Por: Sair Buitrago. Enviado especial a Caucasía, Antioquia
El fiscal general, Nestor Humberto Martinez, afirmó que el 'clan Úsuga' está prohibiendo que se inicien los planes de erradicación voluntaria en la región. Además indica que la hipótesis de la investigación en dos homicidios en la región está vinculada a esa situación.
"En el sur de Córdoba, en el Nordeste antioqueño y en el bajo Cauca y en este corredor estratégico del narcotráfico las Farc se están desmovilizando de manera evidente, el frente 5, 18 y 58, y por eso, estas son zonas estratégicas de consolidación. Pero advertimos con profunda preocupación que mientras el Estado se moviliza a la velocidad de la tortuga, las organizaciones criminales y particularmente el 'clan del Golfo' está irrumpiendo a la velocidad de la luz", puntualizó el Fiscal.
Durante su visita a Caucasía, el jefe del ente acusador se reunió con las comunidades, las cuales le expresaron ciertos temores por la creciente presencia del 'clan Golfo'. "Hoy hemos escuchado un clamor ciudadano que vamos a transmitir al señor ministro de defensa de que el Ejército Nacional ha perdido participación y presencia en este corredor estratégico y el 'clan del Golfo' ha iniciado un proceso de intimidación a los sectores sociales y dirigentes de derechos humanos en su propósito de incrementar su presencia para capturar rentas ilegales de estos territorios", expresó.
"Están llegando al extremo insólito de que hemos podido verificar que los homicidios , algunos de ellos que se han cometido en las últimas semanas, están asociados a la prohibición que está imponiendo el 'cartel del Golfo' a los campesinos de la región de entrar en procesos de erradicación voluntaria convenidos con el gobierno nacional. De hecho a un par de dirigentes de la región que estaban promoviendo diálogos con el gobierno nacional con miras a desarrollar programas de desarrollo alternativo, fueron objeto de homicidio", resaltó Martínez Neira.
El Fiscal anunció que trasladará a la Canciller María Ángela Holguin, las denuncias de la comunidad sobre el incremento de ciudadanos extranjeros, "especialmente brasileños dueños de las dragas que están impactando la zona para la minería ilegal".
Martínez le advirtió al 'clan Golfo' que los seguirá persiguiendo por ser una organización de delincuentes, "ven con angustia que los cultivos ilícitos se puedan llegar a extinguir en procesos de erradicación voluntaria. En estas zonas les han manifestado a los campesinos una prohibición de convenir con el Gobierno Nacional esos planes de erradicación y los han inducido por la fuerza a que continúen un proceso de expansión de los cultivos ilícitos eso es una confrontación muy grave contra el Estado y así se lo transmite al gobierno el día de hoy", puntualizó.
El jefe del ente acusador hizo estas declaraciones desde Caucasía, (Antioquia) donde se reunió esta mañana con voceros de Marcha Patriótica para evaluar las amenazas y ataques que han sufrido en esta región del país.
Martínez viajó con un equipo de fiscales desde Bogotá, que se encargan de evaluar las nuevas amenazas que se viven en la región por cuenta de las bandas criminales. Al encuentro asiste Guillermo Fernández, representante de Naciones Unidas para los derechos humanos.
El jefe del ente acusador señaló que como parte de la estrategia de la Fiscalía para garantizar los derechos fundamentales de los líderes de la región, permanecerán en la zona investigadores y hombres del CTI para impulsar los procesos contra quiénes ataquen a los líderes sociales.
"Esta es una zona del país en la que hay desmovilización de las Farc. Se está registrando una expansión inusitada del ‘clan del Golfo’ en esta región como resultado de la movilización de las Farc a sus zonas de concentración, y eso ha generado un conflicto en el territorio. Están intentando de copar territorio de una manera vertiginosa y eso requiere una acción inmediata del estado y la fiscalía", aseguró Néstor Humberto Martínez.
Añadió que se ha detectado por ejemplo reclutamiento de guerrilleros disidentes de las Farc a quienes están ofreciendo sueldos de hasta 1.800.000 pesos en la zona de Itüango y el norte de Antioquia. "Eso está alimentando esas disidencias de las Farc", sostuvo Martínez Neira tras advertir que el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba tienen la tasa más alta de homicidios en todo el país.
"Tenemos que reaccionar de inmediato para que esas formas de violencia no se sigan incrementando", dijo tras señalar que el ‘clan del Golfo’ intenta quedarse con las rentas ilegales del narcotráfico y la minería criminal, esta última que está generado sus mayores utilidades.
Farc y menores en sus filas
El fiscal Martínez Neira sostuvo que desde hace tiempo el ente acusador viene exigiendo la liberación de los menores de edad en poder de las Farc y que se debe avanzar en ese proceso.
"La fiscalía hubiera querido que este acuerdo se hubiera resuelto en el mismo acuerdo Final y está, en este momento, en estado de indefinición. Demandamos que se dé la entrega de los menores" sostuvo.
El funcionario añadió que a los menores no los pueden abandonar en las regiones "porque se pueden convertir en la nueva fuente y forma de criminalidad en el país". Añadió que se requiere que los entreguen al estado para que se puedan reinsertar.
"La evidencia que hay es que aún siguen menores reclutados. Y estamos analizado con el Congreso si hay delitos continuados, si la competencia es de la jurisdicción ordinaria y por tanto de la Fiscalía", dijo.
El fiscal general anunció el inicio de la segunda fase del carrusel de la contratación para quitar los bienes a los involucrados en el escándalo de corrupción.
Condena Samuel Moreno
"Estamos muy complacidos porque a solicitud de la Fiscalía se ha generado la máxima condena posible contra Samuel moreno. Y esto es un mensaje claro para disuadir a todo los corruptos. La corrupción no puede seguir ganando espacio en Colombia", dijo Martínez Neira.
Añadio, "en el caso del carrusel hay un capítulo pendiente en el que la fiscalía está empeñada. Iniciar el capítulo dos, ahora vamos es por los activos, no vamos a permitir que los corruptos se queden con esos patrimonios ilegales después del daño que le hicieron a la capital de la República".
El jefe del ente acusador no descarto incluso extradiciones de quiénes intentando esconder esos capitales cometieron delitos como lavado de activos en otros países.
"Con ocasión de esas actividades autoridades como las de Estados Unidos podrían iniciar las acciones judiciales correspondientes y de acuerdo con su soberanía pedir la extradición de quiénes hayan violentado esa jurisdicción", indicó tras señalar que la fiscalía vería complacido ese tipo de procesos,
"Ante actos de lesividad mayúscula en otras jurisdicciones que hagamos un esfuerzo con la comunidad internacional y que sean bienvenidas las extradiciones en todos los casos de corrupción" finalizo.
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