Las autoridades competentes intensificarán las investigaciones sobre presuntos sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia y si dinero de esta firma ingresó a las campañas presidenciales en el 2014.
La Fiscalía y la Procuraduría buscarán la próxima semana en Brasil nuevas evidencias en la indagación por el supuesto pago de sobornos de la empresa, que en el país habrían llegado a los 11,1 millones de dólares.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, viajará el jueves a ese país junto con varios de los investigadores del caso que ya han llevado ante la justicia a dos personas y que la próxima semana pondrán a responder judicialmente a otras dos por aparentes irregularidades en la licitación de la obra del interceptor Tunjuelo-Canoas, adjudicado por el Acueducto de Bogotá en el 2009.
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Martínez, que sostendrá una reunión previa con sus homólogos de Bolivia, Perú, Panamá y Ecuador, espera lograr un acuerdo de cooperación que acelere el acceso a información clave para aclarar las investigaciones.
Al tiempo, una comisión de la Procuraduría General entrevistará en Brasil al expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martonelli, quien ya ha entregado información a la Fiscalía y que fue usada en la imputación contra el excongresista Otto Bula. En el mismo proceso disciplinario, hoy serán escuchados la exministra Cecilia Álvarez y el excongresista Bula.
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Adicionalmente, este jueves se conoció que a la Corte Suprema de Justicia llegó un anónimo sobre supuestas irregularidades de congresistas en el caso. Inicialmente, el alto tribunal determina si los nombrados son aforados para abrir indagación preliminar.
El presidente encargado de la Corte Suprema, José Francisco Acuña, dijo que se está revisando si los hechos que se denuncian tienen un valor y están suficientemente sustentados como para empezar una averiguación formal.
Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también echó a rodar las pesquisas sobre las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en el 2014 y que buscan determinar si ingresaron dineros extranjeros en su financiación y si se realizaron desembolsos que no se reportaron.
Los magistrados Carlos Camargo, a quien le correspondió el proceso contra Zuluaga, y Ángela Hernández, con el caso de Santos, ya están analizando los elementos con los que comenzarán la indagación.
Uno de los primeros pasos será el recaudo de los documentos y de los testimonios necesarios para alimentar los procesos.
Una vez surtido este paso, los dos magistrados deberán elaborar las ponencias que deben presentar a la sala plena del CNE para que sean los nueve magistrados quienes decidan si se acoge o no la propuesta de fallo de cada uno.
Para que esos textos se impongan deben votar a favor seis de los nueve magistrados del Consejo Electoral. Si las propuestas no alcanzan esta votación se considerarán rechazadas, y otro magistrado elaborará un nuevo texto que refleje la posición de la sala plena.
Según fuentes del Consejo Electoral, en caso de que se demuestre que alguna de las campañas violó la ley, las sanciones serían multas y la imposibilidad para los partidos que avalaron a los candidatos de participar en la siguiente elección presidencial.
Los magistrados solamente tienen un plazo que impone el Código de Procedimiento Administrativo a estos procesos sancionatorios. Según la norma, después de tres años, estos casos caducan.
El magistrado Camargo, encargado de la investigación a la campaña presidencial de Zuluaga, afirmó que el elemento que tiene para comenzar su indagación “es la denuncia que presentó la ciudadana Nubia Stella Martínez, en la Fiscalía, en la cual denuncia los supuestos nexos del candidato con Odebrecht”. Este recurso fue trasladado por la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral.
EL TIEMPO intentó comunicarse con la magistrada Ángela Hernández, a quien le correspondió el proceso contra la campaña del presidente Santos, pero ella envió el mensaje de que por ahora no dialogará con los medios de comunicación y que se encuentra analizando el caso.
Carlos Camargo, campaña uribista
Es un abogado cordobés, especialista en derecho administrativo. Actualmente trabaja como vicepresidente del Consejo Electoral y fue presidente encargado. Fue elegido magistrado en una lista que presentó el Partido Conservador en el Congreso, con el que guarda cercanía. En el pasado fue secretario general de la Registraduría.
Ángela Hernández, campaña de Santos
Esta boyacense es abogada con estudios en ciencias administrativas y en negociación, conciliación y arbitraje. Es especialista en derecho administrativo y electoral. El Congreso la eligió magistrada en el 2014 de la lista que presentó el conservatismo. Entre el 2011 y el 2014 fue procuradora judicial, durante la administración de Alejandro Ordóñez.
EL TIEMPO
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