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Fuerte debate en la Corte sobre rol de las CAR en trámites ambientales
Corte Constitucional
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Carlos Ortega. EL TIEMPO

Fuerte debate en la Corte sobre rol de las CAR en trámites ambientales

Demanda alegaba que decreto de 2019 limitaba actuaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó, con una apretada votación 5-4, un apartado del artículo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019 que señala que las autoridades ambientales no pueden exigir requisitos ambientales adicionales para los permisos o licencias ambientales a los que ya contiene el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que es una legislación del orden nacional.

La demanda presentada por Edwin Nova señalaba que esa ley impedía hacer una conciliación entre las autoridades ambientales regionales y las del nivel central en caso de que, para una petición en concreto se llegara a necesitar más requisitos, afectando el rol que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales y las entidades territoriales en trámites ambientales.

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La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, señaló que la prohibición de exigir requisitos, información y datos adicionales en la fase de solicitud de aprobación de autorizaciones ambientales, aunque no despojaba a las CAR de sus competencias constitucionales y legales, “sí restringía su autonomía funcional y limitaba el alcance del principio de rigor subsidiario, desarrollado por la jurisprudencia constitucional”.

Pero dijo que la autonomía de las CAR no era absoluta y admitía limitaciones siempre que estas fueran razonables y proporcionadas. Y tuvo en cuenta que dicho decreto fue expedido con facultades extraordinarias que permitían un “amplio margen de configuración para articular el ejercicio de las funciones de protección ambiental de las CAR con aquellas de las autoridades ambientales del orden nacional y armonizar los principios de rigor subsidiario, coordinación y gradación normativa”.

La Sala “concluyó que las limitaciones que las expresiones demandadas imponían a la autonomía funcional de estas corporaciones, así como las restricciones a la aplicación del principio de rigor subsidiario, se encontraban justificadas” por tres razones.

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Primero, porque perseguían finalidades importantes como la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa. Segundo, porque el decreto buscaba la unificación de los requisitos, información y datos que debían ser cumplidos y presentados por los interesados a la hora de que la autoridad ambiental diera trámite a la solicitud de las autorizaciones ambientales.

Y, tercero, porque “las limitaciones eran proporcionadas en sentido estricto. En criterio de la Sala Plena, estas no implicaban una supresión o modificación de las funciones constitucionales y legales de protección ambiental a cargo de estas corporaciones”.

“Por el contrario, sólo causaban una afectación leve a la autonomía funcional y una restricción menor a la aplicación del citado principio durante la fase de solicitud de aprobación de permisos, licencias y concesiones ambientales”, dijo la Corte en su comunicado oficial.

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Los salvamentos de voto

Los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo, Alberto Rojas y José Fernando Reyes salvaron su voto.

Reyes dijo que la imposibilidad de que las autoridades ambientales establezcan requisitos adicionales a los establecidos en el Código, si así llegare a ser necesario, “genera indefectiblemente mayores riesgos para la protección del medio ambiente al anularse la capacidad regulativa sobre aspectos puntuales que asiste a las corporaciones autónomas regionales”.

Para Reyes, no se podían suprimir las competencias de las CAR y desnaturalizar el ámbito territorial sobre estas actividades ambientales. En su criterio, “los asuntos sobre explotación minera y protección y conservación de páramos exponen mayores riesgos con la medida legislativa avalada por este tribunal constitucional”.

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La magistrada Diana Fajardo Rivera dijo que si bien la idea del decreto cuestionado era unificar los requisitos exigibles en las solicitudes de concesión, autorización, permiso o licencia ambiental, esto no justificaba “la modificación en las competencias de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental, particularmente las CAR”.

“El hecho de que existan formatos estandarizados de solicitud de servicios ambientales no supone modificar las competencias dentro del Sistema ambiental colombiano ni desconocer el principio de rigor subsidiario, según el cual, en determinados casos, puede ser necesario adoptar medidas más rigurosas para proteger el medio ambiente”, dijo Fajardo en su salvamento de voto.

A su turno, el magistrado Alberto Rojas Ríos dijo que el artículo demandando “en efecto cercena desproporcionadamente la autonomía de las CAR, vacía de contenido el principio de rigor subsidiario y propende al centralismo/unitarismo”.

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“Es precisamente en virtud del principio de rigor subsidiario que se ha contemplado un especial margen de discrecionalidad a las CAR que, inclusive, les confiere la posibilidad de adoptar regulaciones protectoras más estrictas, en atención la diversidad de los ecosistemas, las particularidades de la administración de cada área biogeográfica y las distintas formas de intervención sobre los recursos naturales”, dijo Rojas.

Para el jurista, la Sala Plena pasó por alto que las CAR, con esta norma, en su criterio, “quedan relegadas básicamente a una tarea de simple subsunción y sin la posibilidad de rehusarse a conceder la licencia o el permiso ambiental, etc., a riesgo de vulnerar el debido proceso administrativo en el pronunciamiento ulterior, si el interesado acreditó los elementos mínimos exigidos en la normatividad emanada del nivel central”.

justicia@eltiempo.com
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