Fiscalía dice que fallo sobre reincidentes podría ser retroactivo

Fiscalía dice que fallo sobre reincidentes podría ser retroactivo

Ente acusador se refirió a decisión de la Corte. Alto tribunal publicó explicación sobre su fallo.

Capturas de reincidentes

Con un promedio de 200.000 capturados cada año, los que repiten en el crimen representan un 14,3 por ciento del total de detenidos.

Foto:

John Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
28 de enero 2020 , 08:56 p.m.

En el 2019, la Fiscalía General les imputó cargos a 59.855 personas por diferentes delitos. De ese número, según las estadísticas del ente acusador, en el 52 por ciento de los casos –es decir, 31.124 imputaciones– los presuntos responsables tenían antecedentes penales.

Cifras que alertan a la Fiscalía  por las consecuencias que podría traer el fallo de la Corte Constitucional que hizo cambios sobre una norma del Código Penal que buscaba que quienes han cometido delitos y que tuvieran antecedentes, fueran enviados a la cárcel de forma preventiva mientras avanzaba el proceso en su contra. 

Esa norma, promovida por la Fiscalía, les permitía a los jueces tener en cuenta las capturas de un procesado en casos anteriores a la hora de evaluar si es un peligro para la sociedad. 

Para la Fiscalía este fallo podría tener efectos retroactivos. Según el ente acusador, aunque cada juez deberá evaluar caso por caso la situación, los abogados de quienes han sido enviados a prisión podría argumentar que, por el principio de favorabilidad, quienes han sido enviados a detención preventiva desde el 2017 (cuando se creó esta ley), y cuya reincidencia haya sido tenida en cuenta para evaluar su peligro para la sociedad, se vean beneficiados con la decisión del alto tribunal y queden libres. 

De otro lado, la Fiscalía considera que el fallo tiene efectos desde el comunicado, que se publicó en noviembre, por lo que desde esa fecha los abogados podrían empezar a pedir la libertad de los detenidos en los que se aplicó la norma. En todo caso, dice el ente acusador, los procesos deben evaluarse individualmente. 

Además, afirman las fuentes oficiales, el órgano acusador espera que la Corte Constitucional module su fallo cuando sea publicado el texto completo para que no se permita que reincidentes no sean considerados un peligro para la sociedad. 

Ante esto, según las cifras de la Fiscalía, en 3.191 casos imputados por homicidio en el 2019 se encontró que en el 50 por ciento los presuntos responsables tenían antecedentes penales. De ellos, el 18 por ciento había respondido antes por hurto; el 15 por ciento, por lesiones personales, y el 8 por ciento, por otro homicidio.

En cuanto a los capturados que eran reincidentes, las últimas cifras de la Fiscalía son del 2018, año en el que, de 239.330 detenciones, el 44 % (105.305 personas) habían sido detenidas antes por otros delitos, principalmente por tráfico de estupefacientes (21 %), hurto (18 %) y lesiones personales (5 %).

Si bien esto no significa que en todos estos casos los capturados a los que se les ordenó la medida de aseguramiento puedan pedir su libertad, la Fiscalía advirtió que en los hechos en los que se argumentó que el detenido era un peligro para la sociedad por su reincidencia, los casos podrían llegar a ser revisados por jueces.

Frente al tema, la Corte Constitucional publicó este martes una explicación sobre su sentencia en la que asegura que su decisión implica que las capturas ilegales no pueden determinar la privación de la libertad de una persona. Es decir, para la Corte, las capturas previas se pueden tener en cuenta sólo cuando son legales, en otras palabras, cuando son avaladas por un juez pues "la mera detención ilegal, o la conducción y la inclusión posterior en libros de minuto policial no constituyen captura".

Según el alto tribunal, en la decisión que se tomó en noviembre del año pasado la Corte "aclaró los criterios para ordenar detenciones preventivas de los ciudadanos" al resolver la demanda que se le presentó contra el numeral 4 del artículo 313 de la ley 906 del 2004. 

En su explicación la Corte asegura dos cosas: la primera, que mantuvo el artículo del Código Penal que permite que cuando una persona haya sido capturada por un delito o contravención en los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación de cargos (siempre y cuando no se haya producido la preclusión o absolución del anterior proceso) debe tenerse en cuenta esa situación para enviar a una persona a detención preventiva. 

La segunda afirmación de la Corte es que lo que sí modificó fue el inciso dos de ese artículo que consideraba que la libertad del capturado reincidente representa un peligro para la sociedad. La Corte dijo que tumbó ese inciso porque considera que la detención preventiva debe valorarse en concreto y con relación a las características de cada caso, pero no en circunstancias ocurridas en procesos judiciales anteriores. 

"En otras palabras, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida, y no en virtud de sus actos", dice el alto tribunal. 

Se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida, y no en virtud de sus actos

La Corte asegura que, en síntesis, su fallo implica que las capturas legalmente ordenadas por los jueces competentes o legalizadas ante jueces de control de garantías "sí pueden ser utilizadas como criterios para disponer la detención preventiva de una persona", pero lo que deben hacer los jueces es atender "las condiciones objetivas del asunto" y no tomar decisiones "fundadas en aspectos meramente subjetivos de descalificación peligrosista". 

JUSTICIA@JusticiaET

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