El forense por el que pasaron casi 30 años de nuestra historia

A mediados de los 80, cuando el narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar, le declaró la guerra al Estado, el patólogo Pedro Emilio Morales Martínez se vio obligado a permanecer durante muchos días más horas de las usuales en la morgue. En esa época se disparó el número de muertes violentas y fue entonces cuando el profesional de la medicina, egresado de la Universidad Nacional, empezó a hacer su aporte a las investigaciones judiciales.

A Morales Martínez se le reconoce como el gran maestro de las nuevas generaciones de la patología forense en el país. Durante 35 años ejerció esa profesión, 29 de los cuales trabajó por las víctimas de la violencia del país desde el Instituto de Medicina Legal, de donde decidió retirarse voluntariamente este diciembre para disfrutar de su pensión. Incluso fue maestro de Carlos Eduardo Valdés, el actual director del Instituto de Medicina Legal. También hasta el año pasado fue decano de Patología de la Nacional.

Por las manos del profesor Morales pasaron las investigaciones de los más sonados casos de homicidios en Colombia. “Como médico forense marcó un hito en el país. Un hombre dedicado a la investigación forense y al desarrollo de la patología. Desde las aulas de clase formó a la gran mayoría de los médicos forenses que hoy laboran en el Instituto, pero también desde su puesto de trabajo, desde la morgue”, dice el doctor Valdés.

Como pocos, este médico nacido en Málaga, Santander, hace 69 años, pudo conocer de cerca el rostro de la violencia que marcó el país en las últimas décadas. En 1980 decidió especializarse en patología en la Universidad de Antioquia. Para ese momento tenía muy claro, por lo que había aprendido en las revistas y libros de ciencia llegados de Estados Unidos, que la justicia también se construye desde los laboratorios y las salas de necropsia.

A Medicina Legal entró en 1987 y en sus registros sobre las causas y modalidades de las muertes violentas se puede hacer un recorrido de la historia del país. De los asesinatos de los sicarios del narcotráfico y las muertes por carros bomba pasó luego a las masacres de ‘paras’, los estragos de las tomas guerrilleras y, en los últimos años, a los llamados ‘falsos positivos’. Fueron las alertas de Medicina Legal sobre las inconsistencias de esas muertes con los hechos de un combate real las que, en buena medida, pusieron a la justicia detrás de una de las prácticas más macabras del conflicto en el país.

(Vea también nuestro especial: Los muertos que nadie reclama)

En los 80, recuerda el doctor Morales, una tragedia se sumaba a otra en cuestión de días. Eso pasó con el atentado contra el avión de Avianca, en 1989, y semanas después, con el ataque con explosivos contra el edificio del DAS en Bogotá. Noviembre y diciembre de 1989 fueron meses en los que literalmente la morgue de la capital no daba abasto. “Esos atentados nos marcaron: fueron un choque emocional para los que laborábamos en Medicina Legal”, dice.

Ya para ese momento por las mesas de trabajo de los patólogos del Instituto habían pasado los restos del líder liberal Luis Carlos Galán, y habrían de llegar poco después los de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Todos, asesinados a corta distancia con armas automáticas a pesar de que, en su momento, se suponía que eran los hombres más protegidos del país debido a las amenazas que pesaban contra sus vidas.

Pero el magnicidio que más recuerda es el del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, a quien admiraba. No tanto por las características del atentado, sino por el respeto de sus seres queridos a los procedimientos de ley. “Una de las cosas que me impresionó fue la dignidad de su familia, el comportamiento especial de ellos para con nosotros, los funcionarios de Medicina Legal. Normalmente, cuando los allegados van a reclamar el cuerpo afanan, quieren llevárselo ya, y para ello hacen valer su condición dentro de la sociedad. En ese episodio su esposa, al igual que sus hijos, fueron muy respetuosos. A pesar del dolor nos permitieron hacer nuestro trabajo”, señala.

El doctor Morales tiene claro qué va a hacer ahora: dedicarle a su familia todo el tiempo que no le pudo dar en los años de furia del país. Eran días de hasta 22 necropsias diarias. Al final de cada trabajo de laboratorio forense, confiesa, le quedaban inquietudes que le robaban el sueño. “Siempre quedaba pensando: me faltó hacer esto o aquello, por qué no pensé tal cosa. Siempre pasa lo mismo, queda como la insatisfacción de que se pudo hacer más. Nunca queda uno tranquilo”, dice.

Sus hijos mayores están en los Estados Unidos y trabajan con la Universidad de California. “Aún no soy abuelo pero me comporto como tal porque tengo dos hijos pequeñitos, María Isabel tiene 12 años y David tiene 13”, dice.

