Si algún miembro de las Farc comete un delito a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Final, será procesado por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial de paz.
Así lo advirtió este martes el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al señalar que el ente acusador activará planes regionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos en el proceso de paz y que perseguirá “con todo rigor cualquier conducta penal que escape a la palabra empeñada”.
El Acuerdo, que se firmó este lunes en un histórico acto en Cartagena, aún está pendiente del resultado del plebiscito del próximo domingo. El llamado de la Fiscalía apunta a que no exista limbo alguno sobre la entrada en vigencia de lo acordado, pues cualquier delito cometido a partir de ese momento sería una violación al compromiso de no repetición, lo que implicaría para el responsable perder los beneficios de pena alternativa, incluida la no cárcel. (Lea también: Qué se puede hacer y qué no en los últimos días previos al plebiscito)
Martínez Neira aseguró que, para evitar malos entendidos alrededor del proceso, debe quedar totalmente claro que “ante ese tipo de situaciones la persona que incurra en el delito quedará por cuenta de la Fiscalía y tendrá que enfrentar las penas de la justicia ordinaria”. Y agregó una advertencia contundente sobre los delitos de ‘ejecución continuada’, como el reclutamiento de menores y la conservación de plantaciones de coca: “serán de competencia de la Fiscalía General de la Nación si se prolongan en el tiempo con posterioridad a dicha vigencia”.
En este momento, por el cese de fuegos bilateral que impera desde que se finiquitó la negociación en Cuba, las Farc están obligadas a apartarse de cualquier actividad delictiva, incluidas la extorsión y el narcotráfico. Y en cuanto a la entrega de menores reclutados, el proceso empezó a mediados de septiembre, pero aún no son entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) todos los muchachos que estaban en poder de ese grupo ilegal.
El fiscal Martínez reiteró que “la paz es un derecho a cuya cumplida realización” están “comprometidas las autoridades como deber constitucional y legal” y aseguró que su institución “entregará oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado y velará celosamente porque sea efectivo el derecho de las víctimas a la no repetición”. Así, dijo que el deber de las autoridades es proteger “la integridad de los ciudadanos y de los propios colombianos reincorporados a la vida civil”. (Además: Colombia y el mundo registraron la firma de la paz en Cartagena)
Recalcó que el Acuerdo de Paz obliga a los miembros de las Farc a decir toda la verdad sobre sus actividades en la guerra, y esto pasa por entregar cualquier tipo de bien de origen ilícito. “El patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado –dijo el alto funcionario–. (...) Sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía, de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes, debe tenerse presente que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos”, advirtió.
El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, dijo que lo dicho por el Fiscal efectivamente hace parte de los acuerdos de paz. “Se ha dicho que se va a perseguir los bienes que puedan haber sido adquiridos ilícitamente, también la justicia ordinaria tiene una tarea en ese propósito, la Fiscalía, la jurisdicción ordinaria, los jueces, y la Corte, y eso es absolutamente normal”, sostuvo Cristo.
Coca en zonas con presencia de FarcEl más reciente informe sobre cultivos ilegales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) evidencia que cuatro de los cinco departamentos más afectados con cultivos ilegales cuentan con una fuerte presencia de la guerrilla de las Farc. (También: 'Miembros de las Farc, bienvenidos a la democracia')
En Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá y Cauca, según el informe conocido en julio, se concentra el 81 por ciento de los cultivos ilegales de coca del país. En el 2015 la cifra de sembradíos de coca se incrementó un 39 por ciento con respecto al 2014, pasando de 69.000 a 96.000 hectáreas de la hoja de coca.
El Gobierno Nacional en los acuerdos de paz de La Habana le apuntó a la sustitución manual como una de las apuestas para disminuir las cifras de cultivos ilícitos.
Además de lograr que la guerrilla se margine de ese negocio ilegal, el Gobierno espera que sin su presencia armada, los erradicadores puedan entrar sin esa amenaza a las zonas con cultivos ilícitos.
Reclutamiento de menoresHace más de dos semanas comenzó la salida formal de menores de las Farc, uno de los puntos claves en el acuerdo de paz. El 10 de septiembre pasado ese grupo guerrillero desvinculó a 13 menores de 18 años que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (Lea: 'Vamos a cumplir y esperamos que el Gobierno cumpla': 'Timochenko')
En mayo pasado la Fiscalía General sostuvo que entre 1975 y 2014 las Farc reclutaron a 11.556 menores, unos 296 por año. De ese total el 67 por ciento eran hombres y el 33 por ciento, mujeres. En ese expediente, que de pasar el plebiscito sería enviado a la justicia especial para la paz, figuran como los mayores reclutadores ‘Isaías Trujillo’, ‘Iván Márquez’, ‘Rubin Morro’, ‘Sargento Pascuas’, ‘Alberto Cancharina’ y ‘Pastor Alape’.
Plata ilegal estaría en el exteriorLa Fiscalía viene realizando acercamientos con autoridades de varios países con el fin de firmar acuerdos de cooperación judicial para encontrar la plata que la guerrilla tiene escondida en el exterior.
Ya se ha avanzado en acercamientos con gobiernos como el de Estados Unidos para buscar esa cooperación que permita llegar a propiedades y cuentas de personas vinculadas a la guerrilla.
Entre tanto en Colombia ya se han realizado operaciones de extinción de dominio a extensos terrenos productivos en zonas de fuerte presencia guerrillera como los Llanos del Yarí en el Meta. Allí, en la misma región en la que se realizó la décima conferencia guerrillera, se han ocupado al menos 300.000 hectáreas de tierra que, según la Fiscalía, estaban a nombre de testaferros de la guerrilla.
El fiscal Néstor Humberto Martínez ha insistido que la plata y bienes de la guerrilla podrán ser perseguidos por la justicia ordinaria.
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