El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió este martes que así como se asignará un importante presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que se someterán los directos involucrados en el conflicto armado, también se otorguen más recursos a la justicia ordinaria.
La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo creado por los acuerdos de La Habana para investigar y sancionar a quienes hayan cometido delitos en medio del conflicto armado.
El pedido de Martínez se dio durante el tercer debate del proyecto de ley de pequeñas causas, en la Cámara de Representantes, donde comentó que de no invertirse en la justicia ordinaria, “difícilmente va a poderse llevar de forma efectiva el proceso de paz”.
“Es importante que se consolide la tarea para la jurisdicción ordinaria, porque hay escasez de jueces para los procesos penales”, dijo Martínez .
El Fiscal explicó que, a pesar de que muchos de los procesos relacionados con el conflicto armado serán asumidos por la justicia transicional, a la jurisdicción ordinaria le quedarán competencias importantes en ese proceso como la relacionada con la garantía de no repetición y la extinción de la fortuna ilegal de los grupos criminales.
“Una de las líneas de trabajo de la Fiscalía es extinguir el dominio de las organizaciones criminales y vamos bien en ese camino, pero no existen sino tres jueces de extinción de dominio a nivel nacional y las audiencias para poder tramitar las sentencias que llegan a segunda instancia se nos están demorando hasta dos años en los tribunales. En esa circunstancia se hacen necesarios más recursos para la justicia”, explicó Martínez.
Aclaró, sin embargo, que los recursos que solicita deben ser para la justicia en general, no para la entidad que preside, pues “la Fiscalía con los recursos humanos y económicos actuales puede adelantar su trabajo sin inconveniente”.
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