Ellos afortunadamente no tendrán que vivir la historia de violencia que sí conocieron, y padecieron, los colombianos de más edad.

Que la historia estaba cambiando se comprobó hace casi nueve años, con otra muerte que también terminó en manos del exsubdirector de Medicina Legal. Su equipo tuvo a su cargo la necropsia de ‘Raúl Reyes’ y luego, en el 2010, la del ‘Mono Jojoy’, dos de los hombres fuertes de las Farc.

En el caso de ‘Reyes’, Medicina Legal advirtió de la falta de rigor en los procedimientos judiciales que terminaron por invalidar las pruebas del caso y tumbaron, de paso, los procesos de la ‘Farcpolítica’. Recuerda que el cuerpo del jefe guerrillero llegó a la morgue de Bogotá sin el acta de inspección al cadáver, una gestión básica del proceso investigativo.

Lo único que traía era un papel elaborado por la Policía Judicial del Putumayo que reseñaba el envío para que se le practicara la autopsia. “Esto ocurrió porque el propósito de las autoridades era causar ese impacto mediático de que un miembro del secretariado de las Farc había sido dado de baja; eso primó sobre el cumplimiento del protocolo que se sigue en estos casos. Fue un error irremediable”, cuestiona.

De la muerte de ‘Jojoy’ recuerda que fueron sus médicos los que descartaron que una mujer que murió en el mismo bombardeo fuera ‘Tanja’, la famosa guerrillera holandesa. En minutos comprobaron que el cuerpo cubierto de barro correspondía en realidad a una mujer con rasgos indígenas.

Decenas de personajes de la historia colombiana pasaron por su sala, héroes y villanos. Pero el caso que el doctor Morales no deja de mencionar es el de Sandra Catalina, la niña de 9 años que fue asesinada en la estación de Policía de Germania y cuya muerte llevó a una de las grandes purgas de la institución. Ocurrió cuando no existían laboratorios de genética en Colombia.

“La única forma de descubrir la identidad del autor era realizando un estudio de genética, que era algo que había visto que se hacía en la morgue de Nueva York. Pedí que recogiéramos las evidencias biológicas del violador, y a partir de ahí se aclararon muchas cosas, se supo entonces qué fue lo que ocurrió”.

Aquellas muestras de laboratorio fueron enviadas al FBI y luego del análisis se descubrió que el violador y homicida no había sido el padre, quien inicialmente había sido señalado del crimen, sino otro patrullero que terminó condenado a 45 años de prisión. “Se tomaron pruebas de laboratorio a todos los policías que estaban en la estación, fue una labor de varios días”, recuerda.

El año pasado, ya con la idea de la jubilación en la cabeza, el doctor Morales dirigió las investigaciones que le dieron un giro histórico a una de las pocas tragedias en cuyas necropsias no participó: el Palacio de Justicia.

Morales fue el jefe de equipo que se dedicó a investigar desde el punto de vista forense qué podía haber pasado con los desaparecidos. Así, gracias a una labor articulada con la Fiscalía, se logró encontrar los restos de tres de los desaparecidos y, además, el hallazgo de uno de una de las víctimas que nunca se habían identificado.

El 29 de junio de 1988 el entonces ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, firmó el acta de nombramiento del doctor Pedro Emilio Morales Martínez en el cargo de profesional universitario en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este diciembre antes de despojarse de su bata blanca, el organismo al que le entregó buena parte de su vida profesional lo despidió con honores, brindándole el reconocimiento más alto por su obra, la condecoración Guillermo Uribe Cualla en el grado de Gran Oficial, el más grande honor que tiene la entidad para sus funcionarios destacados.

“En mi vida profesional ha sido el gran ejemplo para seguir. Cuando me vinculé a instrucción criminal y estuve aquí en Medicina Legal trabajando en comisión recibí las enseñanzas más gratas y profundas por parte del doctor Pedro Emilio Morales, tanto en lo profesional como en lo personal”, dijo Carlos Eduardo Valdés, durante el discurso en que entregó la condecoración al doctor Morales.

Para Valdés, el profesor Morales será siempre “un libro abierto al que la comunidad forense y científica continuará consultando sus conocimientos”, quien abrió un camino para los científicos de la nueva generación: “No solo nos dejó sus enseñanzas en el campo de la ciencia, de la que él es un maestro, sino las enseñanzas como persona, como ser humano. Además de contar con un amplio conocimiento en la patología y en otras áreas de la medicina, conjuga una gran calidez como ser humano”.

LEO MEDINA JIMÉNEZ
Redacción JUSTICIAjusticia@eltiempo.com