El polémico proyecto con el cual el Gobierno pretende aumentar los beneficios de permisos carcelarios y acelerar la salida de prisión de la mayor parte de los condenados en el país tendrá la oposición en el Congreso de la Fiscalía General de la Nación.
De hecho, este diario supo que, en su momento, en el Consejo de Política Criminal, la Fiscalía votó negativamente la presentación del proyecto al Parlamento, que finalmente se realizó la semana pasada.
En un documento enviado el 26 de agosto a la secretaría del Consejo de Política Criminal, la vicefiscal María Paulina Riveros señaló, entre otras razones de inconveniencia de la iniciativa, que no había un estudio para determinar cuál sería el impacto real de la propuesta, especialmente en cuanto a “nivel de seguridad ciudadana o derechos de las víctimas”. (Lea también: Proyecto que agiliza trámites penales quedó a punto de ser ley)
El proyecto, como lo reveló este diario, tiene 59 artículos que, entre otros temas, modifica los subrogados penales disminuyendo el tiempo para que las personas que están presas puedan acceder a beneficios como la casa por cárcel, la libertad condicional o la libertad por pena cumplida.
“No se encuentra un análisis de la conveniencia o inconveniencia de muchas de las medidas que el proyecto propone –dice la carta de la Vicefiscal– (...). Es importante, además, que dichos análisis cuenten con suficiente precisión acerca de la injerencia de las medidas en las diferentes regiones y ciudades capitales del país”.
“No queremos que ocurra lo que tradicionalmente ha ocurrido, que es que por no haber medido los efectos de la expedición de una norma, nos digan el día de mañana ‘es que salen 5.000 presos’ y entonces tengamos que expedir otra medida para contener el caos que generaría una liberación de esta naturaleza”, le dijo a EL TIEMPO la vicefiscal Riveros.
Por su lado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya anunció que irá al Congreso a “mostrar las dificultades que una política complaciente, benévola con la criminalidad puede tener en la lucha contra las distintas modalidades del delito y del crimen”. Añadió que este tipo de iniciativas “permiten unos beneficios en el tratamiento penitenciario de los cuales se sirven muchos delincuentes, muchos criminales”, en referencia al asesinato de un comerciante en Bogotá que fue cometido por un condenado por hurto que salió de prisión apenas hace unas semanas y sin cumplir la totalidad de la condena inicial. (Además: Fiscalía anunció ofensiva contra bandas criminales del país)
El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, sostuvo que durante el trámite podrán conocer y concertar las inquietudes de la Fiscalía.
“Para eso se van a llevar a cabo los cuatro debates en el Congreso: para escuchar diferentes voces y acoger las sugerencias”, dijo Londoño tras señalar que el tema fue aprobado por la mayoría de integrantes del Consejo de Política Criminal. “Lo radicamos porque el concepto del Consejo fue favorable y porque es un mandato de la Corte Constitucional que se le dé solución al estado de cosas inconstitucional que se declaró por la situación carcelaria”, añadió el Minjusticia.
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