complementarias . 

JUSTICIA

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