Al menos 131 irregularidades fueron detectadas por una auditoría de la Contraloría General sobre la gestión que hizo la Fiscalía General el año pasado, en medio de la administración del exfiscal Eduardo Montealegre.
De ese número de hallazgos, 41 corresponden al Nivel Central y 89, a las seccionales de Antioquia, Boyacá, Santander y Valle del Cauca.
La investigación, sin embargo, no tuvo en cuenta contratos que involucren al exfiscal Montealegre, ya que por orden de la Corte Constitucional la Contraloría no puede investigar a los fiscales generales.
Una de las principales irregularidades detectadas consistió en el presunto manejo ineficiente del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB), que administra los bienes decomisados en procesos judiciales, ya sea para devolverlos, venderlos o ingresarlos al tesoro nacional.
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Por ejemplo, en Medellín, hay 12.474 títulos bienes que valen 3.849 millones y sobre los cuales no hay ninguna decisión, a pesar de que tienen una antigüedad de 43 años. Y en Boyacá hay 301 carros y motos avaluados en 850 millones que están en un patio de Tunja, deteriorándose. Al menos 60 de esos vehículos llevan más de 10 años sin decisión judicial.
La mala administración de esos bienes llevó a que el año pasado la Fiscalía no contara con 25.000 millones que se debían recaudar por el FEAB para invertir en infraestructura y tecnología.
La Contraloría también revisó contratos con asesores. En un contrato de enero del año pasado, por 348 millones de pesos, se contrató al arquitecto español Manuel Sánchez Vera, quien no cumpliría el requisito de tener una experiencia de 10 años para desarrollar el negocio. En otro contrato de asesoría, el 0254, la Fiscalía buscaba a un profesional con doctorado y experiencia de 10 años en investigación, pero no se evidenció “la falta de personal en la Fiscalía que cumpliera esos requisitos”.
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